Los avisos sobre el deterioro de la asistencia a los mayores se habían acumulado antes. Pero el golpe que el coronavirus ha infligido a este colectivo vulnerable ha subrayado las carencias de un sector precarizado, saturado y privatizado en España.

La residencia de La Paz en Madrid fue uno de los primeros focos de COVID-19 en España. Lo mismo ocurrió en otro de los polos de infección en Vitoria donde una residencia ha padecido 11 muertes y una cincuentena de contagios. El domingo pasado, los trabajadores de la residencia Orpea Loreto en Madrid denunciaron que se ocultaban los fallecimientos en su centro. La plantilla de otra residencia en Albacete ha asegurado que ocho personas han muerto en 48 horas tras la entrada del virus.

El Gobierno ha publicado este martes una orden específica para reforzar el control y la información que las comunidades autónomas pueden ejercer sobre estos centros, en gran parte privados. La orden ha partido "a petición del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa tras el hallazgo de un cadáver en una residencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias.

En España, el sistema de residencias de mayores es insuficiente. Hay unas 380.000 plazas, según el recuento el Imserso, lo que hace que la media esté por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 5 plazas por cada 100 habitantes de 65 o más años. Para cumplir, haría falta una inyección directa de 70.000 puestos. Este es un primer embudo que atenaza a la asistencia e ilustra que el sector no goza de prioridad.

Pero, además, las denuncias de profesionales y familias se han encaminado hacia la precarización de las plantillas y los recursos materiales. La Plataforma para la dignidad de las personas mayores (Pladigmare) ya reclamó en mayo pasado "mejorar el control y las dotaciones" de los centros tras iniciar la Fiscalía una investigación por el supuesto maltrato recibido por algunos internos en centros del grupo Los Nogales en Madrid. (eldiario.es)

Dos semanas de visita en España que han dejado "sorprendido" al relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. "Me ha quedado muy claro que hay dos Españas", ha concluido el australiano, la más conocida y que visitan millones de turistas cada año, y otra a los márgenes de la luz pública caracterizada por una "pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección completamente inadecuado".

El representante de Naciones Unidas se ha mostrado "sorprendido" por el nivel de pobreza en España: "He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país". Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión, que en el caso de la población infantil alcanza casi al 30% de los menores.

Abordar la "crisis de la vivienda" es una de las cuestiones prioritarias que ha marcado el relator de la ONU al nuevo Gobierno de coalición en sus recomendaciones de 20 páginas, ya que es un problema que ha comprobado que afecta a todos los colectivos con los que se ha entrevistados en estos días.

Desde las personas en situación límite que tiene que abandonar sus hogares por no poder pagarlos y carecen de una alternativa habitacional, hasta las personas jóvenes que no pueden independizarse y residen en casa de sus padres a edades adultas por falta de recursos. "El derecho a la vivienda está en la Constitución", ha enfatizado Alston, pero en la práctica no se está garantizado, ha aseverado.

Entre las medidas que España puede implementar en esta materia, el relator apuesta por explorar la implantación del control de los precios de los alquileres para combatir esta crisis. Alston ha explicado que es consciente de esta iniciativa genera una "gran controversia", pero ha advertido de que el discurso público sobre la materia está "dominado" principalmente por la industria inmobiliaria y de vivienda.

"París, Berlín y muchas ciudades de EEUU están introduciendo controles sobre el alquiler y en muchos sitios está funcionando", ha subrayado el relator, que se ha mostrado partidario de que el Ejecutivo explore esta medida, "tenerla encima de la mesa", y comprobar si funciona o no.

En Francia han decidido experimentar durante cinco años la medida. Las ciudades que quieran acogerse (treinta ayuntamientos, entre ellos París y Lille ya han anunciado que lo harán) limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones.

Por su parte, Berlín ha aprobado la introducción de un tope al precio de la vivienda de alquiler según el cual los arrendamientos quedarán congelados durante cinco años y a niveles acordes a los arrendamientos de referencia en sus respectivas zonas.

La Comisión Europea tiene previsto iniciar esta semana la andadura hacia un salario mínimo europeo, una de las propuestas más destacadas de su nueva agenda social. El mecanismo, que aspira a que en todos los países se fije una remuneración mínima equivalente al 60% del salario medio nacional, forma parte de una batería de medidas que también incluirá la creación de un seguro europeo de desempleo. Objetivo: potenciar la convergencia económica entre los socios de la UE, reducir el riesgo de dumping salarial en un mercado laboral sin fronteras y rescatar a una parte de los 110 millones de europeos en riesgo de pobreza.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió con el Parlamento Europeo a poner en marcha en menos de 100 días una ambiciosa agenda social y medioambiental. Nada más asumir el cargo el 1 de diciembre, la alemana empezó a cumplir las promesas que le permitieron salvar la votación de su nombramiento por solo nueve votos de diferencia.

El 10 de diciembre, la Comisión ya aprobó el Pacto Verde, que fija el objetivo de convertir a Europa en el primer continente que logra la neutralidad en emisiones de CO2. Tras ese avance en la agenda medioambiental, Von der Leyen prevé iniciar esta semana la andadura de su agenda social, más susceptible aún de provocar grandes divisiones y enfrentamientos entre los socios de la Unión. (elpais.es)

Los cimientos de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, se han tambaleado después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA acometida en 2013 al fondo de inversión Azora Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros.

Así lo determina el Tribunal Supremo en una resolución firme que, además de decretar nula la operación e inconstitucional el cobro de una plusvalía mayor que el beneficio, es un varapalo para el PP de Madrid tras decretarse la inadmisión del recurso interpuesto por el Gobierno regional -presidido entonces por Ignacio González y ahora por Isabel Díaz Ayuso, ambos del PP- y la propia Azora a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación.

Se trata de un acto de inadmisión sin entrar en el fondo del asunto, según el escrito al que ha tenido acceso La Vanguardia, que además impone las costas a los recurrentes tras no haberse encontrado argumentos que justifiquen que dichos pisos públicos ya “no eran necesarios” en su “labor social de proporcionar a las clases desfavorecidas una vivienda digna”. El escrito, además, incide en que “el objetivo general” de “alcanzar la estabilidad presupuestaria”, argumentado por el PP, “no resulta suficiente”.

Solamente en el periodo de Ana Botella como alcaldesa, el PP vendió a ‘fondos buitre’ casi una cuarta parte de las 10.000 viviendas públicas que en aquel momento conservaba el Ayuntamiento de Madrid para tratar de frenar la sangría económica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo tras la gestión de la crisis inmobiliaria por Alberto Ruiz Gallardón.

El Alto Tribunal madrileño estimó en varias resoluciones que la venta al ‘fondo buitre’ fue “irregular” y quebró “la protección social” de las personas que vivían en ellas en respuesta, como la sentencia emitida en septiembre a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS). (lavanguardia.es)

El número de millonarios en España se quintuplicó entre 2010 y 2019, hasta alcanzar un total de 979.000 personas, según se desprende del ‘Informe de la riqueza mundial 2019’, elaborado por Credit Suisse Research Institute y publicado este lunes.

El banco suizo ha especificado que para contabilizar la riqueza calcula el valor de mercado de los activos financieros y no financieros (inmuebles y solares) de cada persona, descontando sus deudas.

De esta forma, mientras que en 2010 España contaba con 172.000 millonarios, frente a los 979.000 que existen al momento de elaborar el informe de este año. El cambio en la distribución de la renta y la riqueza ha contribuido en un 6,9% al aumento de los millonarios, mientras que el aumento de la población ha aportado un 9,9%. Así, el 83,2% de los nuevos millonarios se debe al crecimiento de la riqueza media.

De esa cifra de millonarios españoles, un total de 899.008 cuentan con una riqueza de entre uno y cinco millones de dólares (entre 895.000 euros y 4,47 millones de euros); mientras que 52.585 tiene un patrimonio de entre cinco y 10 millones de dólares (4,47 y 8,95 millones de euros); 24.818 disponen de entre 10 y 50 millones de dólares (entre 8,95 y 44,77 millones de euros); 1.452 cuentan con activos valorados entre 50 y 100 millones de dólares (44,77 y 89,5 millones de euros); 685 disponen de entre 100 y 500 millones de dólares (89,5 y 447,7 millones de euros); y 61 personas se sitúan en el tramo más exclusivo, con una riqueza valorada en más de 500 millones de dólares. Estos datos sitúan a España en la posición número 16 del ranking de países con mayor número de ‘ultrarricos’.

Credit Suisse también estima que el número de millonarios españoles crecerá un 42% en los próximos cinco años, hasta situarse en 1.394.000 en 2024.

Decenas de pensionistas han culminado este martes en la Puerta de Sol de Madrid la marcha a pie que iniciaron hace tres semanas en Rota (Cádiz) y Bilbao, cansados pero emocionados por el apoyo recibido durante el camino y con ganas de reivindicar unas pensiones dignas.

La llegada se ha convertido en una concentración multitudinaria que ha llenado la plaza y que ha servido de anticipo a la movilización que mañana a las 11:00 horas partirá de Sol al Congreso de los Diputados, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

"Robar al mayor, vileza atroz", "Trabajo digno para unas pensiones dignas" o "Todos somos pensionistas" son algunos de los lemas que han podido leerse en los numerosos carteles que portaban los manifestantes, mezclados con banderas de comunidades autónomas -sobre todo andaluzas e ikurriñas- y alguna republicana.

Tras un rato en la Puerta del Sol, los concentrados se han desplazado hacia el Congreso, donde los integrantes de las columnas norte y sur han depositado de manera simbólica las zapatillas que han usado para llegar andando a la capital.

La protesta coincide con el anuncio del Gobierno en funciones de que subirá las pensiones un 0,9 % en 2020. (eldiario.es)

Ángel Novo tiene por delante una larga caminata. Tras varios meses movilizándose en la plaza de Rota para pedir unas pensiones dignas, este jubilado andaluz se prepara actualmente para ir andando hasta Madrid junto a otros integrantes de ese colectivo. Les esperan 622 kilómetros que cubrirán en 25 etapas, a una media de entre 25 y 30 kilómetros diarios. El 15 de octubre llegarán a Madrid, y al día siguiente participarán en la manifestación convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE).

La idea surgió en una de las concentraciones habituales que realizan los pensionistas roteños. “Pensando en esa manifestación del 16 de octubre en Madrid, un compañero planteó que podíamos ir andando hasta Madrid. Al principio nos pareció un poco descabellado, pero conforme fueron pasando los días…”, afirma Novo mientras repasa la lista de municipios por los que pasarán a lo largo de la marcha.

En efecto, la propuesta cobró forma de movilización. El punto de partida está marcado para el día 21 desde este municipio gaditano. En el camino habrá pensionistas que participarán en alguna de las etapas, y otros que se irán sumando para realizar el resto del trayecto hasta Madrid. De hecho, Novo no se atreve a pronosticar cuántos serán los que entrarán a la capital española el día 15 de octubre.

Columna norte

Desde el otro extremo del país también habrá noticias: unos 35 pensionistas vascos partirán el 23 de septiembre desde Bilbao e irán a pie hasta Madrid. Calculan que harán unos 20 kilómetros diarios, lo que les permitirá llegar a la capital española el día 15 de octubre. “Quien quiera puede participar. Es algo que ha surgido, al igual que el movimiento de pensionistas, de forma espontánea”, afirmó Luis Alejos, uno de los activistas que participará en esta iniciativa.

Desde Rota, Novo muestra su alegría por la participación de pensionistas vascos, considerados uno de los principales referentes del movimiento a nivel estatal. “Ellos son la columna norte y nosotros la columna sur, y resulta que en nuestras concentraciones siempre cantamos: de norte a sur, de este a oeste, las pensiones se defienden, cueste lo que cueste”, subraya.

“El movimiento pensionista está actuando como un elemento aglutinador que estructura incluso el país. No hay conflictos territoriales entre las asociaciones. Las reivindicaciones son absolutamente las mismas en todas partes”, remarcó por su parte Alejos desde Bilbao. Novo incide desde Rota en alguno de esos puntos: pensiones dignas, acabar con la brecha salarial, derogación de las reformas laborales que “precarizan las condiciones” del trabajo o “luchar por lo público” frente a quienes apuestan por el sistema privado de pensiones.

Tras conocerse esta convocatoria, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) emitió un comunicado en el que aclaró que no organiza la marcha a Madrid, al tiempo que consideró legítima “cualquier iniciativa que pueda impulsar o promover cualquier plataforma de pensionistas, o grupo de personas, de un modo particular”..

El MPB apuntó hacia otras dos fechas que aparecen en su calendario y que han sido consensuadas con los movimientos de Araba, Gipuzkoa y Navarra: el 30 de septiembre, víspera del Día Internacional de las Personas Mayores, prevén movilizarse “en todo el País Vasco”, mientras que en noviembre organizarán una “jornada de movilización ciudadana” que contará con el apoyo “del máximo de colectivos sociales”. De cara a ese día, el movimiento de pensionistas intenta coordinar con los sindicatos un paro parcial, algo que aún no ha sido confirmado por las centrales. (publico.es)

De las 31.100 viviendas protegidas edificadas de 2005 a 2016, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente
Los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. No es el único caso. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

“Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta [Cristina Cifuentes] se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros”, explica José María García Gómez, director general de Vivienda en la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social, un organismo público.

De hecho, tras la venta en la pasada legislatura de viviendas protegidas a un fondo buitre, el Gobierno regional tiene únicamente 1.100 viviendas de alquiler con opción a compra de titularidad pública procedentes de estos 12 años. A estas habría que sumar otras 22.413 viviendas de titularidad pública construidas en años anteriores. El compromiso de Cifuentes, por tanto, solo se refiere a estas 23.513 viviendas; el resto, las otras 30.000 edificadas de 2005 a 2016, pueden acabar en manos de fondos buitre.

Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz, que en 2008 fueron beneficiarios de un sorteo para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que puedieran ejercer su opción de compra. “Hercecam [filial de Hercesa] ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone. (elpais.es)

Desde 2007 hasta 2017, últimos datos consolidados, el montante que todo el Estado dedica a la Educación ha subido un 4,6%, según datos que el Ministerio de Educación publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE). Desglosado, la escuela concertada ganó un 25% de financiación; la pública quedó casi clavada: aumentó un 1,4%.

Esta evolución ha derivado en que el país dedica ahora porcentualmente menos dinero a la educación pública, fondos que han ido a parar a la red privada concertada.

En 2007, España invirtió un total de 47.627 millones de euros en su sistema educativo. El reparto entre escuela pública y concertada era entonces del 89,5% para la primera frente al 10,5% para la segunda.

Diez años después, el presupuesto para Educación llegó a 49.458 millones de euros, tras haber tocado suelo en 2014 con 44.789 millones. La distribución del pastel había cambiado: 87,5% para la escuela pública, 12,5% para la privada.

Con las competencias en Educación transferidas a las Comunidades Autónomas como lo están, la subida hay que achacársela a los Gobiernos regionales. Aunque es cierto que el precio del módulo (cuánto paga el Estado a los colegios por cada aula concertada) depende de los Presupuestos Generales del Estado, cada comunidad tiene margen para complementarlo.

A pesar de que la escuela concertada recibe fondos en función de su volumen, la escalada no llega por haber ganado alumnos (o aulas concertadas) de forma exponencial en la última década. En los mismos diez años analizados, la escuela concertada ha pasado de acoger al 26,1% de los alumnos en 2007 al 25,5% en 2017. El porcentaje de la pública se ha mantenido exactamente igual: 67,2%.

Estas cifras sí dan la razón a los titulares de los centros concertados cuando sostienen que la educación privada sostenida con fondos públicos es más barata para el Estado. Acogen a uno de cada cuatro estudiantes, pero reciben 12 de cada 100 euros.

Lo que esa misma estadística no enseña es el tipo de alumnado que acogen unos y otros colegios: hace pocas semanas, la Fundación BBVA y el Instituto IVIE explicaban que la escuela pública acoge "casi en exclusiva" a los alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos (un 33% de estudiantes de clases humildes y un 7% de clases acomodadas), mientras que los privados acogen mayoritariamente a estudiantes con recursos (un 65% de alumnos favorecidos y un 7% de clases desfavorecidas), con las distorsiones que eso implica. (eldiario.es)

El precio de la universidad pública ha subido 12 veces más de lo que lo han hecho los salarios desde que empezó la crisis. En concreto, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy abrió la puerta a la subida de las tasas universitarias en 2012, que hasta ese momento se habían mantenido ajenas a los recortes.

Desde ese fatídica —para la universidad— primavera de 2012, el precio de estudiar un grado ha subido un 29,2% de media en España, con grandes diferencias regionales. Rajoy permitió a los gobiernos de las comunidades autónomas subir los precios dentro de una horquilla (hasta un máximo teórico del 25% del coste real de los estudios) y las comunidades abrazaron con más o menos entusiasmo la posibilidad que les brindó el Gobierno.

En un extremo, Catalunya y Madrid más que duplicaron los precios (ver gráfico). En otro, ejecutivos como el popular de Galicia o el socialista de Andalucía decidieron no tocarlos. El resultado: en un solo curso, el coste de estudiar un grado en Catalunya pasó a triplicar al de hacerlo en Galicia, cuando hasta entonces era relativamente similar (un 15%, la de 13,1 euros el crédito a 11,3). La situación se mantiene prácticamente igual. Hoy en día, la Generalitat catalana cobra (vía universidades, pero los precios los pone el Govern) 2.010 euros por un curso completo, mientras en Galicia el mismo curso costaría 760 euros. (eldiario.es)