El Gobierno está anunciando la compra de armamento por valor de 10.805 millones de euros. No se acuerda de las obligaciones constitucionales que tiene y no cumple. Tampoco se acuerda de los compromisos que hizo Rajoy antes de llegar a la Moncloa y no ha cumplido.

El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al establecer que «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Según la Encuesta de Población Activa, de media en 2017 ha habido 3.909.462 personas menores de 65 años en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.090.348 perciben algún tipo de prestación, el 27,9%.

Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo».

Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 2.819.114 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se le conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingreso económico. De las no protegidas, 1.643.415 personas llevan más de un año en paro. La tasa de protección del 27,9% es inferior en 9,1 puntos a la de 2011. Mientras el número de personas paradas disminuye un 22%, las protegidas lo hacen el 41,2%.

Si miramos cómo afecta según el tiempo que se lleve en paro, como no se han tomado medidas para reforzar la cobertura, la tasa de protección oscila entre el 35,2% de los hombres que llevan menos de un año en paro y el 15,6% de las mujeres que llevan más de cuatro. A medida que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de personas protegidas y, si son mujeres, aún más. Hay una imperiosa necesidad de una prestación para aquellos que carecen de ella, cada día en mayor número. De las 2.125.037 personas paradas de larga duración, que suponen el 54,4% de todas las paradas, solo 481.622 tiene alguna prestación, el 22,7%. Hay más de millón y medio de personas paradas de larga duración que no tienen ninguna cobertura, de las que casi novecientas mil son mujeres.

El tiempo en paro, la edad y el sexo son tres variables que inciden claramente en las posibilidades de ser perceptor de una prestación: la tasa de protección de las mujeres con más de cuatro años en paro es el 15%: ser mujer y parada de larga duración es tener un 85% de probabilidades de no ser perceptora de prestaciones. (nuevatribuna.es)