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«El cambio climático es el síntoma pero la enfermedad es el capitalismo»

Profesor de Filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid, traductor, poeta, ensayista y miembro de Ecologistas en Acción, Jorge Riechmann (Madrid, 1962) desgrana un buen puñado de reflexiones incómodas sobre un modelo de vida que dirige a la humanidad hacia el despeñadero. En su libro Autoconstrucción cataloga el siglo XXI como “la era de la gran prueba” porque, según dice, “somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el clima y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos”. Lo suelta a bocajarro, como un puñetazo entre los ojos. Consciente de que el pesimismo en estos tiempos de oscuridad tiene cada vez menos adeptos, Riechmann censura sin ambages la mercadotecnia del “buenismo” de la que hace gala el sistema convocando grandes cumbres climáticas en las que a muchos se les llena la boca con compromisos medioambientales y “energías verdes” pero luego estigmatizan a los movimientos ecologistas como ingenuos apestados. La realidad que dibuja es desoladora. Todo está en contra del planeta pero, frente a eso, no cabe la resignación. “Aún podemos actuar contra este modelo de producción salvaje porque no está sujeto a ninguna ley física, como lo está la naturaleza, que impida cambiarlo”. Es el mínimo espacio que este investigador apasionado deja abierto a la esperanza.

 

¿Tiene solución el planeta?

Pienso que sí. Lo que no tiene sentido es intentar salvarlo interviniendo sobre el consumo y dejando intacta la voraz cultura productiva. Ambas variables caminan de la mano aunque no valga sólo con esto. Por nuestro comportamiento depredador con los recursos naturales y la biosfera habría que hablar también del extractivismo y, a mi modo de ver, también del exterminismo, una noción acuñada por el historiador británico E. P. Thompson para explicar la estructura del mundo a finales del siglo pasado, cuando las dos superpotencias nucleares enfrentadas amenazaban con aniquilar cualquier rastro de vida en el planeta.

La medida referencial del éxito de un sistema es el PIB. Si crece significa que las cosas van bien y hay esperanza de una vida mejor.

Es la locura típica de una cultura denegadora como la nuestra. Digo denegar porque va más allá de ignorar lo que pasa y es no ver lo que tenemos delante de los ojos. Significa que no nos hacemos cargo de las consecuencias de seguir chocando contra los límites biofísicos de manera violenta. Nos hacen creer que vivimos en una especie de Tierra plana en la que podemos avanzar de manera infinita porque los recursos naturales son inagotables y la capacidad de absorción de la contaminación es ilimitada. Esto es una fantasía porque las leyes de la naturaleza, de la física, de la dinámica de los seres vivos nunca podremos cambiarlas, por grandes que sean nuestras ilusiones al respecto.

 

Pero las grandes cumbres climáticas aseguran haber empezado medidas drásticas para evitar el apocalipsis. ¿Qué credibilidad concede a sus decisiones?

El calentamiento global, siendo una realidad devastadora, es sólo la manifestación de otras dinámicas que deberíamos atajar si queremos evitar el apocalipsis climático hacia el que nos dirigimos. Nuestro principal problema ambiental es la extralimitación ecológica, el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos de la Tierra. Si utilizamos la herramienta de la huella ecológica como indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana podemos observar que, en la actualidad, consumimos los recursos inexistentes de 1,5 planetas Tierra. Y eso a pesar de las carencias y desigualdades que asolan a buena parte de la humanidad. Dicho de una forma más didáctica: si quisiéramos generalizar al resto del mundo el modo de vida de los españoles necesitaríamos tener 3 planetas como la Tierra a nuestra entera disposición. Y si quisiéramos generalizar el de EEUU, que muchas veces ponemos como ejemplo de éxito, necesitaríamos 6. Es una locura que emana de esa construcción económica de tierra plana de la que hablaba antes.

 

Entonces, ¿qué empuja al mundo a seguir enalteciendo el crecimiento económico pese a saber que conduce a la destrucción?

El capitalismo, cuya dinámica es autoexpansiva y deniega cualquier salida alternativa. Para hacer frente al cambio climático deberíamos cuestionarnos antes los resortes básicos del capitalismo, algo que parece prohibido. Por eso digo que las cumbres mundiales sobre el calentamiento global no son realmente efectivas sino más bien ejercicios de diplomacia teatral.

 

¿No sirven para nada?

Confunden a la opinión pública. La prueba es que los grandes expertos en el cambio climático como James Hansen, a quien podríamos considerar el climatólogo jefe del planeta, calificó de farsa la cumbre celebrada en París. Se intenta poner un límite a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero pero los límites son absolutamente incompatibles con el sistema productivista actual. Aunque el síntoma sea el calentamiento climático, la enfermedad se llama capitalismo. (ctxt.es)

Berlín hará un referéndum para expropiar pisos a las grandes inmobiliarias

Las protestas y movimientos ciudadanos en contra de la gentrificación y el encarecimineto de la vivienda en la capital alemana están dando sus frutos. El Ayuntamiento de Berlín ha anunciado que está dispuesta a celebrar una consulta a la ciudadanía para prohibir que existan grandes tenedores de vivienda y expropiar dichas casas para convertirlas en viviendas sociales.

De aprobarse la ley propuesta, los grandes propietarios con más de 3.000 viviendas no podrían operar en la ciudad. Para llegar a las urnas, la iniciativa debe obtener primero 20.000 firmas de apoyo, algo que no será muy difícil atendiendo a las protestas celebradas en los últimos meses contra la gentrificación de barrios de Berlín o contra el campus de Google.

Según los cálculos realizados, las viviendas expropiadas podrían llegar a las 200.000. Estas casas se convertirían en viviendas de protección oficial y serían alquiladas en régimen de alquiler social a unos precios asequibles.

El Die Linke, los Verdes y algunos representantes del SPD, la llamada coalición rojo-rojo-verde de Berlín, han mostrado su apoyo a esta consulta. No es la primera maniobra de este tripartito contra el encarecimiento de la vivienda en la capital alemana. La construcción de viviendas asequibles ha sido una de sus principales prioridades, en el que se incluye también un plan para comprar viviendas privadas. "Además de nueva construcción, también queremos ver cómo podemos dar una buena oferta de vivienda, y aquí es donde la municipalización juega un papel importante", dijo el alcalde del SPD de Berlín, Michael Müller, en una conferencia hace menos de dos meses.

Las reacciones no han tardado. Los grandes medios alemanes y otros partidos políticos han puesto en entredicho la legalidad de dicho referéndum y la constitucionalidad de la expropiación forzada de viviendas. Pero, según indican desde las plataformas ciudadanas, citan un precedente legal establecido por la expropiación de tierras en Hamburgo después de una inundación en 1962 , tras la cual el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que el bien común a veces requería que interfiriera con los derechos de propiedad.

Hubo «intención clara de favorecer» a los fondos buitre en las ventas del IVIMA

La comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid ha asegurado, en su reciente informe de conclusiones, que hubo una "intención clara de favorecer", por parte del Gobierno regional, a los fondos de inversión licitadores, y a la postre adjudicatarios, de la venta de casi 3.000 vivienda sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 2013.

"Se puede afirmar que los responsables políticos de la enajenación utilizaron viviendas públicas para favorecer los intereses especulativos de grandes inversores conociendo perfectamente el quebranto económico que la operación iba a causar a la Comunidad de Madrid y, lo que es más grave, sin tener en consideración los derechos de los inquilinos de esas viviendas públicas y la pérdida de utilidad social de las mismas", han señalado los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Cs) en su informe final.

En noviembre de 2015 comparecieron en la comisión la presidente de la Asociación de Afectados por esta venta, Sonia Martínez, los exgerentes del Ivima, Ana Gomendio y Juan Van-Halen; la exsecretaria técnica de la Consejería de Transportes Matilde García; el socio fundador del Grupo Azora y presidente de Encasa Cibeles Fernando Gumizio; el exsecretario general del IVIMA Javier Carmena; el exconsejero de Transportes Pablo Cavero y el expresidente regional Ignacio González.

De dichas intervenciones los diputados concluyen que, con el argumento de la crisis económica, el Gobierno regional tenía una voluntad política "clara" para vender las viviendas sociales a licitadores "con una elevada capacidad de inversión dado el alto número de viviendas que formaban parte de las 32 promociones". (publico.es)

Los bancos tendrán que ceder en Catalunya sus casas vacías

La ley más ambiciosa que ha existido nunca en Catalunya para luchar contra la pobreza energética y la emergencia habitacional vuelve a estar plenamente vigente. La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha archivado definitivamente el recurso contra la normativa que presentó el Gobierno español durante la presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia, que se produjo el 31 de enero pero trascendió el lunes, llega tras la decisión del Gobierno de Sánchez de retirar el recurso de su antecesor. ¿Y qué supone el cambio? Básicamente que dos artículos claves de la ley pasan a tener validez. Son el número 5, que prohíbe a los grandes tenedores de vivienda desahuciar a las familias en situación vulnerable que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler; y el número 7, que obliga a los bancos a ceder durante tres años sus pisos vacíos a los ayuntamientos para aumentar la bolsa de vivienda social.

Las entidades promotoras de la ley -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza por la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC- han celebrado el anuncio: "Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores", dicen en un comunicado. Recuerdan que las mesas de emergencia que gestionan los casos más vulnerables necesitan "con urgencia" este tipo de medidas para ofrecer una vivienda a aquellos que se encuentran "en situación de exclusión residencial".

Lo explica Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC: "Esta medida va a quitarle trabajo a los ayuntamientos, ya que no tendrán que realojar a gente sino que serán los grandes propietarios los que tendrán que asumir esta responsabilidad, parando desahucios y ofreciendo alquileres sociales", explica. Escorihuela denuncia el largo tiempo que se ha tomado el TC para hacer efectiva una decisión que el Gobierno tomó en noviembre. Según dice, la espera posterior ha dependido exclusivamente de los tribunales: "No entendemos por qué se ha tardado tanto si la decisión política ya estaba tomada". Aunque los artículos 5 y 7 ya no son objeto del recurso y, por lo tanto, son legales, el TC sí que ha suspendido los primeros artículos de la ley, que seguían pendientes de la suspensión.

Con la legislación en la mano, las entidades piden ahora que se paren todos los desahucios que afecten a aquellas personas sin alternativas habitacionales. Así mismo, piden a la Generalitat que se activen inmediatamente los mecanismos necesarios para que los grandes tenedores cedan las viviendas vacías: "La falta de vivienda ya no puede ser una excusa", dicen.

También interpelan a los ayuntamientos y les piden que inicien los contactos necesarios con el poder judicial para identificar los pisos vacíos, así como para aplicar las sanciones a aquellas entidades que no cumplan con la ley por cortes en los suministros básicos a familias vulnerables o no ofrecer alquiler social en peligro de desahucio. Tal como recuerda Escorihuela, la ley estuvo vigente durante nueve meses antes del recurso: "Nos costó que se aplicara realmente. Hicieron falta muchas formaciones y charlas. Se debe supervisar el cumplimiento de la ley y se deben poner recursos públicos".

 

Una de tantas leyes suspendidas por el PP

La impugnación de la Ley 24/2015 formaba parte de la acción judicial del PP en contra de un paquete de leyes catalanas aprobadas durante los años más agitados del procés. Entre ellas, no solo había aquellas que hacían referencia a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, sino también una larga lista de iniciativas de contenido social ampliamente aceptadas por la ciudadanía, como la ley contra el calentamiento climático o la de igualdad de género, entre otras.

Los populares llevaron al Constitucional esta medida en mayo de 2016, a pesar de que el mismo PP catalán la apoyó en el Parlament. En ese momento, las entidades consiguieron un compromiso firmado por parte del grupo socialista en el Congreso con el que se comprometían a revocar el recurso en caso de que llegaran al poder, hecho que ha facilitado la negociación posterior. A finales de 2018, las entidades convocaron diversas protestas para pedir la recuperación de la ley con el apoyo de diversos ayuntamientos de diferente signo y otras muchas entidades del mundo municipal, como la Asociación Catalana de Municipios (ACM); el independentismo, como l’ANC o Òmnium Cultural; sindicatos tales como CCOO y la UGT y otras organizaciones de carácter social.

El gobierno de Pedro Sánchez anunció la retirada del recurso en el marco de las negociaciones entre el Estado y la Generalitat. Así lo anunció la ministra de Política Territorial Meritxell Batet después de firmar un acuerdo con la Generalitat, que también fue celebrado por el entonces conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, actual alcaldable de ERC por Barcelona. Quien también celebró la marcha atrás del ejecutivo español fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien siempre se ha mostrado favorable a la medida. (publico.es)

La Bancada Municipalista se decanta por ir en coalición

Una mayoría de los miembros en La Bancada Municipalista se decanta por ir a las elecciones de mayo como candidatura en coalición con otras fuerzas de cara a las elecciones de 2019 "priorizando programa y no repartos de poder", han trasladado desde la iniciativa colectiva a Europa Press.

Este sábado La Bancada Municipalista ha celebrado una segunda asamblea abierta en la que se ha constatado una "actitud abierta hacia la posibilidad de confluir con otras fuerzas" pero remarcando que son un espacio que apuesta por el fortalecimiento de los movimientos y por el trabajo a medio/largo plazo que permita la construcción de organización independientemente de las opciones electorales.

De la asamblea han salido claves como la necesidad de establecer líneas rojas si hay que negociar con otras fuerzas políticas, así como mecanismos de control y transparencia. El objetivo es que todas las conversaciones, tanto dentro de La Bancada como con otros actores políticos, se centren en "cuestiones que afecten a la gente que vive en Madrid y no se basen en los repartos de poder tradicionales".

Para conseguirlo se tiene que fortalecer la organización y facilitar la influencia de los movimientos sociales en la toma de decisiones, destacan desde La Bancada. (europapress.es)

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La ONU declara que las sanciones a Venezuela atentan contra los Derechos Humanos

Las sanciones, que pueden llevar a la inanición y la escasez de medicinas, no son la respuesta a la crisis en Venezuela, aseguró el relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales este jueves en un comunicado.

La declaración ocurre luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a la compañía petrolera nacional de Venezuela.

"Me preocupa especialmente escuchar los informes de que estas sanciones están dirigidas a cambiar el Gobierno de Venezuela", dijo Idriss Jazairy.

Para Jazairy, la coerción, ya sea militar o económica, nunca debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano. “El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las normas del derecho internacional”, aseguró.

El relator hizo un llamado a la comunidad internacional para que participe en un diálogo constructivo con Venezuela para encontrar soluciones a los verdaderos desafíos a los que se enfrenta.

“Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía venezolana, lo que se suma al daño causado por la hiperinflación y la caída de los precios del petróleo. Este es un momento en el que se debe expresar compasión por las personas que sufren tanto en Venezuela promoviendo, no recortando, el acceso a alimentos y medicinas", dijo Jazairy.

El experto independiente recalcó que precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base para una solución pacífica y pidió a los Estados que lleguen a un acuerdo para encontrar un camino que respete los derechos humanos de los venezolanos.

La perspectiva de violencia internacional

“Estoy profundamente preocupado por los informes de violaciones graves de derechos humanos que ocurren en Venezuela, incluido un riesgo creciente de violencia y amenazas implícitas de violencia internacional. Es necesario que todas las partes y todos los países trabajen por una solución pacífica que no lleve a más violencia ", agregó el experto.

Jazairy se hizo eco de los comentarios del portavoz del Secretario General de la ONU, subrayando "la urgente necesidad de que todos los actores relevantes participen en un diálogo político inclusivo y creíble para abordar la larga crisis que enfrenta el país, con pleno respeto por el estado de derecho y los derechos humanos".

El experto de recordó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, insta a los Estados a resolver sus diferencias mediante el diálogo y las relaciones pacíficas, y evitar el uso de medidas económicas, políticas o de otro tipo para coaccionar a otro Estado en relación con el ejercicio de sus derechos soberanos.

"Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo exige la Carta de la ONU", concluyó el relator especial.

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Así denunciaba Zapatero en 2018 la «descalificación preventiva» de las elecciones de Venezuela

El pasado 18 de mayo de 2018, dos días antes de las elecciones presidenciales del 20-M en Venezuela, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero comparecía ante los medios en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores como observador de los comicios. En su alocución, denunciaba la “descalificación preventiva” de los comicios, ante las críticas recibidas antes incluso de que se hubiera producido la votación: “Esto ha sido una descalificación preventiva de las elecciones. ¿Les suena lo de preventiva?”. También se preguntaba por qué no había interés en comprobar sobre el terreno si la votación se celebraba de forma limpia.

Hoy la situación está más convulsa si cabe en el país después de que el presidente de la Asamblea Nacional, el líder opositor Juan Guaidó, se autoproclamara presidente de Venezuela el pasado día 23 y de que múltiples países como EEUU lo hayan reconocido.

En la rueda de prensa, Zapatero decía: “Antes de que se produzca la elección decimos que no hay condiciones. No lo había visto nunca. Hay que venir al terreno y comprobar”. El vídeo, ha sido recuperado ahora por una tuitera, Orlenys (@OrlenysOV) y ha sido retuiterado más de 2.000 veces.

Zapatero admitía sentirse “con un notable grado de enfado” ante algunas decalificaciones al proceso electoral y consideraba “muy serio” que a un país "se le diga, no esas elecciones no sirven”. “Eso es de una irresponsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo… Muy serio”, denunciaba. “Hemos partido de un gran prejuicio” resumía Zapatero.

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El Defensor del Pueblo reclama abordar la soledad de las personas mayores

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, reclama a los poderes públicos que aborden "urgentemente" la soledad no deseada de las personas mayores en España y, concretamente, ha solicitado al Ayuntamiento de A Coruña información sobre la situación de la mujer de 91 años que el pasado fin de semana fue localizada en su domicilio tras haber pasado varios días sin comer ni beber.

La institución también ha pedido conocer los programas, medidas y acciones que tiene el citado ayuntamiento para atender a estas personas con el objetivo de detectar las dificultades existentes para ofrecer a las personas mayores la atención que su situación pueda requerir, según ha informado en un comunicado.

El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto, en varias ocasiones, su preocupación ante el progresivo incremento de personas mayores que viven solas en nuestro país y la necesidad de incrementar recursos y medios para conseguir una "atención humanizada" a este colectivo.

Para Fernández Marugán, es necesario realizar una radiografía del alcance de este problema y abrir un debate político y social en torno a esta situación para impulsar políticas de prevención y concienciar a la sociedad.

 

Repunte de las quejas de las personas

Sobre las quejas registradas en este organismo, el Defensor constata que en los últimos años se ha producido un repunte de las relacionadas con los mayores y el envejecimiento, la mayoría sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad de la atención residencial que reciben, el copago farmacéutico o la suficiencia de las pensiones.

La Institución señala que ha realizado actuaciones relacionadas con cuestiones "muy relevantes" para los derechos fundamentales de las personas mayores, como son ingreso involuntario de personas con deterioro cognitivo o psíquico, las restricciones a la libertad de movimientos, el uso de sujeciones, y otras cuestiones relativas a la intimidad de las personas internas en residencias. (europapress.es)

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Vinculan el pago de farmacéuticas a médicos con las muertes por opioides en USA

La actual epidemia de adicción a los opioides que sufre EEUU ha sido definida como la peor crisis de drogas en la historia del país norteamericano. Una crisis que causa decenas de miles de muertes cada año y que ha hecho que los fallecimientos por sobredosis prácticamente hayan alcanzado a los que se producen por accidentes de tráfico. La epidemia tiene su origen en el amplio consumo de los nuevos analgésicos opioides que han surgido en las últimas décadas y en la agresiva publicidad de las farmacéuticas. Ahora, un nuevo estudio publicado por la revista de la Asociación Médica Americana destaca que la publicidad dirigida a médicos (el epígrafe que engloba los pagos e inversiones de las farmacéuticas en el sistema médico para dar a conocer un medicamento) también podría tener un efecto directo sobre las tasas de prescripción y sobre el aumento de las muertes por sobredosis.

Los investigadores analizaron los datos nacionales sobre la prescripción de opiáceos y muertes por sobredosis y los compararon con los datos de publicidad de la industria farmacéutica entre agosto de 2013 y diciembre de 2015. Durante ese periodo, la industria gastó casi 40 millones de dólares en promocionar estos fármacos entre más de 67.500 médicos de EEUU.

Según los resultados del estudio, "el aumento en la publicidad de opiáceos dirigida a médicos se asoció con mayores tasas de prescripción y, posteriormente, con más muertes por sobredosis por los medicamentos recetados". Aunque el estudio solo muestra una asociación y no una relación causa efecto, los investigadores aseguran que este tipo de publicidad directa "puede contrarrestar los esfuerzos actuales para reducir el número de opiáceos recetados" y, por tanto, se deberían "limitar este tipo de actividades" y "reexaminar la influencia de la industria farmacéutica".

 

La prescripción triplica la de principio de siglo

Durante los últimos años, la mortalidad por sobredosis de opiáceos ha seguido aumentando en EEUU, especialmente debido la heroína y al fentanilo de origen ilegal. Sin embargo, los opioides de venta con receta siguen estando relacionados con el 40% de todas las sobredosis de este tipo de droga y suelen ser la puerta de entrada al consumo de otros opiáceos ilícitos.

Los médicos son la fuente más frecuente de los opiáceos que se consumen para uso no médico. A pesar de la reducción general de la prescripción de estos fármacos desde 2010, el país norteamericano sigue superando ampliamente al resto del mundo  y las tasas actuales de prescripción siguen siendo tres veces superiores a las de 1999. Además, estas tasas han disminuido de forma mucho más lenta en las regiones que tienen mayores niveles de mortalidad por sobredosis.

En este contexto, los investigadores plantearon la hipótesis de que los condados que reciben más publicidad son los que experimentarían posteriormente una tasa más alta de muertes por sobredosis de opiáceos recetados y que esta asociación estaría mediada por un aumento en las tasas de prescripción de opiáceos. "La industria farmacéutica invierte decenas de millones de dólares anuales en publicidad directa de opioides, así que es improbable que se pague a los médicos si dicha publicidad no aumenta las tasas de prescripción, ni mantiene altos niveles de prescripción de opioides", afirman los investigadores.

 

Casi 40 millones de dólares en publicidad

El estudio analizó la publicidad que la industria farmacéutica dirige a los médicos y encontraron que, entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, la industria realizó 434.754 pagos por un total de 39,7 millones de dólares en publicidad de opiáceos dirigida a 67.507 médicos. Esto implica que aproximadamente 1 de cada 12 médicos estadounidenses recibió publicidad relacionada con los opiáceos, una proporción que se elevó a 1 de cada 5 entre los médicos de familia.

Tras examinar las tasas anuales de prescripción de opiáceos, los investigadores encontraron que "los condados que recibieron publicidad experimentaron posteriormente una elevada mortalidad" y que las tasas de prescripción "estaban estrechamente relacionadas con la cantidad de publicidad en todos los condados y, en parte, mediaban en la relación entre la publicidad y las muertes por sobredosis de opioides".

A pesar de los resultados, los investigadores advierten de que existe la posibilidad de que los condados con altas tasas de prescripción de opiáceos, que ya experimentaban una elevada mortalidad por sobredosis, se hayan convertido en nuevo objetivo de la publicidad de las compañías farmacéuticas y no al revés. Sin embargo, si este fuera el caso, los investigadores advierten de que también sería "motivo de preocupación el hecho de que los médicos de esos condados reciban una mayor publicidad de opiáceos". (eldiario.es)

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Remunicipalizar la vivienda: Berlín lucha contra los alquileres excesivos

La situación de la vivienda en Berlín es una preocupación de primer orden para muchos de los habitantes de la capital alemana. Los berlineses se gastan, de media, el 46% de sus ingresos en pagar el alquiler. El coste de la vivienda se ha duplicado en los últimos diez años. La palabra Wohnungsnot o "carestía de vivienda" es una de las más repetidas en titulares de periódicos y noticias de informativos de radio y televisión sobre la situación en Berlín.

La gentrificación es un proceso en marcha con el que lidia  sin demasiado éxito la ciudad-estado, en manos de una coalición de izquierdas liderada por el socialdemócrata Michael Müller. En este contexto, los hay que han perdido la paciencia. Por ejemplo, el empresario y activista buen conocedor del mercado inmobiliario berlinés Rouzbeh Taheri. Él está detrás de la iniciativa ciudadana "Expropiar a Deutsche Wohnen & Compañía".

Deutsche Wohnen es una empresa inmobiliaria y uno de los grandes actores del mercado en la capital. Se estima que posee más de 110.000 apartamentos en alquiler. A otras empresas del sector, como Vonovia o la luxemburguesa ADO Properties, también se le atribuyen decenas de miles de apartamentos, 40.000 y 24.000 respectivamente.

"Son los grandes propietarios de Berlín. Se estima que tienen unos 200.000 apartamentos. Hemos registrado muy malas experiencias con ellos en los últimos tiempos", dice a eldiario.es Taheri, que está implicado en múltiples iniciativas para proteger a los inquilinos frente a propietarios abusivos. El activista explica que estos ‘grandes dueños’ de Berlín "están haciendo todo lo posible para que aumenten los precios de los alquileres".

No son raras las quejas de inquilinos que, en apartamentos que pertenecen a Deutsche Wohnen, han visto subir sus alquileres de un tiempo a esta parte. Por ejemplo, obligándoles a pagar por servicios de mantenimiento excesivamente caros que ofrecen empresas que pertenecen a la propia Deutsche Wohnen. "De esto se están dando cuenta los berlineses, y eso explica también que esté habiendo una radicalización de nuestros planteamientos", sostiene Taheri, que reconoce que la idea de querer expropiar es radical. Pero, a su entender, resulta tan radical como necesaria.

"Nuestra iniciativa es una propuesta radical, pero la gente en Berlín, debido a la carestía de la vivienda y al aumento del precio del alquiler, se ha radicalizado", explica Taheri. Además, "existe la posibilidad jurídica de que la ciudad de Berlín expropie a esas empresa", agrega. "Hay que justificarlo, y nosotros lo hacemos diciendo que las grandes empresas tienen una estrategia que, a largo plazo, llevan al aumento excesivo de los alquileres y a que se agudice aún más la situación de la carestía de la vivienda”, abunda el responsable de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen & Compañía’.

La campaña comenzó el pasado mes de abril. De momento, Taheri y los suyos recogen firmas. Su deseo es alcanzar las 200.000. Con ese número podrían obligar a las autoridades a organizar una consulta popular como la que llevó a que el antiguo aeropuerto de Tempelhoff sea hoy un parque público cuatro veces mayor que el madrileño Parque del Retiro.

Taheri tiene motivos para ser optimista. Hace unos días, el diario berlinés Der Tagesspiegel publicaba una encuesta en la que una clara mayoría se pronunciaba a favor de la expropiación de las empresas que tienen más de 3.000 apartamentos en Berlín, las afectadas por la iniciativa de Taheri.

 

Una mayoría de berlineses, a favor de la expropiación

Según la citada encuesta, elaborada por el Instituto Civey, el 54,8% de los participantes del estudio estaba a favor de la medida. Un 34,3% la rechazaba y un 10,9% se mostraba indeciso. "Son buenas noticias para nosotros en vista de que tampoco llevamos tanto tiempo con esta iniciativa", dice Taheri.

"La municipalización de viviendas, o sea, que pasen a manos de empresas públicas viviendas que pertenecían a empresas privadas es una práctica que se ha hecho desde hace décadas, y una práctica a la que se recurre aún a día de hoy. Es una herramienta que tiene ventajas”, explica a eldiario.es Volker Eichener, profesor de Ciencias Políticas y Política Social en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf. "Cuando se municipaliza, las empresas públicas que gestionan las viviendas están bajo la observación de los políticos y estos se ocupan, no de conseguir objetivos comerciales, sino fines sociales y de desarrollo urbanístico", añade.

Entre las otras ventajas asociadas a la expropiación de la vivienda que cita este experto figuran el sentimiento de los inquilinos de que se les trata mejor, que no teman por grandes subidas del alquiler o que no se pueda romper el contrato de arrendamiento argumentando "uso propio".

En el caso de Berlín, no habría que hablar tanto de municipalización, sino de remunicipalización. En los años noventa, buena parte del parque público de vivienda en alquiler de la ciudad fue privatizado. Ideas como la de Taheri implican recomprar esa presencia pública en le mercado inmobiliario. Algo parecido ya pasó con la gestión del agua en 2014. Tras pasar casi tres lustros en manos privadas,  el agua volvió a manos municipales ese año.

 

Municipalizar apartamentos estalinistas

Eichener avisa ante el "riesgo" asociado a la movilización política en los casos de remunicipalización. A saber, que las empresas forzadas a vender quieran vender a un precio excesivamente alto. "Es una paradoja de la movilización política", señala el experto de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf. Ese riesgo, sin embargo, no parece preocupar a los inquilinos de los edificios más famosos de la Karl Marx Allee, gran avenida que se extiende en Berlín por los céntricos distritos de Mitte y Friedrichshain-Kreuzberg.

Allí, la presión de los inquilinos y la movilización ciudadana han arruinado los planes de adquisición que tenía Deutsche Wohnen. La compañía pretendía adquirir unos 700 apartamentos en varios de los bloques de arquitectura estalinista míticos de la capital alemana. Sin embargo, al poco de conocer la operación, los inquilinos forzaron que las autoridades públicas actuaran, entre otras cosas, porque esos edificios se encuentran en una zona "tensionada" del mercado inmobiliario berlinés. En esos casos se ofrece la posibilidad a los poderes públicos de comprar antes que el actor privado.

Del total de apartamentos afectados por esa operación fallida de Deutsche Wohnen, 80 van a ser adquiridos por el Ejecutivo de la ciudad. Los pondrá en manos de la compañía pública WBM. De los otras 675, cerca de un 40% van a pasar a manos de otra compañía pública, Gewobag. Lo harán a través de un proceso en el que los inquilinos seguirán pagando el alquiler aunque, en realidad, estarán devolviendo con "mensualidades" a esa compañía el dinero de la compra de los apartamentos.

"Gewobag ha puesto a nuestra disposición los medios económicos para que se pueda organizar la compra", dice a eldiario.es Norbert Bogedein, representante de los vecinos en la Karl Marx Allee. Aún no puede ofrecer datos concretos sobre la recompra. Es un complicado proceso recién iniciado que está todavía en marcha. Tardará más de medio año en concluir. (eldiario.es)