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“Oponerse a la venta de armas tiene consecuencias”

Yemen sufre la peor crisis humanitaria a la que asiste el mundo, según Naciones Unidas. Además de los 6.000 civiles asesinados (más de mil de ellos, niños), el bombardeo de la coalición que lidera Arabia Saudí sobre hospitales, mercados, escuelas e infraestructura civil ha provocado que unos 18 millones de personas necesiten ayuda humanitaria y una hambruna que afecta a otros siete millones. Esa situación no ha impedido que España firme un nuevo acuerdo de armas con la monarquía absolutista saudita. Pero sí frenó a Ignacio Robles.

 

Como miembro del cuerpo de bomberos de Bilbao, Robles (Bilbao, 1975) debe estar presentes durante el embarque de cargamentos peligrosos a través del puerto de la ciudad. Un buen día, en una de esos retenes de seguridad, Robles preguntó al responsable de carga del puerto por el contenido de los contenedores. Este, al contrario de lo que suelen hacer sus superiores, contestó: "Explosivos, proyectiles. Bombas". Destino: "Arabia Saudí". El bombero decidió que no participaría en ese tipo de envío. Avisó a sus superiores y cambió el puesto con un compañero. Asegura que no retrasó la labor del retén más de 15 minutos.

 

Robles también es activista y ha participado con Greenpeace en actos de denuncia sobre la exportación de armas a través del puerto de Bilbao. No obstante, no había ningún interés mediático en su acción. No ese 13 de marzo de 2017: "En ese momento decidí no participar, pero fue algo totalmente personal, no fue parte de mi activismo. Fue una reacción personal que no buscaba ningún tipo de repercusión mediática", explica.

 

"Es curioso porque toda mi vida de activista había intentado tener repercusión en los medios. Y justo el único día que hago algo que tenía ningún interés en tener repercusión, se consiguió que llegara a todos los medios de comunicación aunque fuera de rebote", revela. Los medios a veces tienen estas cosas. Un periodista se enteró antes que él de que se le había abierto un expediente por falta grave por "desobediencia", lo publicó en el diario de mayor tirada de Euskadi y al día siguiente varios telediarios contactaron con Robles para entrar en directo.

 

"¿Qué es lo que estaban intentando abriéndome expediente? Aplastar cualquier acción por parte de los bomberos que dificultara el tránsito de las bombas desde su fabricación hasta su llegada a Arabia Saudí. El problema es que calcularon mal las consecuencias. A los grandes medios estatales en España no les interesa en absoluto ni el tráfico de armas en Yemen ni nada parecido. Pero sí les pareció simpática la historia de un bombero que se había negado a hacer algo y que le habían abierto expediente", opina.

 

Esos medios se olvidaron rápidamente de él, pero el expediente quedó. A él, padre de familia y con dos hijos menores de cuatro años, la falta grave podía acarrearle de tres a seis años de suspensión de empleo y sueldo. "He estado un año peleando por esto. Ha sido duro pero hemos conseguido que se quede todo en una falta leve y por lo menos para mí no va a tener consecuencias. El hecho de que no supiera que no podía acogerme a la objeción de conciencia ha sido un eximente. Pero han dejado claro que si vuelve a pasar otra vez, a la persona que lo haga sí que va a tener unas consecuencias graves para él".

 

Robles ha participado en un acto en el Parlamento Europeo sobre la influencia de la industria de armamento en la UE. Contesta a las preguntas de eldiario.es para explicar ciertos puntos oscuros que rodearon la incoación de su expediente, como que el correo de denuncia se elevara dos semanas después de los hechos, o que la acusación fuera cambiando: "Al principio me acusaban de una desobediencia, y en cuanto se vio que no había tal desobediencia y que el tema se acababa, me acusaron de haber puesto en peligro a la gente, de causar una alteración en el orden del servicio… pero esas acusaciones llegaron después, no estaban en el documento de apertura del expediente", denuncia.

 

Para él, el intento de sanción obedece a un objetivo claro. "Lo que pasa es que esto estaba alrededor de la industria armamentística. El sector del armamento tiene un vínculo muy estrecho con la política, oponerse a la venta de armas tiene consecuencias", recuerda, citando al ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, que estuvo en la junta directiva de varias empresas de armas.

 

"Han conseguido meter el miedo en los bomberos para que a nadie se le ocurra hacer algo parecido. Es lo mismo que les ha pasado a los  tres bomberos andaluces a los que les pueden caer hasta diez años de prisión simplemente por rescatar a alguien que se estaba ahogando. También el caso de Proactiva Open Arms, que tiene su barco inmovilizado en Italia", enumera.

 

"Toda esta represión tiene un impacto muy fuerte en la gente que la recibe. En mi caso, yo he tenido momentos de ataques de ansiedad. En su momento llegué a parecer 10 kilos de peso por este problema. Mucho dinero mío personal, que me lo he tenido que gastar en contratar abogados. Es muy duro, pero también es verdad que si somos capaces de aguantar toda esta presión, en muchos casos nos da una repercusión mediática y un apoyo por parte de la sociedad que puede tener su utilidad", relata.

 

Instituciones como el Parlamento Europeo invitan a Ignacio a contar su caso, universidades, partidos, centros sociales le brindan un apoyo que, efectivamente, está dando sus frutos: "De momento, ya hemos conseguido ser muy incómodos. De hecho los últimos envíos ya no se están haciendo desde Bilbao, sino que desde puertos cercanos. También han empezado a utilizar otras navieras diferentes y no la naviera oficial de Arabia Saudí".

 

Ahora utilizan esos navíos utilizan puertos como el de Santander, pero  también allí reciben la repulsa social. Mientras el príncipe saudí que firma los próximos acuerdos de venta de armas es recibido con honores de Estado por el rey Felipe VI y Mariano Rajoy.

 

Ignacio se quita méritos. "En realidad nos estamos limitando a mandar un mensaje a gente, que desde nuestros puertos se están mandando decenas de miles de toneladas de bombas que se están usando para masacrar a la población civil. Nuestro mensaje es que eso a nosotros nos hace cómplices. Es un objetivo muy triste, porque resulta que esto ya está prohibido en la legislación internacional. No tendríamos que estar haciéndolo nosotros, pero cuando falla la política, a los movimientos sociales no nos queda otra cosa que reaccionar".

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Los jefes ganan 98 veces más que los empleados

La Universidad de California acoge a un grupo de académicos —Global Price and Income History Group— dedicados a estudiar la evolución de los sueldos desde un punto de vista histórico. En uno de sus trabajos, llegan a la conclusión de que en el año 14 después de Cristo, en pleno apogeo del Imperio Romano, un miembro del Senado cobraba 37.975 sestercios, cifra que equivalía a 100 veces la nómina media de esa época. En los dos milenios transcurridos desde entonces, la humanidad ha hecho muchos progresos, pero en materia de desigualdad salarial entre la élite y el resto de los trabajadores el margen de mejora es considerable.

 

Los ejecutivos mejor pagados de cada una de las empresas que conforman el índice Ibex 35 (sin contar a ArcelorMittal) ganaron de media 5,03 millones de euros el pasado año. Esta cifra supone 97,7 veces lo que cobraron de promedio los empleados de esas mismas compañías, según los cálculos elaborados por EL PAÍS con los datos enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2017 la brecha salarial en los grandes grupos cotizados aumentó de forma muy notable respecto a 2016 —los ejecutivos ganaron entonces 86 veces más que sus plantillas— y se situó cerca del máximo histórico (104 veces) registrado en 2014.

 

El aumento de la desigualdad retributiva el pasado curso se debió a las notables diferencias en el crecimiento de los sueldos en función del rango del trabajador. En el conjunto de las sociedades cotizadas (hay datos de 107 de ellas), los miembros de los consejos de administración ganaron de media 400.621 euros, un 21,36% más que en 2016. Por su parte, los altos directivos vieron aumentar su nómina un 2,95%, hasta una media de 586.128 euros. Estas alegrías en materia de retribución, sin embargo, no acaban de llegar al resto de trabajadores. El gasto medio por empleado en los grupos cotizados —partida que incluye el sueldo, las cotizaciones sociales y la aportación a los planes de pensiones— fue de 45.272 euros en 2017, solo un 0,81% superior al de un año antes.

 

La mejora de los ingresos en las cúpulas empresariales se debió a la actualización de la parte fija del salario y, sobre todo, al cobro de diferentes bonus y, en algunos casos, de sustanciosas indemnizaciones. La evolución retributiva, en todo caso, no fue homogénea. Los consejos de las grandes empresas vieron aumentar sus emolumentos en un 13,9%, mientras que la subida en los órganos de administración de las medianas y pequeñas sociedades cotizadas fue del 5,3%. En el caso de la alta dirección, las nóminas aumentaron un 3,7% dentro del Ibex 35, por un 5,3% en el resto de cotizadas.

 

Un consejero ejecutivo del índice selectivo ganó de media 3,07 millones —sin contar la aportación al plan de jubilación—, mientras que el resto de consejeros (dominicales e independientes) recibieron 167.012 euros. Fuera del Ibex, los consejeros ejecutivos ingresaron 1,13 millones de euros en promedio y el resto de categorías de administradores ganaron 81.835 euros. En el caso de la alta dirección, el sueldo medio en el Ibex ascendió a 938.026 euros por 308.418 euros entre los directivos de los grupos medianos y pequeños.

 

Gana el efectivo

 

En otras latitudes, sobre todo en los países anglosajones, el pago en acciones y opciones sobre acciones está muy extendido con el fin de alinear los intereses de los ejecutivos con la evolución bursátil de la compañía en el medio plazo. En España se aprecia una leve tendencia hacia ese objetivo, pero el salario en efectivo (fijo o variable) sigue siendo el rey indiscutible de las nóminas de los directivos. En 2017 el sueldo en metálico supuso el 74,02% del total de la masa salarial de las empresas cotizadas, frente a la ponderación del 78,17% que tenía en 2016. El segundo componente con más peso en los paquetes retributivos fue el pago en acciones, con una contribución del 14,74% sobre el total (en 2016 fue del 11,05%), seguido por la aportación a los planes de pensiones que pasan a representar el 7,57% de la remuneración frente al 6,72% del año anterior. Las opciones sobre acciones en 2017 cayeron y solo supusieron el 4,05% del total.

 

En el olimpo salarial de la Bolsa española figuran los primeros espadas de las grandes empresas, aunque el pasado año también se colaron ejecutivos de compañías que no están en el Ibex 35. Es significativo el ascenso que protagonizaron en el escalafón salarial los directivos de diferentes grupos inmobiliarios (promotoras y Socimi), como ya ocurriese en los mejores tiempos de la anterior burbuja inmobiliaria.

 

La persona con el mayor salario del mercado español fue el consejero delegado de ACS. Marcelino Fernández Verdes recibió 22,38 millones de euros entre sueldo y pensión. Esta cantidad se debe, fundamentalmente, al bonus que cobró de las participadas del grupo, Hotchtief y Cimic, de las que es el primer ejecutivo.

 

La segunda retribución más abultada le correspondió a Jesús María Herrera, consejero delegado de Cie Automotive. El ejecutivo del grupo industrial cobró en total 17,72 millones, gracias fundamentalmente al “incentivo basado en la evolución del precio de la acción” que la junta de accionistas aprobó en 2014.

 

El tercer puesto en el podio salarial lo ocupó el presidente de Acciona. José Manuel Entrecanales recibió 14,25 millones entre sueldo y pensión, un 148% más que en 2016 gracias fundamentalmente a la entrega de acciones de la compañía valoradas en 4,54 millones.

 

Como viene ocurriendo en los últimos años, las salidas a Bolsa de muchas empresas impulsan la cuenta corriente de sus directivos. Juan Velayos, consejero delegado de la promotora Neinor Homes, recibió una remuneración total de 11,95 millones, lo que le valió para ocupar la cuarta posición en el ranking, gracias fundamentalmente al incentivo que recibió cuando la compañía se estrenó en el parqué.

 

La quinta remuneración más elevada del mercado continuo fue la de Francisco Reynes. En su último año al frente de Abertis cobró un sueldo de 2,87 millones y la concesionaria de autopistas le hizo una aportación a su plan de pensiones valorada en 8,91 millones.

 

En la Bolsa española 105 consejeros ejecutivos cobraron más de un millón de euros el pasado año. La testimonial presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad de las grandes empresas tiene su reflejo en la clasificación salarial. Solo dos ejecutivas figuran entre los 150 mejores sueldos de la Bolsa española. La primera es Ana Patricia Botín, en el puesto octavo. La presidenta del Banco Santander cobró el pasado año 10,58 millones entre salario y pensión. Para encontrar a la segunda mujer hay que descender hasta el puesto 81º, donde figura la consejera delegada de Bankinter. María Dolores Dancausa ganó 1,3 millones.

 

La compañía con mayor desigualdad salarial en 2017 entre el ejecutivo mejor pagado y el gasto medio de sus empleados fue Cie Automotive. La brecha en el caso del fabricante de componentes para automóviles se situó en 656 veces. En el caso de ACS la diferencia entre el mejor sueldo y la media fue de 528 veces. Inditex también figura todos los años en los primeros puestos en desigualdad. Los 10,69 millones de euros que cobró en total el presidente del grupo textil, Pablo Isla, equivalen al gasto medio de 445 de sus trabajadores. Otros casos donde la brecha fue significativa fueron los de Acciona (356 veces), Abertis (278 veces), Indra (211 veces) y Banco Santander (171 veces). (elpais.es)

 

 

 

 

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Barcelona comienza a expropiar los pisos vacíos de los bancos

El Ayuntamiento de Barcelona ha retomado la expropiación temporal de cinco pisos vacíos —propiedad de bancos— después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantara, el pasado 28 de marzo, la suspensión de la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión. El gobierno de Mariano Rajoy recurrió en octubre la normativa aprobada por el Parlament. La ley incluía mecanismos como la posibilidad de expropiar pisos que llevaban más de dos años vacíos. El Constitucional dejó en suspenso la norma durante unos meses, pero acabó resolviendo que estas expropiaciones son legales. Tras la decisión, el gobierno de Ada Colau ha anunciado que revisará 2.021 pisos susceptibles de ser expropiados.

 

El gobierno de Mariano Rajoy recurrió, el pasado octubre ante el Tribunal Constitucional la ley catalana 4/2016. Tras la petición del gobierno, el Alto Tribunal suspendió de forma provisional gran parte de la norma que, entre otros asuntos, facilitaba la mediación entre bancos y familias endeudadas y que preveía mecanismos para reducir el número de pisos vacíos en las ciudades catalanas como la expropiación temporal de aquellos inmuebles —propiedad de bancos y grandes propietarios— que se acredite que llevan más de dos años sin estar habitados.

 

El pasado 28 de marzo el Constitucional levantó la suspensión de algunos preceptos de la ley, entre ellos, el artículo 15 que permite la expropiación del uso temporal de la vivienda por un periodo mínimo de cuatro años y máximo de diez siempre que los inmuebles estén situados en áreas con una demanda residencial “fuerte y acreditada”.

 

El concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, recordó ayer que tras el levantamiento de la suspensión de la norma, hace dos semanas, el Ayuntamiento de Barcelona recuperó 16 expedientes de expropiación que tenía abiertos el pasado octubre.

 

“Todos provenían del registro de viviendas vacías y ocupadas de la Generalitat de Cataluña. En el transcurso de estos meses en los que la ley ha quedado suspendida, once de aquellos pisos han sido cedido u ofrecidos por el derecho de tanteo y retracto al Consistorio, pero en cinco de ellos procederemos a la expropiación para destinar su uso al alquiler social”, explicó Montaner.

Estas cinco viviendas son propiedad de entidades financieras —dos de ellas son del banco malo (Sareb) y tres de BBVA— y están situadas en los distritos de Gràcia, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y dos en Sant Andreu.

 

El registro de la Generalitat que contabiliza el número de viviendas vacías y okupadas propiedad de entidades bancarias ha contabilizado 2.021 pisos en la capital catalana, la mayoría de ellos (987) son de BBVA, seguidos de la Sareb (320) y de sociedades financieras (218).

 

El Ayuntamiento trabaja ahora con ese registro y con el censo municipal de pisos vacíos —que todavía no se ha concluido—, comprobando cuántos de esos inmuebles siguen sin habitar para iniciar los trámites de expropiación. “Es complicado saber cuántos pisos podrán ser expropiados, ya que de los 2.021 hay muchos que están okupados y no se abriría este proceso”, aseguró ayer Montaner, que cree que con esta medida se llegará a expropiar un máximo de 600 pisos.

 

El Ayuntamiento de Barcelona es el primero en todo el Estado que ha tomado una decisión tan drástica para ampliar el parque de alquiler social. La técnica del área de Vivienda Fuensanta Alcalá puntualizó ayer que el proceso de expropiación es largo, puesto que las entidades bancarias presentan alegaciones. Sin embargo, una vez conseguido el piso el importe del alquiler social —“que no puede superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar”, matizó— se devuelven a la entidad propietaria del piso que nunca pierde la titularidad.

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El espejismo del “reciclaje”

El reciclaje del plástico no funciona y no es una solución sostenible.

 

Es un montaje que nos hace sentir bien y nos aleja de las soluciones verdaderas.

La triste realidad es que cuando pones un plástico en un contenedor de reciclaje nadie se responsabiliza de que vaya a ser empleado para nada.

En realidad, las posibilidades de que sea convertido en otro objeto de plástico similar (es decir reciclado de verdad como el metal o el vidrio) son mínimas por no decir que nulas.

Lo normal es que los plásticos terminen en la basura o en el medio ambiente, con un costo terrible para el planeta y la salud humana, no sólo ahora, sino para muchas generaciones futuras.

 

El mal uso intencionado de la palabra “reciclaje”

 

Poner un plástico en un contenedor especial no es “reciclar”, ya que nadie garantiza que se vaya emplear para nada, y mucho menos que vaya a ser reciclado de verdad.

Por razones técnicas y económicas el plástico es muy caro y complicado de reciclar de verdad, es decir, en ciclo cerrado como el metal o el vidrio.

Salvo algunas excepciones, lo mejor que le puede pasar al plástico que ponemos en un contenedor es que sea convertido en otros objetos no reciclables (lo que se llama downcycling),  plásticos de inferior calidad, textiles… Es decir, que sólo estamos retrasando su llegada al basurero.

Además, el downcycling no frena la necesidad de fabricar millones de toneladas de plástico nuevo para fabricar cada vez más objetos desechables. Y en el supuesto de ciencia ficción de que consiguiéramos someter a “downcycling” el 100% de los plásticos que se fabrican, ¿qué haríamos con los objetos generados? ¿Tapizar el mundo entero con tejidos de forro polar?

 

La falacia de los triángulos de reciclaje

 

Otra falacia notable es los símbolos triangulares de “reciclaje” con flechas que vemos dibujados o grabados en los plásticos y que llevan un número dentro. Esos triángulos con flechitas en absoluto quieren decir que ese plástico sea reciclable. Los números son una manera de agrupar en 7 clases las más de 80.000 resinas plásticas que hay en la actualidad, y las flechitas no quieren decir absolutamente nada, simplemente están ahí para engañar al consumidor. Muchos grupos llevan años pidiendo que esos símbolos engañosos sean eliminados.

 

¿Sorprendido?  Los secretos sucios del “reciclaje” del plástico no acaban ahí.

 

Los ciudadanos ponemos plástico en los contenedores de reciclaje pensando que serán reciclados en objetos similares. Sin embargo la mayor parte del plástico que ponemos en los contenedores es arrojado al basurero, incinerado, o exportado a países como China.

En 2011 la UE exportó  3.4 millones de toneladas de basura de plástico, sobre todo a China, para ser incinerada aprovechando que las normativas ambientales son más laxas, o para que sea convertida en objetos no reciclables (downcycling), todo ello en condiciones ambientales y de salubridad deplorables.  Canadá, EEUU y otros países ricos también exportan sus desechos plásticos a Asia.

En algunos de los países con mayores tasas de “reciclaje” del mundo, Como Alemania, más del 50% del plástico que se recupera es quemado directamente en incineradoras, con un terrible impacto  en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Mirando todo esto, poner plástico en contenedores especiales no debería llamarse “reciclar”.  Estamos más bien ante un negocio opaco y engañoso, diseñado para que nos quedemos con la conciencia tranquila y sigamos enganchados a los plásticos de usar y tirar, los cuales permiten beneficios millonarios a unos pocos, a costa de la salud y del medio ambiente de todos. (fuentes de datos)

 

El falso “éxito” del reciclaje en Europa.

 

Años de adoctrinamiento y de un enorme gasto de dinero público han dado lugar  a sofisticados sistemas de recuperación de algunos tipos de plástico (como el PET) en varios países europeos.

La industria menciona estos sistemas como ejemplos de que el reciclaje de plásticos es una solución verdadera y sostenible y los gobiernos les secundan en esta falacia para no tener que dar explicaciones ante los ciudadanos por haberse convertido en basureros al servicio de una de las industrias más poderosas del mundo. Veamos lo que ocurre en realidad.

Según las propias cifras de la industria, en Europa se recuperan sólo en torno al 25% de los plásticos que se producen. Dentro de ese 25%, en términos de residuos generados por los consumidores europeos, en 2011 se recuperaron 14.3 millones de toneladas, un 58%.  Parece que no está mal como cifra, pero ¿a dónde va todo este plástico recuperado? Un 25% de esa cantidad, 3.4 millones de toneladas, se exportan, casi todo a China. (fuentes)

¿ Y qué pasa con el resto?  En países como Alemania o los países nórdicos más de la mitad es quemado en incineradoras. Osea que de cada cuatro plásticos que el consumidor europeo pone en un contenedor “para reciclar”, dos son quemados, y uno exportado a China (donde será quemado o usado en downcycling sin garantías ambientales ni laborales). ¿Y qué pasa con el 25% restante?  Dependiendo del tipo de plástico (¡hay miles!) y del lugar donde sea recuperado, pueden ocurrir tres cosas: que vaya directamente al basurero (lo más normal), que sea convertido en algo no reciclable (textiles, plásticos de baja calidad, etc) o, lo más raro de todo, que efectivamente sea convertido en un objeto parecido y que, que a su vez, sea reciclable de nuevo.  Este porcentaje mínimo residual sería la verdadera tasa de reciclaje real de Europa.  Una realidad  muy diferente a lo que quieren hacernos creer cuando nos animan a “reciclar”.

Esta es la lamentable verdad del reciclaje que nadie, ni los gobiernos, ni la industria, ni los que se lucran con todo esto quieren que sepamos.

 

¿Qué pasa en los países en vías de desarrollo, donde vive el 85% de la población mundial?

 

En EEUU el porcentaje de plásticos recuperados (que no es lo mismo que reciclados) frente a los producidos apenas supera el 7%. En Europa es de un 25%. Ya hemos visto que dos tercios de estos plásticos se exportan a países pobres o se incineran, y el resto, salvo una pequeña parte, terminan en los basureros.

Imagina ahora cuáles son los porcentajes de recuperación de plásticos en los países en vías de desarrollo, donde vive el 85% de la población mundial. Estos países se están ahogando en una marea de plástico por carecer de medios para gestionar los desechos generados por la cultura de “usar y tirar”. Además, Europa, EEUU y Canadá exportan millones de toneladas de sus desperdicios de plástico a países más pobres.

 

Es hora de despertar del espejismo del “reciclaje”

 

Poner cosas en contenedores de colores nunca será “reciclar” en tanto no existan mecanismos económicos o legales que garanticen un ciclo cerrado para esos productos.

Es hora de tomar decisiones basadas en la realidad de los hechos y en el impacto intolerable de los plásticos sobre el medio ambiente y la salud.  Decisiones que también tengan en cuenta al 85% de la población mundial que vive en países en vías de desarrollo y que se están ahogando en residuos de plástico.

La verdadera solución es usar el sentido común:

Romper con nuestra adicción a los plásticos de usar y tirar. Reducir tanto embalaje redundante e inútil, diseñar productos sostenibles, emplear envases reutilizables, y elegir materiales realmente reciclables, como vidrio, metal y papel.

En lugar de emplear dinero público para convertir a sociedades enteras en gestores de basura al servicio de grandes corporaciones, los propios fabricantes deberían ser los responsables legales del ciclo de vida completo de cada producto, incluso tras la venta.

En la actualidad, los fabricantes en general se  lavan las manos una vez han vendido el producto, y hacen a los ciudadanos y a los gobiernos responsables de gestionar la ingente cantidad de residuos que  generan con sus decisiones insostenibles de embalaje y diseño, a costa de la salud y del medioambiente de todos.

Si los fabricantes fuesen responsables de pagar por los residuos que generan veríamos cambios radicales en la manera que los productos se diseñan, envasan y distribuyen.

En Febrero de 2013 un grupo internacional de científicos hizo una petición formal a los gobernantes de todo el mundo para que el plástico sea declarado residuo tóxico y peligroso.

 

 

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Demoledor informe de la UE contra la injerencia privada en el sector público

El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada. En un reciente informe que acaba de publicar el principal órgano de control financiero de la Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.

Además, recomienda que ni la UE ni sus Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.

En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos “no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas”.

En un análisis devastador, añade que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto “insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes”, donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.

El informe asevera que los proyectos público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses. Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales”.

Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. Según revela el informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.

Sombras de corrupción
La sospecha de la corrupción política sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación de contratos públicos tradicional”.

En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.

Las auditorias revelan que en el caso de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el socio público. En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158 millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este informe.

Próximo negocio, el agua
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo se conocen tras el anuncio de los rescates de las autopistas de peaje por parte del Gobierno central, lo que supone un nuevo varapalo a los modelos de participación público privados. Sin embargo, las grandes constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un sector agotado financieramente; sino que se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.

“El agua es un servicio público que se presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”, asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS).

En efecto, según datos del Tribunal de Cuentas, los servicios ya privatizados (sea como empresas que se han hecho con la concesión del servicio de aguas o empresas mixtas público-privadas) presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o del 71% en limpieza viaria (que se suelen abonar en el recibo del agua). Sobrecostes que además llevan añadidos una prestación del servicio de menor calidad y una infrainversión, según estas mismas fuentes.

En una situación de emergencia social, y de duras críticas sobre este modelo público-privado o directamente privatizador, la patronal del agua AEAS-AGA, que agrupa a las tres principales multinacionales del agua -FCC Aqualia, Grupo Suez y Acciona- y sorprendentemente a algún operador público, ha mandado recientemente una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para incluir los mecanismos de contratación público-privados como una prioridad dentro del denominado Pacto Nacional del Agua en el que trabaja el Ejecutivo: una vuelta de tuerca a un modelo que busca hacer negocio a partir de los servicios públicos que requiere de la connivencia de los representantes políticos. (publico.es)

El hospital de Alzira vuelve a ser público: cae el símbolo del modelo de privatización

El principio del fin de un polémico modelo sanitario basado en la gestión privada de la sanidad pública que impulsó el PP de forma pionera en la Comunitat Valenciana. Así podría definirse la recuperación para el sistema público del hospital de Alzira y de todo el departamento sanitario de La Ribera que este domingo 1 de abril volvió a depender de forma directa de la Conselleria de Sanidad, en cumplimiento del compromiso del ‘Pacte del Botànic’ que sellaron PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos para formar el Gobierno del cambio en la Comunitat Valenciana.

El origen del modelo se remonta al 19 de junio de 1997. Ese día se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.

El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.

Ese primer contrato, con una vigencia de 10 años, tenía como objeto la gestión indirecta, por concesión administrativa, de la prestación de los servicios de atención sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria del área de la Ribera.

El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).

Operación de rescate: más dinero para la adjudicataria
Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de “lucro cesante”, algo que no estaba previsto en el contrato.

Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.

Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: actualmente es de 777 euros por habitante y año.

El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, ampliables cinco años más, una prórroga que la actual consellera de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunciaron que no se iba a hacer efectiva.

Comenzaba así el proceso de reversión y una guerra abierta con Ribera Salud, que ha planteado sin éxito un alud de recursos judiaciales para tratar de frenar la reversión. (eldiario.es)

Santander rechaza los barcos con carga de armas con destino a guerras

El Gobierno de Cantabria ha expresado  su rechazo a que se use el Puerto de Santander para el atraque de barcos para, a su vez, cargar armas destinadas a guerras.

Lo ha manifestado el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de Podemos sobre las medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander para garantizar que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en estas instalaciones, después de que al parecer haya estado durante meses cargando en el Puerto de Bilbao armas y explosivos con destino a la guerra de Yemen.

Así lo denunció recientemente Pasaje Seguro, que creó una petición en change.org para exigir que el buque no atracara en la capital cántabra, y a la que se ha referido en la sesión plenaria el diputado podemita José Ramón Blanco, que ha cifrado en más de 17.000 las rúbricas en contra recogidas hasta ahora.

Al ser cuestionado por este asunto, Martín ha dado dos respuestas, una política y otra técnica. Con la primera, ha expresado el “no” del Gobierno de Cantabria a la guerra de Yemen y al resto de conflicto; el “no” a este barco y a los demás dedicados a los mismos fines; y el “no” a que atraquen en Santander y en el resto de puertos.

Así, ha mostrado el rechazo del Ejecutivo autonómico PRC-PSOE de que se use el puerto santanderino para barcos que atraquen barcos que cargan armas con destino a guerras, más como la de Yemen, que se está “cebando” con la víctimas civiles.

En la parte técnica, el responsable de Industria ha recordado que es la Capitanía Marítima —la “policía” del tráfico marítimo— la que autoriza o no a un barco a entrar en un puerto, que es “un prestador de servicio”.

De todas formas, el consejero ha asegurado que trasladarán la postura del Ejecutivo —que se enteró de lo sucedido con este buque saudí “por la prensa”— en el Consejo de Administración de la APS, aunque esto no sea, como ha advertido para finalizar, “garantía de nada”. (publico.es)

10.805 millones para proteger a las personas, no para armamento

El Gobierno está anunciando la compra de armamento por valor de 10.805 millones de euros. No se acuerda de las obligaciones constitucionales que tiene y no cumple. Tampoco se acuerda de los compromisos que hizo Rajoy antes de llegar a la Moncloa y no ha cumplido.

El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al establecer que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Según la Encuesta de Población Activa, de media en 2017 ha habido 3.909.462 personas menores de 65 años en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.090.348 perciben algún tipo de prestación, el 27,9%.

Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 2.819.114 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se le conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingreso económico. De las no protegidas, 1.643.415 personas llevan más de un año en paro. La tasa de protección del 27,9% es inferior en 9,1 puntos a la de 2011. Mientras el número de personas paradas disminuye un 22%, las protegidas lo hacen el 41,2%.

Si miramos cómo afecta según el tiempo que se lleve en paro, como no se han tomado medidas para reforzar la cobertura, la tasa de protección oscila entre el 35,2% de los hombres que llevan menos de un año en paro y el 15,6% de las mujeres que llevan más de cuatro. A medida que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de personas protegidas y, si son mujeres, aún más. Hay una imperiosa necesidad de una prestación para aquellos que carecen de ella, cada día en mayor número. De las 2.125.037 personas paradas de larga duración, que suponen el 54,4% de todas las paradas, solo 481.622 tiene alguna prestación, el 22,7%. Hay más de millón y medio de personas paradas de larga duración que no tienen ninguna cobertura, de las que casi novecientas mil son mujeres.

El tiempo en paro, la edad y el sexo son tres variables que inciden claramente en las posibilidades de ser perceptor de una prestación: la tasa de protección de las mujeres con más de cuatro años en paro es el 15%: ser mujer y parada de larga duración es tener un 85% de probabilidades de no ser perceptora de prestaciones. (nuevatribuna.es)

 

Histórica manifestación en Bilbao por las pensiones

La gran movilización prevista en Bilbao para exigir unas pensiones «dignas» no defraudó, y las calles de la capital vizcaína volvieron a ser un clamor para demandar al Gobierno de Rajoy que vincule la subida anual de las prestaciones al IPC. Prueba del éxito de la convocatoria fueron los más de 115.000 asistentes que reconoció el Ayuntamiento, y que erigieron nuevamente a los mayores del territorio como referencia nacional, pese a que son a su vez los que gozan de las pensiones medias más elevadas de España. En una fría jornada pasada por agua, las calles de la villa registraron una histórica estampa que devolvía a la memoria las manifestaciones que acontecieron tras el secuestro y asesinato del edil popular de Ermua Miguel Ángel Blanco.

La de la villa fue la mayor concentración a nivel nacional, seguida de las multitudinarias manifestaciones en Madrid y Barcelona. De hecho, en todas las ciudades de España los mayores tomaron las calles para denunciar la subida del 0,25% y poner en aprietos al Gobierno central. Parece claro que las inconcretas promesas del presidente Mariano Rajoy de elevar las pensiones mínimas y las de viudedad, realizadas durante el pleno monográfico del Congreso esta semana -y que vinculó a la aprobación de los Presupuestos- no han conseguido aplacar unas movilizaciones que comenzaron hace semanas y, lejos de amainar, se han convertido ya en un problema para el PP de cara a las elecciones locales y autonómicas del próximo año.

Las formaciones políticas, a excepción del Partido Popular, enviaron representantes a Bilbao, al igual que los sindicatos. Acudieron, entre otros, el alcalde de la ciudad, Juan María Aburto, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, la parlamentaria de Bildu Maddalen Iriarte, el secretario general de Podemos en el País Vasco, Lander Martínez, y los líderes en Euskadi de CC OO y UGT, Loli García y Raúl Arza, respectivamente. Pero todos respetaron la consigna de la plataforma convocante manteniéndose en un segundo plano. Muestra de ello es que el manifiesto final fue leído por Santiago Pocero, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Euskadi, quien desligó su condición de portavoz de su militancia. Sólo se produjo un rifirrafe por las ikurriñas portadas por la Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria.

Guiño de los jóvenes

Además de exigir que el incremento de las pensiones se desligue de las cuentas de la Seguridad Social -que aboca al colectivo a solo cobrar un 0,25% adicional mientras persista el actual déficit, y cuyo rechazo, como si de una cifra maldita se tratara, se escenificaba en la pancarta principal-, los jubilados reclamaron una vez más que se derogue el factor de sostenibilidad, que desde el próximo enero adecuará la prestación a la creciente esperanza de vida en el año de retiro. Y reivindicaron un objetivo aún más ambicioso: una pensión mínima de 1.080 euros.

En lo tocante a la marcha, y pese a que se anunció su arranque en el Ayuntamiento, era tal la marea humana que en la Casa Consistorial se reunía la cola de la manifestación, y había que desplazarse hasta la Plaza Circular para encontrar la pancarta principal, sujetada por representantes de los distintos colectivos aglutinados en el movimiento de pensionistas.

Por las aceras de la Gran Vía -la comitiva tuvo al principio problemas para abrirse paso-, se repartían miles de personas. Nuevamente predominaban de forma apabullante los rostros veteranos, aunque ayer se podían distinguir personas de menos edad respaldando a los mayores. Uno de los instantes más emotivos se produjo al llegar a la plaza Moyua, donde un grupo de jóvenes esgrimían una sucesión de letras que formaban la frase de apoyo ‘Pentsionistak aurrera!’. (elcorreo.com)

Catedráticos de Derecho Penal firman un manifiesto contra la prisión permanente

Un total de 106 catedráticos de Derecho Penal de universidades españolas han suscrito un manifiesto en el que defienden que la prisión permanente revisable sea derogada. Alegan que además de no disuadir de la comisión de los delitos más graves, pone en peligro valores democráticos. Encabezados por el ex letrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Lascuraín, el texto firmado sobre la eliminación de esta medida sostiene que no está constatada la necesidad de esta pena para evitar la reiteración delictiva del condenado. Asimismo aseguran que la medida suscita “poderos reparos” a los valores de justicia.

Así, el manifiesto ratifica que la prisión permanente compromete “seriamente” los principios de la Constitución, ya que se imponen “penas inhumanas”, posibilita “un encierro de por vida” y sitúa en todo caso el horizonte de libertad en un momento “lejano, incierto y que no depende del comportamiento del reo”. Pero además, los 106 catedráticos consideran que retrasar hasta los 25 años como mínimo la primera revisión también pone en peligro la reinserción social, la legalidad y la seguridad jurídica, valores que establece la Constitución.

“Se trata de una pena doblemente indeterminada que hace que el penado no sepa en qué momento recobrará su libertad: su encarcelamiento no tiene límite fijo”, expone el documento que discute que aunque Convenio Europeo de Derechos Humanos se declare a favor, esto no impediría su inconstitucionalidad. En cualquier caso, concluyen los penalistas, más allá de su disconformidad con la Constitución, “la prisión permanente no es una buena ley. No hace de la nuestra una sociedad mejor, no añade eficacia en la evitación de delitos más graves y sí comporta un significativo deterioro de nuestros valores básicos”. (20minutos.es)