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Un informe oficial certifica que no hay pruebas de la eficacia de la privatización sanitaria en Madrid

La Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe o estudio con datos que avale su principal tesis para llevar a cabo la privatización sanitaria: una mayor eficiencia en el gasto público. La Cámara de Cuentas lo pone negro sobre blanco en el anteproyecto del informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la región entre 2011 y 2015,  al que ha tenido acceso eldiario.es   a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala .

 

El órgano fiscalizador constata en un documento profuso cuajado de datos que "se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener". Según el funcionamiento de la Cámara, los anteproyectos son remitidos a los organismos fiscalizados para que realicen alegaciones y de ahí se derive un proyecto que tiene que aprobar el Pleno de la Cámara para que se convierta en definitivo. La Consejería de Sanidad no ha respondido a eldiario.es sobre si el informe está ya en sus manos o han presentado alegaciones.

 

 

"No se han facilitado informes y/o estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía", apunta el órgano fiscalizador, que desmonta por ausencia de pruebas el argumentario utilizado por el Ejecutivo dirigido Ignacio González (PP) para justificar la privatización  tumbada por la justicia de seis hospitales de gestión sanitaria pública (Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste, del Tajo y de Vallecas). Las mismas razones que expuso su antecesora, Esperanza Aguirre, para abrazar el modelo semiprivatizado primero y privatizado al 100% después para su plan de infraestructuras sanitarias.

 

Seis hospitales con canon y cuatro privatizados

 

Actualmente hay cuatro hospitales en Madrid de gestión privada. La Comunidad   importó este sistema de la Comunitat Valenciana. De hecho, colocó como director general de Hospitales al impulsor del modelo en Valencia y directivo de la aseguradora Adeslas, Antonio Burgueño. Los cuatro centros están en régimen de concesión, es decir gestionados por empresas a las que paga la Consejería de Sanidad por prestar el servicio. Son el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles); todos impulsados cuando dirigía la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (PP). Además, otros seis se montaron con un sistema de semiprivatización en el que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la concesionaria que levanta el edificio a cambio de un canon anual. En diez años se ha pagado más de 1.550 millones a esas concesionarias en concepto de este canon, según datos recogidos por la Cámara de Cuentas.

 

Según el anteproyecto al que ha accedido eldiario.es, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre –que gobernaba en 2007 cuando se empezó a explotar esta fórmula– fundamentó la elección de este modelo en "los principios de  racionalización, eficacia, simplificación, libertad de elección y eficiencia" pero no ha aportado hasta la fecha "ningún análisis comparativo" de cuánto habría costado prestar el servicio "con los propios medios de la Comunidad" en lugar de ajenos.

 

La fórmula se estrenó en la Comunitat Valenciana, en el hospital de la Ribera: el modelo Alzira que acaba de ser recuperado para la gestión pública directa por la Generalitat. Esa forma de ofrecer la atención sanitaria todavía está viva en Vinalopó, Torrevieja y Dénia. El modelo, al menos semiprivatizado, también se exportó más tarde, por ejemplo, a Galicia (al hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro). El nuevo hospital de Burgos que ha seguido la senda de la concesión privada se ha revelado un agujero de dinero público.

 

Entre 2011 y 2015, la Comunidad de Madrid ha pagado cerca de 986 millones de euros a las empresas gestoras (ahora Quirón Salud y Sanitas), de acuerdo con los datos de la Cámara de Cuentas, que también entra a analizar la actividad y la facturación de estos hospitales. Con esta información concluye que, al final, los pacientes que requieren hospitalización son tratados "en mayor medida en hospitales del SERMAS", es decir, en los públicos.

 

Este hecho probado al menos entre los años 2013 y 2015 puede responder, según el informe, a la "libertad de elección" de centro que existe en la región, pero también a la derivación desde hospitales privatizados porque no tienen "la cartera de servicios precisa" para atender correctamente o pretenden "reducir costes en los tratamientos más complejos o largos".

 

"Incertidumbre" en los costes finales

 

La Cámara de Cuentas insiste en que, además de no haber pruebas de ahorro ni eficiencia de este modelo, la gestión por concesionarias y el canon comprometido con las sociedades que construyeron los seis hospitales que se pretendían privatizar genera unos gastos a la administración pública difíciles de calcular y, por tanto, existe "incertidumbre" sobre los costes finales. Al inicial se deben añadir los modificados, sumas obligadas por sentencia judicial o conceptos como las bonificaciones por ahorro energético (casi cuatro millones de euros). ¿El resultado final? Sobrecostes, descontrol del gasto y caos contable ya desvelado por la Cámara de Cuentas.

 

A las concesionarias de los cuatro hospitales privatizados se les paga con un sistema variable que incluye un fijo por cada tarjeta sanitaria (que crece con el IPC) y saldos intercentros. Este saldo suma o resta en función de los pacientes que no son de la zona y eligen el centro (suma), y de los que no acuden a su hospital de referencia y optan por otro (resta).

 

Los hospitales del SERMAS (de gestión pública directa) recibieron con este sistema 123 millones de euros más entre 2013 y 2015 porque el número de pacientes que atendieron pese a que les correspondía otro hospital fue mayor al volumen de personas que eligieron otro aunque les tocaba uno público de gestión directa. Mientras, los privatizados registran año a año (salvo excepciones) saldos negativos por la marcha –voluntaria o provocada por los gestores– de pacientes, según los datos aportados por la Cámara de Cuentas.

 

Como los centros forman parte de la red pública, la administración debe controlar su funcionamiento y el uso que hacen de los recursos dentro de su autonomía. Ese control está reservado a un Comisionado de la Administración en cada hospital que, según la Cámara de Cuentas, no existe actualmente aunque "ha existido en distintos momentos del periodo fiscalizado".

 

Para mejorar los controles, tres de los cuatro hospitales privatizados (Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba) deberían aportar un 0,5% del precio anual de su contrato para realizar "auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados" pero esa cantidad nunca se ha reclamado desde la administración, según la Cámara de Cuentas. "En ningún ejercicio, desde la puesta en funcionamiento de los hospitales, se ha requerido a las concesionarias la puesta a disposición de la Administración del 0,5% del importe anual del contrato. Los costes por las auditorías realizadas con medios propios no se repercutieron en las liquidaciones de 2012 ni de 2013, indicando el SERMAS que se repercutirán en la liquidación 2014", dice el informe.

 

Privatización (frustrada) en dos fases

 

Los Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, que le tomó el relevo, idearon un proceso de privatización sanitaria que solo ha podido aplicarse parcialmente. Aún el Partido Popular presume de todos los hospitales que construyó de golpe la expresidenta a base de abrir el sistema público al capital privado con sociedades concesionarias que adelantaron el dinero y construyeron los edificios por un canon anual de dinero público que se seguirá pagando durante 30 años.

 

Los planes del presidente Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty –cerebro de la privatización– pasaban por externalizar la prestación del servicio público cediendo la gestión a concesionarias por 10 años en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. En total 1.149 camas y 5.128 profesionales. Para ello, s e   modificó la ley , se redactaron contratos, se buscaron contratistas y hasta se modificaron las condiciones de adjudicación a última hora para hacer más atractivo el encargo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 un gasto plurianual de más de 4.000 millones de euros para estos contratos.

 

Pero en septiembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la licitación de estos contratos y puso fin, tras una amplia movilización social de los sanitarios en Madrid, al propósito de privatización. Hacer el camino de ida, parado por los tribunales, ha tenido un coste para las arcas públicas pese a que esos contratos nunca se firmaron. La administración, como recuerda el informe de la Cámara de Cuentas, tuvo que indemnizar a la empresa a la que adjudicó la gestión del Infanta Sofía, Infanta Cristina y del Tajo por "daños y perjuicios irrogados" con 240.355 euros.  Por entonces ya estaban funcionando paralelamente tres de los cuatro hospitales de gestión privada (el de Villalba se inauguró en 2014 con tres años de retraso) a los que acuden pacientes de la red pública.

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El consumo de antidepresivos se triplica y los suicidios crecen un 20% en España durante la crisis

En España, una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental en su vida. Durante la crisis el consumo de antidepresivos se ha triplicado y los suicidios se elevan cada año. El estrés y la precariedad laboral influyen.

 

Con 31 años, Adrián lleva dos meses de baja por ansiedad. Asegura que la precariedad que lleva años arrastrando ha sido el detonante. "Tuve un ataque de ansiedad en el trabajo por el estrés que he sufrido durante años por las condiciones laborales. El trabajo precario es lo que tiene".

 

En la última década el consumo de antidepresivos se ha triplicado en España. Un aumento agudizado en los años de la crisis. "En España el consumo ha aumentado niveles increíbles y peligrosos. Esto es una muleta y no una solución", cuenta Pedro Rodríguez, miembro de la Junta del Colegio de Psicológos de Madrid.

 

Los sindicatos recalcan que, mientras las bajas han descendido, el consumo de tranquilizantes y somníferos repunta, sobre todo en las mujeres. "Las mujeres mayores de 55 años consumen cuatro veces más que los varones por las cargas familiares y la irregularidad en el trabajo", afirma Pedro Linares, secretario general de Salud Laboral de Comisiones Obreras.

 

Además, concretan más factores de riesgo, como la rotación entre empleos, los trabajos muy precarios y, además, con jornadas parciales que la gente no desea. Otro de los indicadores preocupantes es la tasa de suicidios que, tras años de récord histórico, han crecido un 20% desde 2007. (lasexta.es)

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LAS AMPA QUE QUERÍAN DAR DE COMER A SUS HIJOS

En abril se anunciaba que las últimas cinco asociaciones de madres y padres (AMPA) que gestionaban comedores escolares en Andalucía iban a perderlos en beneficio de caterings privados. La movilización social de las comunidades educativas ha forzado una negociación con la Junta de Andalucía que puede salvarlos, pero, sobre todo, rescata una vez más el debate en torno al modelo educativo, sanitario y social que deben promover los comedores escolares.

En Andalucía actualmente hay 1.939 centros educativos públicos, de los cuales los comedores de más de 1.300 son gestionados a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APEA) mediante licitaciones públicas, y el resto son comedores de gestión directa de la Consejería, en cifras aportadas por la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, al comparecer en el Parlamento a raíz de la polémica.

En este curso, la inversión para dar de comer a 190.000 alumnos de la comunidad ha sido de 94 millones de euros, con una media de 4,38 euros por niño y día que se bonifica hasta en un 100% para familias con necesidades económicas.

Los colegios afectados por esta última licitación son el CEIP Gómez Moreno de Granada y los CEIP Europa, Francisco de Goya, Santa Isabel y La Chanca de Almería. En la negociación actual con la Consejería de Educación también se encuentran presentes las AMPA de los CEIP Arcoiris y Madre de la Luz, igualmente almerienses, que perdieron sus concesiones en 2016 y ahora optan a recuperarlas.

MODELO DE CERCANÍA O LÍNEA FRÍA

Estela Gil, presidenta la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CODAPA), explica a El Salto que defiende el modelo de gestión de las AMPA frente a los catering por tres razones: “En primer lugar, la ausencia de ánimo de lucro. Todo el dinero que entra a los comedores revierte en el propio servicio. En segundo, se trata de un modelo ecológico y de cercanía que beneficia al medio ambiente y al tejido social del centro. Y en tercero y último… ¿quién lo va a hacer mejor que los padres? Van a preocuparse más que una empresa privada por la educación, salud y hábitos alimenticios de los niños”.

Aunque, en el caso de los siete centros en negociaciones, la cocina está en el propio comedor —y las condiciones de licitación exigen que se mantenga así— no es igual en el caso de todos los colegios de Andalucía. Lo más habitual es el uso de la polémica línea fría, en la que se preparan los platos en las cocinas centrales de la empresa y se distribuyen a los diferentes centros. De las principales empresas que contratan comedores con Educación, cuatro tienen sus sedes en Andalucía: Luis Sosa, en Sevilla, y que solo trabaja en su provincia y en Cádiz; Perea Rojas y Col-Sevicol en Málaga, que trabajan en toda Andalucía y en el resto de España, e Ibagar, en Granada, que desarrolla su actividad en Andalucía Oriental. El resto son multinacionales con sedes en Madrid o Barcelona, como Aramark, Mediterránea de Catering, Serunión y Serenísima.

Gil sostiene que el modelo de gestión por parte de las asociaciones y con proveedores de cercanía ha demostrado ser el más salubre: “No digo que el modelo de los caterings no sea sano, pero este ha demostrado serlo más, y lo prueban premios como el del informe NAOS sobre obesidad infantil del Ministerio de Sanidad, que ha reconocido la labor del comedor CEIP Gómez Moreno”, precisamente uno de los centros afectados.

En el caso concreto del Gómez Moreno, de hecho, algunos de los proveedores son directamente padres del colegio, como Rafael López, de Oilé, empresa familiar de aceite ecológico, que nos comenta la “satisfacción” de poder alimentar a la propia comunidad. Jorge Mimbrero, presidente del AMPA del centro, recuerda la última licitación: “Nos decían que teníamos que apretar a los proveedores para bajar precios. Que somos muy cándidos. Eso es que no han entendido nada”.

Otros proveedores, como Valle y Vega, que trabajan con agricultores ecológicos de la Vega de Granada, explican que “las cocineras del Gómez Moreno son las más conscientes de la temporalidad con la que trabajamos. No te van a pedir para hacer crema de calabacín en invierno porque saben que no es temporada, están acostumbradas a trabajar con productores ecológicos”.

LICITACIÓN VS CONVENIO

Hasta 2014, las diferentes asociaciones renovaban la concesión mediante convenio con la administración. A partir de ese año, se empezó a licitar por el modelo de concurso público, en el que la oferta de las AMPA debe competir con la de firmas privadas. En un convenio, la asociación alcanza un acuerdo concreto con la Administración sobre costes y gestión. En un concurso público, alegan, deben competir en costes con empresas privadas que pueden permitirse pérdidas que una asociación no.

Aunque el número de comedores gestionados por los padres de forma directa nunca fue muy amplio —CODAPA carece de cifras exactas— esta circunstancia lo redujo, para el curso pasado, a apenas cinco: cuatro en Almería y uno en Granada. Los cinco han salido a concurso de manera individual al tratarse de centros con cocina integrada y que no precisarían llevar la comida desde otros lugares.

Muchos colegios en Andalucía son licitados mediante lotes de cuatro o cinco a la vez, algo en lo que CODAPA tercia aclarando que “no se puede estar en contra: si no se licitasen por lotes grandes los comedores sin cocina, a las empresas que tienen infraestructuras para atenderlos no les saldría rentable, y quedarían algunos centros sin atender”. La gestión por parte de las AMPA, recuerdan, es voluntaria y no todas pueden o quieren. “Para beneficiar a un grupo pequeño no se puede perjudicar a otro más grande”, puntualizan.

No puntúa surtirse de mercados de cercanía, y en cuanto al consumo de productos ecológicos, puntúa llegar a los cinco kilos por niño al mes, pero no superarlo, marca que consiguen algunos de estos centros. “No pensamos que haya habido mala fe, pero sabemos que las directivas europeas que deberían regir la contratación pública favorecen modelos como el nuestro. Ya que se anuncian leyes sobre empleo de calidad, medio ambiente u obesidad, que nos cuiden a nosotros que ya cumplimos con todo eso”, aclara Mimbrero, del Gómez Moreno.

En la misma línea se expresa Daniel, presidente del AMPA del CEIP Madre de la Luz. “La licitación nos mató. No nos han echado, pero nos han invitado a irnos”, nos explica. El comedor del Madre de la Luz estuvo gestionado hasta 2016 por el AMPA, cuando lo perdieron junto a las AMPA del vecino IES Caravaca y el CEIP Arcoiris, a favor de la filial española de la multinacional italiana Serenísima. Ahora las madres y padres de los dos colegios de Primaria negocian por recuperar dicha gestión junto a la de las cinco en peligro de perderla.

En 2017, tras un año de concesión, Serenísima quiso devolver la gestión a los padres, alegando “razones de logística”. Por eso, aclara Daniel, “no nos fiamos de concesionarias, no es lo mismo una empresa que una asociación sin ánimo de lucro”. En el caso del Madre de la Luz, el comedor era de gestión del AMPA desde 1981, y continúa aún trabajando un cocinero desde aquella época, ahora subrogado al catering. La empresa concesionaria despidió al administrador y el monitor responsable del resto decidió marcharse.

EL CANON

Todas las asociaciones de padres consultadas por El Salto Andalucía coinciden en quejarse de lo poco que se puntúa el mantenimiento de unas condiciones dignas para los trabajadores o el menú ecológico frente al ahorro de costes para la Administración. El canon de los contratos de comedores es una cantidad de lo cobrado por el menú que revierte en la propia Administración.

Daniel Lazo, jefe de administración del comedor del CEIP Europa, nos explica que es “imposible” competir con “ofertas temerarias” como las del catering Mediterránea, que con la puntuación actual arrebataría al AMPA la gestión del comedor de su centro. “Hemos intentado subir el canon, para nosotros supone dejar de cobrar 30.000 euros anuales de la Junta, pero para ellos 62.000. Eso es una barbaridad que solo puede devenir en un peor servicio de comedor”, considera. Ocurre lo mismo en el CEIP Madre de la Luz, donde la asociación de madres y padres solo puede llegar a un 5% frente al 18% de canon que ofrece la misma Mediterránea. “Es imposible competir, y al final es primar lo económico para la Administración frente al beneficio social o educativo”, lamentan.

Así se entiende la sorpresa de Mireia García, presidenta de la AMPA del CEIP Francisco de Goya, cuando leyó que se valoraba en 15 puntos el “compromiso de dar de alta a los trabajadores dos horas”. Esta madre se pregunta: “Pero, ¿no es una obligación? Hay empresas que cotizan a sus trabajadores por debajo de los diez minutos al día, nosotros los tenemos dados de alta incluso más tiempo. ¿No debería ser el mínimo y no un extra?”.

Dificultades parecidas lamentan en el CEIP La Chanca, del barrio del mismo nombre de Almería. Enriqueta Albacete, de la Asociación Cultural El Ancla, nos explica que en este caso no se trata de un AMPA, sino de una agrupación de madres, maestros y otros miembros de la comunidad educativa. “La cocina in situ la hicieron en 2003 alumnos de un curso de formación de albañilería por iniciativa de las asociaciones de vecinos, el pan se hace en un obrador del barrio a diario, el pescado fresco lo traen de la lonja, la carne se compra en la carnicería del barrio… La comida es casera manteniendo recetas típicas del barrio de pescadores”.

Todo eso no puntúa y “en nuestro barrio hay muchas necesidades y hay niños que la única comida equilibrada y completa que hacen es la que ingieren en el colegio”.

¿Y la gestión directa? La presidenta de CODAPA, tras defender las ventajas del modelo de gestión por parte de las AMPA, se moja al afirmar que “en realidad lo ideal sería por parte de Educación”, aunque se elija el modelo de gestión de los padres como el “menos malo” a la hora de externalizarlo. “El problema, claro, es la falta de personal de Educación en todos los ámbitos”. Actualmente, recordando los datos aportados por la consejera, en Andalucía quedan unos 600 comedores de gestión directa.

Pero en los mismos meses de abril y mayo en que saltaba la polémica por las pérdidas de concesión de las AMPA, los monitores de dichos comedores salían a la calle a protestar por sus derechos laborales. Desde CC OO se advierte de que los 427 monitores escolares a sueldo de la Junta “trabajan en condiciones precarias con contratos de 8, 12 o 20 horas, siempre son insuficientes mientras los colegios siguen reclamando personal; son en su mayoría mujeres a las que se precariza y cada verano se las envía al paro sin que la experiencia acumulada les contabilice de cara a la Administración”.

Mimbrero, el presidente del AMPA del Gómez Moreno, comenta que “asociaciones de otras provincias llevan años interesándose en cómo lo hacemos nosotros o los coles de Almería. Sabemos que en Granada hay tres comedores paralelos a los de los colegios, pero, aunque entendemos que existan, el modelo debería ser que estén en el propio cole y pueda tener acceso todo el mundo. No es una cuestión puntual tiene que ser un modelo general, ¿no?”.

UNA SOLUCIÓN MUNICIPAL

La representación legal de CODAPA explicó a El Salto Andalucía que la negociación para que las siete AMPA mantengan o recuperen la concesión pasa por un acuerdo a tres bandas que incluya a los ayuntamientos de Almería y Granada, los cuales ya se han mostrado a favor.

El giro que se busca es que Educación recupere la gestión directa, quitándole la cesión a APAE, que dejaría de tener que licitar los comedores. Luego la cedería a los ayuntamientos de Granada y Almería, y estos firmarían el convenio con las AMPA. Siempre según la representación de CODAPA, “se alegarían razones de utilidad pública”, pero “tienen que estudiarlo los técnicos de la Junta para que se ajuste a derecho”.

Así, no haría falta esperar a la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo pero no afecta a estos concursos porque comenzaron en febrero, ni a la de las directivas europeas que priman los convenios con este tipo de asociaciones. Es, claro, una solución pensada para estos siete centros en concreto.

La cuestión que quedaría pendiente, con las circunstancias que el caso pone sobre la mesa, es si permitirá un debate más amplio sobre el modelo de comedores en Andalucía, y por tanto el modelo educativo, de salud e incluso social, que puede quedar aplazado una vez más con un cierre en falso.

Jorge Mimbrero nos recuerda que por estos proyectos “hay gente que ha llorado. Y, como decía la canción de Barricada, cuando aprendes a llorar por algo, aprendes a defenderlo”.

 

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Colectivos por la vivienda protestan en la Bolsa contra la “violencia inmobiliaria” de los fondos buitre

Un centenar de personas se han concentrado este jueves a las puertas de la Bolsa de Madrid para denunciar la "violencia inmobiliaria" de fondos buitre como Blackstone. La protesta estaba convocada por colectivos de vivienda (la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas) y apoyada por la Federación de Estudiantes el mismo día que la cuarta socimi de Blackstone salía a bolsa.

 

Tras unos minutos en el exterior, cuatro de los activistas han entrado en el interior del parqué madrileño con dos grandes pancartas: "No son suicidios, son asesinatos" y "Santander y Blackstone, culpables". Según informan fuentes presentes, todos han sido desalojados de inmediato por el servicio de seguridad de la bolsa, que también ha avisado a la Policía. La concentración ha continuado tras este episodio en el exterior.

 

Los colectivos han recordado el caso del vecino de Cornellà que se lanzó por el balcón el día que Blackstone iba a desahuciarle hace apenas dos semanas. Los Mossos y la comitiva judicial estaban en la puerta de su vivienda de alquiler. "Responsabilizamos a estas socimis de cientos de desahucios. Les señalamos como culpables", denuncia Mercedes Revuelta, activista por el derecho a la vivienda. Fidere, la propietaria de las viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid vendió en 2013, es una de ellas. Depende del fondo buitre Blacktone y está dejando vacías las promociones de vivienda pública. Los inquilinos adjudicatarios por sorteo se están marchando, en su mayoría, porque no pueden asumir las subidas en los alquileres impuestas sin negociación por Fidere. (eldiario.es)

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LAS MUJERES YA PUEDEN CONDUCIR EN ARABIA SAUDITA

Poniendo fin a una prohibición única en el mundo, Arabia Saudita autorizó a las mujeres a conducir a partir de este domingo a las cero horas locales, una reforma histórica para el reino ultraconservador. Tan pronto como se hubo levantado la prohibición, las mujeres empezaron a recorrer al volante las iluminadas avenidas de la capital, Riad, y de otras ciudades del reino. Algunas pusieron la música de sus autos a todo volumen. “Es un momento histórico para todas las mujeres saudíes”, declaró Sabika Al Dosari, una presentadora de televisión, antes de cruzar la frontera con Baréin a bordo de un sedán. Justo después de medianoche, Samar Almogren giraba por primera vez la llave del contacto de su automóvil, un momento inolvidable para esta mujer que ya había conducido en el extranjero pero nunca en su país. “Tengo escalofríos por todo el cuerpo. Llevar el volante después de haber pasado años en el asiento trasero. Ahora es mi responsabilidad y estoy más lista que nunca para asumirla”, afirmaba Samar, totalmente vestida de blanco que para ella es “el color de la paz”. “La abaya negra se ha convertido en el símbolo de la mujer musulmana. Pero no hay ningún texto religioso que prescriba a una mujer vestirse con una abaya negra”, agregaba. También algunos hombres celebraron el momento. “Es un gran logro”, dijo un príncipe saudí, el multimillonario Al Walid bin Talal, en un video en el que aparecía su hija Reem manejando un 4×4, con sus nietas aplaudiendo en el asiento trasero. También las mujeres de Baréin viajan a Arabia Saudita para conducir en el día histórico. (elpais.com.uy)

“Oponerse a la venta de armas tiene consecuencias”

Yemen sufre la peor crisis humanitaria a la que asiste el mundo, según Naciones Unidas. Además de los 6.000 civiles asesinados (más de mil de ellos, niños), el bombardeo de la coalición que lidera Arabia Saudí sobre hospitales, mercados, escuelas e infraestructura civil ha provocado que unos 18 millones de personas necesiten ayuda humanitaria y una hambruna que afecta a otros siete millones. Esa situación no ha impedido que España firme un nuevo acuerdo de armas con la monarquía absolutista saudita. Pero sí frenó a Ignacio Robles.

 

Como miembro del cuerpo de bomberos de Bilbao, Robles (Bilbao, 1975) debe estar presentes durante el embarque de cargamentos peligrosos a través del puerto de la ciudad. Un buen día, en una de esos retenes de seguridad, Robles preguntó al responsable de carga del puerto por el contenido de los contenedores. Este, al contrario de lo que suelen hacer sus superiores, contestó: "Explosivos, proyectiles. Bombas". Destino: "Arabia Saudí". El bombero decidió que no participaría en ese tipo de envío. Avisó a sus superiores y cambió el puesto con un compañero. Asegura que no retrasó la labor del retén más de 15 minutos.

 

Robles también es activista y ha participado con Greenpeace en actos de denuncia sobre la exportación de armas a través del puerto de Bilbao. No obstante, no había ningún interés mediático en su acción. No ese 13 de marzo de 2017: "En ese momento decidí no participar, pero fue algo totalmente personal, no fue parte de mi activismo. Fue una reacción personal que no buscaba ningún tipo de repercusión mediática", explica.

 

"Es curioso porque toda mi vida de activista había intentado tener repercusión en los medios. Y justo el único día que hago algo que tenía ningún interés en tener repercusión, se consiguió que llegara a todos los medios de comunicación aunque fuera de rebote", revela. Los medios a veces tienen estas cosas. Un periodista se enteró antes que él de que se le había abierto un expediente por falta grave por "desobediencia", lo publicó en el diario de mayor tirada de Euskadi y al día siguiente varios telediarios contactaron con Robles para entrar en directo.

 

"¿Qué es lo que estaban intentando abriéndome expediente? Aplastar cualquier acción por parte de los bomberos que dificultara el tránsito de las bombas desde su fabricación hasta su llegada a Arabia Saudí. El problema es que calcularon mal las consecuencias. A los grandes medios estatales en España no les interesa en absoluto ni el tráfico de armas en Yemen ni nada parecido. Pero sí les pareció simpática la historia de un bombero que se había negado a hacer algo y que le habían abierto expediente", opina.

 

Esos medios se olvidaron rápidamente de él, pero el expediente quedó. A él, padre de familia y con dos hijos menores de cuatro años, la falta grave podía acarrearle de tres a seis años de suspensión de empleo y sueldo. "He estado un año peleando por esto. Ha sido duro pero hemos conseguido que se quede todo en una falta leve y por lo menos para mí no va a tener consecuencias. El hecho de que no supiera que no podía acogerme a la objeción de conciencia ha sido un eximente. Pero han dejado claro que si vuelve a pasar otra vez, a la persona que lo haga sí que va a tener unas consecuencias graves para él".

 

Robles ha participado en un acto en el Parlamento Europeo sobre la influencia de la industria de armamento en la UE. Contesta a las preguntas de eldiario.es para explicar ciertos puntos oscuros que rodearon la incoación de su expediente, como que el correo de denuncia se elevara dos semanas después de los hechos, o que la acusación fuera cambiando: "Al principio me acusaban de una desobediencia, y en cuanto se vio que no había tal desobediencia y que el tema se acababa, me acusaron de haber puesto en peligro a la gente, de causar una alteración en el orden del servicio… pero esas acusaciones llegaron después, no estaban en el documento de apertura del expediente", denuncia.

 

Para él, el intento de sanción obedece a un objetivo claro. "Lo que pasa es que esto estaba alrededor de la industria armamentística. El sector del armamento tiene un vínculo muy estrecho con la política, oponerse a la venta de armas tiene consecuencias", recuerda, citando al ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, que estuvo en la junta directiva de varias empresas de armas.

 

"Han conseguido meter el miedo en los bomberos para que a nadie se le ocurra hacer algo parecido. Es lo mismo que les ha pasado a los  tres bomberos andaluces a los que les pueden caer hasta diez años de prisión simplemente por rescatar a alguien que se estaba ahogando. También el caso de Proactiva Open Arms, que tiene su barco inmovilizado en Italia", enumera.

 

"Toda esta represión tiene un impacto muy fuerte en la gente que la recibe. En mi caso, yo he tenido momentos de ataques de ansiedad. En su momento llegué a parecer 10 kilos de peso por este problema. Mucho dinero mío personal, que me lo he tenido que gastar en contratar abogados. Es muy duro, pero también es verdad que si somos capaces de aguantar toda esta presión, en muchos casos nos da una repercusión mediática y un apoyo por parte de la sociedad que puede tener su utilidad", relata.

 

Instituciones como el Parlamento Europeo invitan a Ignacio a contar su caso, universidades, partidos, centros sociales le brindan un apoyo que, efectivamente, está dando sus frutos: "De momento, ya hemos conseguido ser muy incómodos. De hecho los últimos envíos ya no se están haciendo desde Bilbao, sino que desde puertos cercanos. También han empezado a utilizar otras navieras diferentes y no la naviera oficial de Arabia Saudí".

 

Ahora utilizan esos navíos utilizan puertos como el de Santander, pero  también allí reciben la repulsa social. Mientras el príncipe saudí que firma los próximos acuerdos de venta de armas es recibido con honores de Estado por el rey Felipe VI y Mariano Rajoy.

 

Ignacio se quita méritos. "En realidad nos estamos limitando a mandar un mensaje a gente, que desde nuestros puertos se están mandando decenas de miles de toneladas de bombas que se están usando para masacrar a la población civil. Nuestro mensaje es que eso a nosotros nos hace cómplices. Es un objetivo muy triste, porque resulta que esto ya está prohibido en la legislación internacional. No tendríamos que estar haciéndolo nosotros, pero cuando falla la política, a los movimientos sociales no nos queda otra cosa que reaccionar".

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Los jefes ganan 98 veces más que los empleados

La Universidad de California acoge a un grupo de académicos —Global Price and Income History Group— dedicados a estudiar la evolución de los sueldos desde un punto de vista histórico. En uno de sus trabajos, llegan a la conclusión de que en el año 14 después de Cristo, en pleno apogeo del Imperio Romano, un miembro del Senado cobraba 37.975 sestercios, cifra que equivalía a 100 veces la nómina media de esa época. En los dos milenios transcurridos desde entonces, la humanidad ha hecho muchos progresos, pero en materia de desigualdad salarial entre la élite y el resto de los trabajadores el margen de mejora es considerable.

 

Los ejecutivos mejor pagados de cada una de las empresas que conforman el índice Ibex 35 (sin contar a ArcelorMittal) ganaron de media 5,03 millones de euros el pasado año. Esta cifra supone 97,7 veces lo que cobraron de promedio los empleados de esas mismas compañías, según los cálculos elaborados por EL PAÍS con los datos enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2017 la brecha salarial en los grandes grupos cotizados aumentó de forma muy notable respecto a 2016 —los ejecutivos ganaron entonces 86 veces más que sus plantillas— y se situó cerca del máximo histórico (104 veces) registrado en 2014.

 

El aumento de la desigualdad retributiva el pasado curso se debió a las notables diferencias en el crecimiento de los sueldos en función del rango del trabajador. En el conjunto de las sociedades cotizadas (hay datos de 107 de ellas), los miembros de los consejos de administración ganaron de media 400.621 euros, un 21,36% más que en 2016. Por su parte, los altos directivos vieron aumentar su nómina un 2,95%, hasta una media de 586.128 euros. Estas alegrías en materia de retribución, sin embargo, no acaban de llegar al resto de trabajadores. El gasto medio por empleado en los grupos cotizados —partida que incluye el sueldo, las cotizaciones sociales y la aportación a los planes de pensiones— fue de 45.272 euros en 2017, solo un 0,81% superior al de un año antes.

 

La mejora de los ingresos en las cúpulas empresariales se debió a la actualización de la parte fija del salario y, sobre todo, al cobro de diferentes bonus y, en algunos casos, de sustanciosas indemnizaciones. La evolución retributiva, en todo caso, no fue homogénea. Los consejos de las grandes empresas vieron aumentar sus emolumentos en un 13,9%, mientras que la subida en los órganos de administración de las medianas y pequeñas sociedades cotizadas fue del 5,3%. En el caso de la alta dirección, las nóminas aumentaron un 3,7% dentro del Ibex 35, por un 5,3% en el resto de cotizadas.

 

Un consejero ejecutivo del índice selectivo ganó de media 3,07 millones —sin contar la aportación al plan de jubilación—, mientras que el resto de consejeros (dominicales e independientes) recibieron 167.012 euros. Fuera del Ibex, los consejeros ejecutivos ingresaron 1,13 millones de euros en promedio y el resto de categorías de administradores ganaron 81.835 euros. En el caso de la alta dirección, el sueldo medio en el Ibex ascendió a 938.026 euros por 308.418 euros entre los directivos de los grupos medianos y pequeños.

 

Gana el efectivo

 

En otras latitudes, sobre todo en los países anglosajones, el pago en acciones y opciones sobre acciones está muy extendido con el fin de alinear los intereses de los ejecutivos con la evolución bursátil de la compañía en el medio plazo. En España se aprecia una leve tendencia hacia ese objetivo, pero el salario en efectivo (fijo o variable) sigue siendo el rey indiscutible de las nóminas de los directivos. En 2017 el sueldo en metálico supuso el 74,02% del total de la masa salarial de las empresas cotizadas, frente a la ponderación del 78,17% que tenía en 2016. El segundo componente con más peso en los paquetes retributivos fue el pago en acciones, con una contribución del 14,74% sobre el total (en 2016 fue del 11,05%), seguido por la aportación a los planes de pensiones que pasan a representar el 7,57% de la remuneración frente al 6,72% del año anterior. Las opciones sobre acciones en 2017 cayeron y solo supusieron el 4,05% del total.

 

En el olimpo salarial de la Bolsa española figuran los primeros espadas de las grandes empresas, aunque el pasado año también se colaron ejecutivos de compañías que no están en el Ibex 35. Es significativo el ascenso que protagonizaron en el escalafón salarial los directivos de diferentes grupos inmobiliarios (promotoras y Socimi), como ya ocurriese en los mejores tiempos de la anterior burbuja inmobiliaria.

 

La persona con el mayor salario del mercado español fue el consejero delegado de ACS. Marcelino Fernández Verdes recibió 22,38 millones de euros entre sueldo y pensión. Esta cantidad se debe, fundamentalmente, al bonus que cobró de las participadas del grupo, Hotchtief y Cimic, de las que es el primer ejecutivo.

 

La segunda retribución más abultada le correspondió a Jesús María Herrera, consejero delegado de Cie Automotive. El ejecutivo del grupo industrial cobró en total 17,72 millones, gracias fundamentalmente al “incentivo basado en la evolución del precio de la acción” que la junta de accionistas aprobó en 2014.

 

El tercer puesto en el podio salarial lo ocupó el presidente de Acciona. José Manuel Entrecanales recibió 14,25 millones entre sueldo y pensión, un 148% más que en 2016 gracias fundamentalmente a la entrega de acciones de la compañía valoradas en 4,54 millones.

 

Como viene ocurriendo en los últimos años, las salidas a Bolsa de muchas empresas impulsan la cuenta corriente de sus directivos. Juan Velayos, consejero delegado de la promotora Neinor Homes, recibió una remuneración total de 11,95 millones, lo que le valió para ocupar la cuarta posición en el ranking, gracias fundamentalmente al incentivo que recibió cuando la compañía se estrenó en el parqué.

 

La quinta remuneración más elevada del mercado continuo fue la de Francisco Reynes. En su último año al frente de Abertis cobró un sueldo de 2,87 millones y la concesionaria de autopistas le hizo una aportación a su plan de pensiones valorada en 8,91 millones.

 

En la Bolsa española 105 consejeros ejecutivos cobraron más de un millón de euros el pasado año. La testimonial presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad de las grandes empresas tiene su reflejo en la clasificación salarial. Solo dos ejecutivas figuran entre los 150 mejores sueldos de la Bolsa española. La primera es Ana Patricia Botín, en el puesto octavo. La presidenta del Banco Santander cobró el pasado año 10,58 millones entre salario y pensión. Para encontrar a la segunda mujer hay que descender hasta el puesto 81º, donde figura la consejera delegada de Bankinter. María Dolores Dancausa ganó 1,3 millones.

 

La compañía con mayor desigualdad salarial en 2017 entre el ejecutivo mejor pagado y el gasto medio de sus empleados fue Cie Automotive. La brecha en el caso del fabricante de componentes para automóviles se situó en 656 veces. En el caso de ACS la diferencia entre el mejor sueldo y la media fue de 528 veces. Inditex también figura todos los años en los primeros puestos en desigualdad. Los 10,69 millones de euros que cobró en total el presidente del grupo textil, Pablo Isla, equivalen al gasto medio de 445 de sus trabajadores. Otros casos donde la brecha fue significativa fueron los de Acciona (356 veces), Abertis (278 veces), Indra (211 veces) y Banco Santander (171 veces). (elpais.es)

 

 

 

 

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Barcelona comienza a expropiar los pisos vacíos de los bancos

El Ayuntamiento de Barcelona ha retomado la expropiación temporal de cinco pisos vacíos —propiedad de bancos— después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantara, el pasado 28 de marzo, la suspensión de la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión. El gobierno de Mariano Rajoy recurrió en octubre la normativa aprobada por el Parlament. La ley incluía mecanismos como la posibilidad de expropiar pisos que llevaban más de dos años vacíos. El Constitucional dejó en suspenso la norma durante unos meses, pero acabó resolviendo que estas expropiaciones son legales. Tras la decisión, el gobierno de Ada Colau ha anunciado que revisará 2.021 pisos susceptibles de ser expropiados.

 

El gobierno de Mariano Rajoy recurrió, el pasado octubre ante el Tribunal Constitucional la ley catalana 4/2016. Tras la petición del gobierno, el Alto Tribunal suspendió de forma provisional gran parte de la norma que, entre otros asuntos, facilitaba la mediación entre bancos y familias endeudadas y que preveía mecanismos para reducir el número de pisos vacíos en las ciudades catalanas como la expropiación temporal de aquellos inmuebles —propiedad de bancos y grandes propietarios— que se acredite que llevan más de dos años sin estar habitados.

 

El pasado 28 de marzo el Constitucional levantó la suspensión de algunos preceptos de la ley, entre ellos, el artículo 15 que permite la expropiación del uso temporal de la vivienda por un periodo mínimo de cuatro años y máximo de diez siempre que los inmuebles estén situados en áreas con una demanda residencial “fuerte y acreditada”.

 

El concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, recordó ayer que tras el levantamiento de la suspensión de la norma, hace dos semanas, el Ayuntamiento de Barcelona recuperó 16 expedientes de expropiación que tenía abiertos el pasado octubre.

 

“Todos provenían del registro de viviendas vacías y ocupadas de la Generalitat de Cataluña. En el transcurso de estos meses en los que la ley ha quedado suspendida, once de aquellos pisos han sido cedido u ofrecidos por el derecho de tanteo y retracto al Consistorio, pero en cinco de ellos procederemos a la expropiación para destinar su uso al alquiler social”, explicó Montaner.

Estas cinco viviendas son propiedad de entidades financieras —dos de ellas son del banco malo (Sareb) y tres de BBVA— y están situadas en los distritos de Gràcia, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y dos en Sant Andreu.

 

El registro de la Generalitat que contabiliza el número de viviendas vacías y okupadas propiedad de entidades bancarias ha contabilizado 2.021 pisos en la capital catalana, la mayoría de ellos (987) son de BBVA, seguidos de la Sareb (320) y de sociedades financieras (218).

 

El Ayuntamiento trabaja ahora con ese registro y con el censo municipal de pisos vacíos —que todavía no se ha concluido—, comprobando cuántos de esos inmuebles siguen sin habitar para iniciar los trámites de expropiación. “Es complicado saber cuántos pisos podrán ser expropiados, ya que de los 2.021 hay muchos que están okupados y no se abriría este proceso”, aseguró ayer Montaner, que cree que con esta medida se llegará a expropiar un máximo de 600 pisos.

 

El Ayuntamiento de Barcelona es el primero en todo el Estado que ha tomado una decisión tan drástica para ampliar el parque de alquiler social. La técnica del área de Vivienda Fuensanta Alcalá puntualizó ayer que el proceso de expropiación es largo, puesto que las entidades bancarias presentan alegaciones. Sin embargo, una vez conseguido el piso el importe del alquiler social —“que no puede superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar”, matizó— se devuelven a la entidad propietaria del piso que nunca pierde la titularidad.

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El espejismo del “reciclaje”

El reciclaje del plástico no funciona y no es una solución sostenible.

 

Es un montaje que nos hace sentir bien y nos aleja de las soluciones verdaderas.

La triste realidad es que cuando pones un plástico en un contenedor de reciclaje nadie se responsabiliza de que vaya a ser empleado para nada.

En realidad, las posibilidades de que sea convertido en otro objeto de plástico similar (es decir reciclado de verdad como el metal o el vidrio) son mínimas por no decir que nulas.

Lo normal es que los plásticos terminen en la basura o en el medio ambiente, con un costo terrible para el planeta y la salud humana, no sólo ahora, sino para muchas generaciones futuras.

 

El mal uso intencionado de la palabra “reciclaje”

 

Poner un plástico en un contenedor especial no es “reciclar”, ya que nadie garantiza que se vaya emplear para nada, y mucho menos que vaya a ser reciclado de verdad.

Por razones técnicas y económicas el plástico es muy caro y complicado de reciclar de verdad, es decir, en ciclo cerrado como el metal o el vidrio.

Salvo algunas excepciones, lo mejor que le puede pasar al plástico que ponemos en un contenedor es que sea convertido en otros objetos no reciclables (lo que se llama downcycling),  plásticos de inferior calidad, textiles… Es decir, que sólo estamos retrasando su llegada al basurero.

Además, el downcycling no frena la necesidad de fabricar millones de toneladas de plástico nuevo para fabricar cada vez más objetos desechables. Y en el supuesto de ciencia ficción de que consiguiéramos someter a “downcycling” el 100% de los plásticos que se fabrican, ¿qué haríamos con los objetos generados? ¿Tapizar el mundo entero con tejidos de forro polar?

 

La falacia de los triángulos de reciclaje

 

Otra falacia notable es los símbolos triangulares de “reciclaje” con flechas que vemos dibujados o grabados en los plásticos y que llevan un número dentro. Esos triángulos con flechitas en absoluto quieren decir que ese plástico sea reciclable. Los números son una manera de agrupar en 7 clases las más de 80.000 resinas plásticas que hay en la actualidad, y las flechitas no quieren decir absolutamente nada, simplemente están ahí para engañar al consumidor. Muchos grupos llevan años pidiendo que esos símbolos engañosos sean eliminados.

 

¿Sorprendido?  Los secretos sucios del “reciclaje” del plástico no acaban ahí.

 

Los ciudadanos ponemos plástico en los contenedores de reciclaje pensando que serán reciclados en objetos similares. Sin embargo la mayor parte del plástico que ponemos en los contenedores es arrojado al basurero, incinerado, o exportado a países como China.

En 2011 la UE exportó  3.4 millones de toneladas de basura de plástico, sobre todo a China, para ser incinerada aprovechando que las normativas ambientales son más laxas, o para que sea convertida en objetos no reciclables (downcycling), todo ello en condiciones ambientales y de salubridad deplorables.  Canadá, EEUU y otros países ricos también exportan sus desechos plásticos a Asia.

En algunos de los países con mayores tasas de “reciclaje” del mundo, Como Alemania, más del 50% del plástico que se recupera es quemado directamente en incineradoras, con un terrible impacto  en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Mirando todo esto, poner plástico en contenedores especiales no debería llamarse “reciclar”.  Estamos más bien ante un negocio opaco y engañoso, diseñado para que nos quedemos con la conciencia tranquila y sigamos enganchados a los plásticos de usar y tirar, los cuales permiten beneficios millonarios a unos pocos, a costa de la salud y del medio ambiente de todos. (fuentes de datos)

 

El falso “éxito” del reciclaje en Europa.

 

Años de adoctrinamiento y de un enorme gasto de dinero público han dado lugar  a sofisticados sistemas de recuperación de algunos tipos de plástico (como el PET) en varios países europeos.

La industria menciona estos sistemas como ejemplos de que el reciclaje de plásticos es una solución verdadera y sostenible y los gobiernos les secundan en esta falacia para no tener que dar explicaciones ante los ciudadanos por haberse convertido en basureros al servicio de una de las industrias más poderosas del mundo. Veamos lo que ocurre en realidad.

Según las propias cifras de la industria, en Europa se recuperan sólo en torno al 25% de los plásticos que se producen. Dentro de ese 25%, en términos de residuos generados por los consumidores europeos, en 2011 se recuperaron 14.3 millones de toneladas, un 58%.  Parece que no está mal como cifra, pero ¿a dónde va todo este plástico recuperado? Un 25% de esa cantidad, 3.4 millones de toneladas, se exportan, casi todo a China. (fuentes)

¿ Y qué pasa con el resto?  En países como Alemania o los países nórdicos más de la mitad es quemado en incineradoras. Osea que de cada cuatro plásticos que el consumidor europeo pone en un contenedor “para reciclar”, dos son quemados, y uno exportado a China (donde será quemado o usado en downcycling sin garantías ambientales ni laborales). ¿Y qué pasa con el 25% restante?  Dependiendo del tipo de plástico (¡hay miles!) y del lugar donde sea recuperado, pueden ocurrir tres cosas: que vaya directamente al basurero (lo más normal), que sea convertido en algo no reciclable (textiles, plásticos de baja calidad, etc) o, lo más raro de todo, que efectivamente sea convertido en un objeto parecido y que, que a su vez, sea reciclable de nuevo.  Este porcentaje mínimo residual sería la verdadera tasa de reciclaje real de Europa.  Una realidad  muy diferente a lo que quieren hacernos creer cuando nos animan a “reciclar”.

Esta es la lamentable verdad del reciclaje que nadie, ni los gobiernos, ni la industria, ni los que se lucran con todo esto quieren que sepamos.

 

¿Qué pasa en los países en vías de desarrollo, donde vive el 85% de la población mundial?

 

En EEUU el porcentaje de plásticos recuperados (que no es lo mismo que reciclados) frente a los producidos apenas supera el 7%. En Europa es de un 25%. Ya hemos visto que dos tercios de estos plásticos se exportan a países pobres o se incineran, y el resto, salvo una pequeña parte, terminan en los basureros.

Imagina ahora cuáles son los porcentajes de recuperación de plásticos en los países en vías de desarrollo, donde vive el 85% de la población mundial. Estos países se están ahogando en una marea de plástico por carecer de medios para gestionar los desechos generados por la cultura de “usar y tirar”. Además, Europa, EEUU y Canadá exportan millones de toneladas de sus desperdicios de plástico a países más pobres.

 

Es hora de despertar del espejismo del “reciclaje”

 

Poner cosas en contenedores de colores nunca será “reciclar” en tanto no existan mecanismos económicos o legales que garanticen un ciclo cerrado para esos productos.

Es hora de tomar decisiones basadas en la realidad de los hechos y en el impacto intolerable de los plásticos sobre el medio ambiente y la salud.  Decisiones que también tengan en cuenta al 85% de la población mundial que vive en países en vías de desarrollo y que se están ahogando en residuos de plástico.

La verdadera solución es usar el sentido común:

Romper con nuestra adicción a los plásticos de usar y tirar. Reducir tanto embalaje redundante e inútil, diseñar productos sostenibles, emplear envases reutilizables, y elegir materiales realmente reciclables, como vidrio, metal y papel.

En lugar de emplear dinero público para convertir a sociedades enteras en gestores de basura al servicio de grandes corporaciones, los propios fabricantes deberían ser los responsables legales del ciclo de vida completo de cada producto, incluso tras la venta.

En la actualidad, los fabricantes en general se  lavan las manos una vez han vendido el producto, y hacen a los ciudadanos y a los gobiernos responsables de gestionar la ingente cantidad de residuos que  generan con sus decisiones insostenibles de embalaje y diseño, a costa de la salud y del medioambiente de todos.

Si los fabricantes fuesen responsables de pagar por los residuos que generan veríamos cambios radicales en la manera que los productos se diseñan, envasan y distribuyen.

En Febrero de 2013 un grupo internacional de científicos hizo una petición formal a los gobernantes de todo el mundo para que el plástico sea declarado residuo tóxico y peligroso.

 

 

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Demoledor informe de la UE contra la injerencia privada en el sector público

El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada. En un reciente informe que acaba de publicar el principal órgano de control financiero de la Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.

Además, recomienda que ni la UE ni sus Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.

En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos “no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas”.

En un análisis devastador, añade que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto “insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes”, donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.

El informe asevera que los proyectos público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses. Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales”.

Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. Según revela el informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.

Sombras de corrupción
La sospecha de la corrupción política sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación de contratos públicos tradicional”.

En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.

Las auditorias revelan que en el caso de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el socio público. En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158 millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este informe.

Próximo negocio, el agua
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo se conocen tras el anuncio de los rescates de las autopistas de peaje por parte del Gobierno central, lo que supone un nuevo varapalo a los modelos de participación público privados. Sin embargo, las grandes constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un sector agotado financieramente; sino que se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.

“El agua es un servicio público que se presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”, asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS).

En efecto, según datos del Tribunal de Cuentas, los servicios ya privatizados (sea como empresas que se han hecho con la concesión del servicio de aguas o empresas mixtas público-privadas) presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o del 71% en limpieza viaria (que se suelen abonar en el recibo del agua). Sobrecostes que además llevan añadidos una prestación del servicio de menor calidad y una infrainversión, según estas mismas fuentes.

En una situación de emergencia social, y de duras críticas sobre este modelo público-privado o directamente privatizador, la patronal del agua AEAS-AGA, que agrupa a las tres principales multinacionales del agua -FCC Aqualia, Grupo Suez y Acciona- y sorprendentemente a algún operador público, ha mandado recientemente una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para incluir los mecanismos de contratación público-privados como una prioridad dentro del denominado Pacto Nacional del Agua en el que trabaja el Ejecutivo: una vuelta de tuerca a un modelo que busca hacer negocio a partir de los servicios públicos que requiere de la connivencia de los representantes políticos. (publico.es)