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La revolución contra la subida del alquiler cobra cuerpo en Berlín

Unas lonas cubren los andamios de un complejo de edificios al norte de Berlín. Ocultan la renovación de un complejo de 250 viviendas de los años treinta, demasiado costosa para algunos inquilinos cuyas rentas se dispararían. Sebastian Roos ha optado por librar la batalla en los tribunales y en las calles, pidiendo una solución contra lo que considera una subida desorbitada de los alquileres. Roos no está solo. Los carteles contra “la locura del alquiler” y llamando a la movilización ciudadana cuelgan desde hace meses por todo Berlín. La presión social que exige viviendas asequibles arrecia y los políticos berlineses han terminado por mover ficha.

El Gobierno de la capital alemana ha anunciado que congelará los alquileres durante cinco años. “La vivienda es una necesidad básica […]. Con la nueva ley queremos poner freno al serio incremento de los últimos años y enfriar el calentamiento del mercado del alquiler en Berlín”, anunció la ministra regional de desarrollo urbano Katrin Lompscher hace una semana. Se calcula que la medida afectará a 1,5 millones de apartamentos.

Activistas y autoridades coinciden en que algo hay que hacer. Los alquileres en Berlín se han duplicado en la última década y el precio de venta creció en 2017 un 20,5% más que en ninguna otra ciudad, según los datos de Knight Frank. La subida de los alquileres afecta de manera especial en la capital, donde el 85% de las personas vive de alquiler. Además, Berlín es una ciudad magnética que no deja de crecer y que se calcula que atrae cada año a 40.000 personas. Trabajadores, estudiantes y demandantes de asilo se instalan en la capital alemana en busca de una nueva vida. Mientras, la construcción de nuevas vivienda no avanza al ritmo necesario para dar respuesta a la creciente demanda.

El acuerdo adoptado por el Gobierno de Berlín (una coalición de socialdemócratas (SPD), verdes y Die Linke) debe ser todavía redactado en forma de ley el próximo 17 de octubre por el Parlamento regional, donde se espera que alcance sin problemas la mayoría. La entrada en vigor está prevista para enero de 2020, pero el acuerdo marco tiene efecto retroactivo desde el 18 de junio para evitar subidas hasta la aprobación definitiva. Las violaciones de la norma podrán acarrear multas de hasta 500.000 euros.

En el caso de las modernizaciones y mejoras, la norma obliga a los propietarios a pedir autorización y fija un tope de 50 céntimos de subida por metro cuadrado. A los inquilinos que firmen ahora un contrato no les podrán pedir más que lo que pagaban los anteriores y los arrendatarios que paguen un precio muy elevado comparado con los topes que se fijen, podrán incluso solicitar una rebaja. (elpais.es)

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El Ayuntamiento de Barcelona expropia por primera vez el uso de un piso vacío de un banco

El Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado por primera vez el uso de una vivienda propiedad de un banco que estuvo más de dos años vacía. El consistorio se ha valido de la ley catalana de protección de la vivienda de 2016, cuya suspensión levantó el Tribunal Constitucional en marzo, para asumir el uso de este piso propiedad del BBVA durante los próximos diez años, el máximo que permite la norma.

La nueva concejal de Vivienda de la ciudad, Lucía Martín –hasta ahora responsable de vivienda de En Comú Podem en el Congreso–, ha explicado que esta expropiación de uso es la primera que se lleva a cabo en la ciudad y que hay otros siete procedimientos abiertos a entidades como Caixabank, BBVA, Sareb y Bankia. Con la aprobación de la ley en el Parlament, en 2016, se llegaron a abrir 16 expedientes en este sentido, pero la suspensión cautelar del TC conllevó el cierre de varios de ellos.

Fuentes del BBVA han precisado sin embargo que la vivienda está habitada actualmente por una "familia vulnerable" y que han presentado recurso contra la expropiación. Añaden además que la vivienda se encuentra en venta "con un importante descuento" para que las administraciones puedan adquirirla, dentro de la operación de venta de activos inmobiliarios al fondo Cerberus.

Ante esto, desde el consistorio dicen tener constancia de que está ocupada pero alegan que en el momento de abrir el procedimiento sí llevaba más de dos años vacía. Fuentes del Ayuntamiento agregan que estudiarán el caso de la familia para "normalizar" su situación.

El piso expropiado se encuentra en la calle Palermo del Besòs. Martín ha recordado que las iniciativas disciplinarias del Ayuntamiento en materia de vivienda no tienen como objetivo sancionar a los grandes propietarios, sino que sus pisos recuperen su función social. Es decir, que estén ocupados por familias.

Para comprobar si un piso está vacío, el consistorio consulta en primer lugar el Registro de Viviendas Vacías propiedad de grandes tenedores. Luego se cerciora de que está efectivamente desocupado a través de certificados de agua y luz, con el empadronamiento o con una inspección. Lo más complicado sin embargo no es demostrar que el piso no está ocupado en el presente, sino que no lo haya estado en los dos años anteriores, el tiempo mínimo que marca la ley para permitir la expropiación.

Una vez hecha la comprobación, la Administración, de acuerdo con la ley, debe acreditar que el piso se encuentra en una zona de "fuerte" demanda residencial. El proceso no excluye además que el consistorio deba abonar un justiprecio al propietario, que en este caso será de 10.000 euros. (eldiario.es)

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¿Limitar el precio del alquiler? Portugal demuestra que es posible

Mientras que en España hablar de limitar el precio del alquiler es casi mentar a la bicha, con el Banco de España declarando que hacerlo conduciría a una reducción de la oferta y podría favorecer un deterioro importante de los inmuebles, Portugal muestra que otro camino es posible: el Gobierno portugués estrenará el próximo 1 de julio un nuevo programa de "alquiler accesible", denominado Programa de Arrendamiento Accesible, que impone límites en los precios en función de la zona del país en el que se encuentre el inmueble y su tamaño.

Así por ejemplo, el nuevo plan limitará a 600 euros —cantidad equivalente al salario mínimo del país— el precio del alquiler de un estudio de un único ambiente en Lisboa, ciudad donde se registran los precios más elevados del país y donde la presión turística y el incremento del valor del mercado han provocado el éxodo de muchos residentes a la periferia. También habrá un límite de 900 euros por un piso de una habitación o hasta 1.150 por un apartamento de dos.

El precio mayor, según recoge recogía la semana pasada el Diário de la República (equivalente al español Boletín Oficial del Estado) serán los 1.375 euros que podrá costar el alquiler de viviendas de tres habitaciones, los 1.550 por las de cuatro y 1.700 por las de cinco.

En aquellas que tengan seis o más habitaciones —casos relativamente frecuentes en la capital portuguesa—, a esos 1.700 euros se les podrá sumar hasta otros 150 adicionales por cada cuarto de más.

En el escalón anterior a Lisboa se encuentran las localidades de Cascais, Oeiras —vecinas—, y Oporto, la segunda ciudad del país, donde los precios máximos serán de 525 euros para las viviendas de un único ambiente, 775 en las de una habitación, 1.000 en las de dos, 1.200 en las de tres, 1.350 en las de cuatro y 1.500 en las de cinco.

La mayoría de los localidades de Portugal se sitúan en el segundo escalón de precios más bajo, en el que las viviendas de un solo ambiente podrán costar hasta 250 euros, las de dos habitaciones hasta 450 y las de cinco hasta 675 euros.

No obstante, el Programa de Arrendamiento Accesible, que pretende combatir la acusada subida de precios que han sufrido los arrendamientos durante los últimos años, no estará disponible para todos los ciudadanos: dependerá del nivel de renta.

Si el alquiler se realiza por una única persona, esta no podrá tener unos ingresos brutos anuales que superen los 35.000 euros, un límite que se establecerá en los 45.000 si el contrato lo firma una pareja.

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Una sociedad enferma: lo más buscado en páginas porno, el vídeo de la trabajadora de Iveco

Ocurrió con el caso de La Manada y ha vuelto a pasar. Tras el suicidio de una trabajadora de Iveco por la difusión de un vídeo privado de contenido sexual, varias personas han convertido palabras como “Verónica” o “Trabajadora de Iveco” en lo más buscado de páginas porno.

Así lo ha denunciado María Martín en las redes sociales, mostrando un pantallazo de una página porno en la que se puede leer en el historial el nombre de la víctima y varias búsquedas similares.

Los tuiteros se han hecho eco de lo ocurrido y desde Público se ha comprobado la información contrastando, además, que no sólo aparece en el historial, sino en ‘Tendencia’ como uno de los vídeos más buscados.

Este hecho es una muestra más de una sociedad enferma que, aun sabiendo las consecuencias fatales que tuvo la difusión de este vídeo, lo busca por el morbo que les produce. Por ello como comentaba en un hilo la tuitera Maestra Enfurecida es fundamental la educación desde edades muy tempranas para prevenir este tipo de comportamientos que, en muchos casos, están socialmente aceptados. Sin ir más lejos, ayer, Fran Rivera puso el foco en las mujeres que se graban y no en las personas que lo difunden sin permiso. (publico.es)

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Barcelona podrá limitar el precio del alquiler de la vivienda

El Govern limitará el precio de los alquileres en Catalunya y le da la opción al Ayuntamiento de Barcelona a que haga lo propio en la capital catalana o en los barrios que considere ‘área tensa de mercado’. Finalmente el Consell Executiu de la Generalitat abordará —y previsiblemente aprobará en su reunión de este martes— el decreto ley elaborado por la Conselleria de Justícia con el que se pretende poner freno a la tensión en el mercado de la vivienda de arrendamiento.

Queda superada la minicrisis que se produjo la semana pasada entre la conselleria que dirige Esther Capella y la de Territori i Sostenibilitat, de Damià Calvet (PDeCat), que mostró sus reticencias al proyecto legislativo que anunció  Capella la semana pasada y que avanzó este diario el pasado lunes. Fuentes conocedoras del decreto han señalado que este se presentará con una mínima variación sobre el texto anunciado la semana pasada en cuanto a la dimensión máxima de las viviendas que quedarán exentas de la limitación de precios, que pasa de los 120 metros cuadrados iniciales a 150 metros.

Al margen de Barcelona, el Govern de la Generalitat se encargará de aplicar la contención de precios en el resto de municipios catalanes. Y será el Departament de Territori –que tiene competencia sobre vivienda– quien se ocupe de ejercer esas atribuciones.

El índice de referencia de precios de alquiler será el instrumento para determinar las restricciones de precio. Ese baremo tan solo podrá superarse en un 10% en las zonas en las que se limiten precios. No obstante, las viviendas nuevas, así como las rehabilitadas integralmente podrán sobrepasar ese porcentaje (20%), aunque tan solo durante los cinco años posteriores a su construcción o renovacíón.

 

Margen de subida

Estos porcentajes implican que, por ejemplo, para una vivienda de 46 metros cuadrados en el barrio de Gràcia, con un precio —según el índice de la de referencia que ya utiliza la Generalitat—, de 14,26 euros por metro cuadrados, lo que da una renta de 655,90, podría alcanzar los 721 euros al mes, 786 euros en el caso de que la vivienda fuera nueva.

La ley considera que un área tensa de mercado será aquella en la que se acredita un crecimiento de los precios que obliga a disponer de un presupuesto familiar para el alquiler superior a la media de Catalunya o en la que existe desproporción entre el aumento de la población y el número de viviendas disponibles. El Govern también tiene previsto dar luz verde a la memoria preliminar del anteproyecto de ley de arrendamiento de fincas urbanas, también impulsado por Justícia,  que debe incorporar el mecanismo para la limitación de los precios de alquiler y ampliará la regulación de otros aspectos relacionados con los alquileres. Entre otros aspectos se establece que la duración mínima de los contratos de alquiler en Catalunya se situará en una horquilla de entre seis y 10 años. En el caso de los particulares la duración será inferior a la determinada para las empresas dedicadas al negocio inmobiliario.

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La sanidad madrileña pierde 800 camas hospitalarias en cuatro años pese al aumento de la población

El presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid “es crónicamente insuficiente” y está por debajo de la media de gasto por paciente de las comunidades autónomas en un 8,46% (1.254 euros frente a 1.370, con datos de 2017). Esto tiene traducción en aspecto como que la sanidad pública madrileña haya perdido 800 camas hospitalarias en cuatro años (de 2014 a 2017) pese al aumento de la población de la región o que solo un 47% de los pacientes reciba cita en los centros de salud de atención primaria en menos de 48 horas; casi un 15% debe esperar más de seis días. Estos son algunos de los datos del Observatorio Madrileño de la Salud, un informe que elaboran más de 40 entidades sociales y que se ha presentado este lunes.

“Lo más llamativo de los presupuestos de Madrid es que están por debajo del promedio de las comunidades autónomas. La Comunidad es la tercera en habitantes del país, pero si hablamos de renta per cápita en Sanidad, siempre está de las últimas, con 200 euros de renta per cápita menos que la media, y 600 euros menos que País Vasco, que es la que más invierte”, ha explicado Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). La población de la región es de 6,5 millones de personas en 2018, 163.000 personas más que en 2015.

Así, el informe, que repasa la situación sanitaria en la última legislatura, constata también que “el peso presupuestario de la atención primaria [los centros de salud] es el menor de todo el país y está en continua disminución”, mientras aumenta el gasto farmacéutico en una época en la que se han instaurado los copagos. Por eso, 169.000 personas no pueden acceder a medicamentos recetados por problemas económicos.

El documento, en cuya presentación estuvieron presentes representantes de los sindicatos UGT y CCOO, alerta de que la situación en la atención primaria es también difícil para los profesionales: si cada médico de familia atiende a unos 1.357 pacientes en la media nacional, en Madrid son 1.557 pacientes. El resultado es que la demora en las citas no deja de aumentar, y mucha de esa gente opta por acudir a las urgencias, con la consiguiente saturación de este servicio. “Los experimentos instaurados por la Consejería de Sanidad” como los recortes horarios en los ambulatorios “no han mejorado esta situación y han aumentado las demoras”, señala el informe. (elpais.es)

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El gasto militar mundial crece un 2,6% empujado por EEUU y China

El presupuesto público que los países dedican a actividades militares como el ejército, la investigación o la compra de armas creció en 2018 por segundo año consecutivo. Según los datos más recientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial se incrementó un 2,6% respecto a 2017 hasta alcanzar los 1,8 billones de dólares, 87.000 millones más que el año anterior. En la actualidad, es un 76% más alto que el mínimo histórico registrado después de la Guerra Fría, en 1998.

El instituto sueco destaca dos nombres propios. EEUU y China concentran la mitad del la inversión mundial en Defensa y a ellos se debe el crecimiento experimentado el año pasado.

En el caso de Estados Unidos, se incrementó por primera vez su presupuesto en siete años. De acuerdo con los investigadores del SIPRI, el repunte del 4,6%, hasta llegar a los 649.000 millones de dólares, se explica por la puesta en marcha desde 2017 de los nuevos programas de compra de armas bajo la administración Trump.

"Donald Trump ha iniciado un costoso programa de adquisición de armas así como un programa de modernización nuclear que podría durar los próximos 25 años. Se estima que su coste se situará entre los 1,2 y 1,8 billones de dólares. Este programa se debatió bajo el mandato de Obama y el Gobierno de Trump está muy involucrado en la firma y el cumplimiento del acuerdo", sostiene Nan Tian, investigador del programa Armas y Gasto Militar (AMEX) del SIPRI, en declaraciones a eldiario.es. EEUU sigue siendo, de largo, el país que más dinero emplea en mantener su estructura militar en el mundo, lo que representa un 36% del gasto mundial total.

 

China, el segundo país con mayor gasto militar

Tras Estados Unidos, el siguiente en liderar el ranking mundial es China, que incrementó su presupuesto militar un 5%, hasta los 250.000 millones de dólares, en 2018. Según los datos del centro de estudios, el gigante asiático lleva 24 años consecutivos de aumento con el objetivo de modernizar sus fuerzas armadas: en 1994, su gasto era casi 10 veces menor.

"Los grandes aumentos de China se deben en gran medida a las altas tensiones en la región. Y las reacciones de otros países, como India, los países del sudeste asiático o Japón, son en su mayoría una respuesta a la militarización de China", afirma Tian. De hecho, desde finales de la Guerra Fría, el gasto militar en Asia y Oceanía ha crecido cada año, según el análisis de SIPRI, que cada año hace un seguimiento de estos datos. Son notables los aumentos de Pakistán, Corea del Sur e India, que incrementó su presupuesto militar un 3,1%.

India se encuentra entre los cinco países con más gasto en 2018, detrás de Estados Unidos, China, Arabia Saudí y por delante de Francia. Entre todas las potencias suman el 60% del gasto militar global. En sexto lugar queda Rusia, cuyos datos se redujeron un 3,5% en comparación con 2017.

Los países europeos y norteamericanos aliados en la OTAN continúan siendo los que más dinero invierten en actividades militares: el gasto total del conjunto de los 29 países miembro ascendió a 963.000 millones de dólares en 2018, el 53% del total mundial. Destaca entre ellos Turquía, cuyo gasto creció un 24% en 2018, el mayor incremento de los 15 países que lideran el ranking. (eldiario.es)

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«El código postal influye más que el código genético en la salud»

Atiende en las urgencias de Atención Primaria y es una eminencia en enfermedades tropicales, que lleva investigando desde hace 15 años. Miriam Navarro (Alicante, 1974), doctora en Salud Pública, investigadora en la Universidad Miguel Hernández de Elche y colaboradora de distintas ONGs, sabe lo que es atender al paciente que entra por la puerta del centro de salud en Alicante pero también tratar a colectivos vulnerables en Argelia, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Bolivia o Argentina. También en España a los que más han sufrido los recortes de los últimos años en la sanidad pública.

Médica vocacional, Navarro defiende la necesidad de que las administraciones pongan el acento en  los condicionantes sociales para la salud: la renta, el género, disponer de una vivienda digna y una fuente de calor en invierno… Repite una frase que ha hecho fortuna entre los profesionales de la atención primaria, que es la puerta de entrada a la sanidad: "El código postal influye más en la salud que el código genético del paciente".

Si ella fuera presidenta, empezaría por intentar reducir las desigualdades sociales, por justicia, pero también porque es una forma de "mejorar la salud pública", inyectaría recursos en la atención primaria e intentaría proteger el medio ambiente: "No lo queremos ver pero está influyendo enormemente en nuestra salud". También priorizaría revertir los recortes: "Ahora la sanidad es pública pero no universal".

Ha vivido de cerca las consecuencias de las barreras que durante los años más duros de la crisis se impusieron en la sanidad pública para que los inmigrantes tengan más difícil recibir atención. ¿Qué ha visto?

Claro, con el Real Decreto-Ley 16/2012, se excluyó a cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria, y uno de los colectivos que más notó ese cambio fueron los inmigrantes. Hubo personas recién llegadas que no tenían derecho a acceder al sistema sanitario y otros que llevando aquí muchos años, lo perdieron. Hubo gente que dejó de ir a las citas médicas o de recibir un tratamiento adecuado. Y además hubo mucha desinformación sobre qué derechos tenían como pacientes. Pongo un ejemplo: una de las excepciones a la hora de acceder al servicio sanitario era que si alguien tenía una patología crónica que había sido diagnosticada antes de entrar en vigor ese real decreto, seguía teniendo derecho a un seguimiento médico, a pesar de no tener tarjeta sanitaria. Había personas con cardiopatías, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas [en la que Miriam Navarro es una de las mayores expertas] que dejaron de ir a sus controles médicos porque creían que habían perdido ese derecho, con las consecuencias que eso tiene para la salud.

¿Ha visto miedo en esos colectivos como consecuencia de tener vetada la sanidad?

Sí, había miedo a ir a Urgencias porque pensaban que les iban a hacer firmar la carta de pago y ellos no tenían dinero y miedo a que su situación irregular fuese denunciada. La salud de algunas personas se ha visto mermada por culpa de estas medidas. El movimiento Yo Sí Sanidad Universal era necesario, y lo sigue siendo.

Todos estos cambios han afectado a las poblaciones más vulnerables y uno de los colectivos que más lo han sufrido son los inmigrantes, y dentro de este grupo, las mujeres. Otro determinante que influye en la salud es el género. Ser mujer nos da peores papeletas y, claro, las mujeres inmigrantes en situación irregular son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

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Berlín remunicipaliza su red eléctrica en detrimento del gigante sueco Vattenfall

Son casi diez años los que Eric Häublein, de la iniciativa Berliner Energietisch, ha pasado militando con un objetivo en mente: la remunicipalización de la red eléctrica de Berlín. La ciudad-estado capital alemana puso en manos privadas esa infraestructura en 1997. A principios de mes, el gigante sueco Vattenfall perdió el concurso que le hubiera permitido renovar su ya dilatado control de la explotación de la red.

Ganó a Vattenfall la empresa pública Berlin Energie, una compañía surgida en 2012 a rebufo de la movilización de gente como Häublein. "La Berliner Energietisch se fundó en 2010 para volver a poner en manos públicas el suministro eléctrico de la ciudad", dice a eldiario.es un visiblemente satisfecho Häublein al comentar las noticias sobre el triunfo de Berlin Energie sobre Vattenfall. La firma local logró en el concurso público 14.590 puntos, siendo superior a la compañía sueca (13.350 puntos). "Clara derrota para Vattenfall", titulaba al respecto el diario generalista berlinés Der Tagesspiegel.

"Berlin Energie es el nuevo propietario de la red", mantiene Häublein. Alude así a una gigantesca infraestructura de la que unos pocos datos sirven para hacerse una idea de su tamaño. La red eléctrica berlinesa es, entre otras cosa, más de 35.000 kilómetros en cables y vías de conducción, 79 subestaciones eléctricas y 11.000 transformadores.

Referéndum en 2013

Häublein sabe que su implicación en la Berliner Energietisch tiene mucho que ver en esta remunicipalización. En 2013, esa iniciativa, que aglutina a medio centenar de organizaciones, donde se mezclan militantes y activistas ecologistas con ciudadanos berlineses comprometidos, logró organizar un referéndum sobre la remunicipalización de la red. Una votación de esas características se pretende realizar ahora con el objetivo de expropiar a las grandes empresas propietarias del sector inmobiliario en Berlín.

La votación que lanzó la Berliner Energietisch no contó con participación suficiente como para que la decisión obligara a las autoridades a desocupar a Vattenfall. "Aún así, votaron a favor de la remunicipalización 600.000 personas y 20.000 en contra. Eso, en cualquier caso, puso el tema en la agenda política", manifiesta Häublein.

Tanto es así que la coalición de izquierdas que dirige el alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Michael Müller, no tardó en hacer suya la causa de Häublein y compañía. "La coalición aspira a una remunicipalización al 100% de la red eléctrica", se lee en el contrato firmado por los representantes socialdemócratas berlineses junto a izquierdistas de Die Linke y ecologistas de Los Verdes tras las últimas elecciones celebradas en la ciudad-estado, en septiembre de 2016.  (eldiario.es)

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La Junta creará un impuesto a grandes propietarios de viviendas vacías

La Junta de Extremadura se compromete a elaborar en un plazo de 18 meses una norma para crear un impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías. Así se recoge en la nueva Ley de promoción y acceso a la vivienda, que ayer fue aprobada, y que deja un amplio margen para la regulación.

El PSOE logró en el último pleno de la legislatura el apoyo suficiente para aprobar las dos iniciativas legislativas que quedaban en tramitación. Por un lado, la nueva norma sobre vivienda, que salió adelante gracias a la abstención de Podemos. Por otro, la reforma de la ley de caza con el voto a favor de PP y Ciudadanos.

Fue más costoso aprobar la ley de vivienda, una iniciativa del Gobierno regional que, ante el cierre de la legislatura, ha sido finalmente presentada por el Grupo Socialista. Esta norma compendia la actual legislación regional en la materia, en la que se incluye la Ley de emergencia social de la vivienda aprobada en 2017. Por tanto, incide en el concepto de función social de la vivienda y mantiene cuestiones como las multas a viviendas desocupadas.

Podemos proponía ir más allá y establecer un nuevo impuesto a viviendas vacías, así como regular los arrendamientos urbanos. Por su parte, el PP exigía rebajar el impuesto de transmisiones y evitar la disolución de la empresa pública Gisvesa para que once trabajadores despedidos puedan recuperar su puesto en caso de que ganen los juicios planteados contra la Junta.

La propuesta sobre Gisvesa, que está en causa de disolución, salió adelante con el rechazo del PSOE y el apoyo de Podemos y Ciudadanos. Para el resto de la ley, el Grupo Socialista se apoyó en la formación morada, de la que se aprobaron prácticamente todas sus enmiendas, aunque muchas de ellas modificadas.

Entre otras, la que planteaba crear un impuesto a viviendas vacías propiedad de empresas que implicaba cobrar de 10 a 30 euros por cada metro cuadrado desocupado. El PSOE aceptó este tributo, pero deja su elaboración para la próxima legislatura y lo limita a los grandes tenedores. Además, renunció a regular los arrendamientos urbanos para controlar el precio del alquiler.

También salieron adelante dos enmiendas de Ciudadanos para que el nuevo registro de agentes y agencias inmobiliarias sea de inscripción obligatoria. (hoy.es)

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