La Junta de Extremadura se compromete a elaborar en un plazo de 18 meses una norma para crear un impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías. Así se recoge en la nueva Ley de promoción y acceso a la vivienda, que ayer fue aprobada, y que deja un amplio margen para la regulación.

El PSOE logró en el último pleno de la legislatura el apoyo suficiente para aprobar las dos iniciativas legislativas que quedaban en tramitación. Por un lado, la nueva norma sobre vivienda, que salió adelante gracias a la abstención de Podemos. Por otro, la reforma de la ley de caza con el voto a favor de PP y Ciudadanos.

Fue más costoso aprobar la ley de vivienda, una iniciativa del Gobierno regional que, ante el cierre de la legislatura, ha sido finalmente presentada por el Grupo Socialista. Esta norma compendia la actual legislación regional en la materia, en la que se incluye la Ley de emergencia social de la vivienda aprobada en 2017. Por tanto, incide en el concepto de función social de la vivienda y mantiene cuestiones como las multas a viviendas desocupadas.

Podemos proponía ir más allá y establecer un nuevo impuesto a viviendas vacías, así como regular los arrendamientos urbanos. Por su parte, el PP exigía rebajar el impuesto de transmisiones y evitar la disolución de la empresa pública Gisvesa para que once trabajadores despedidos puedan recuperar su puesto en caso de que ganen los juicios planteados contra la Junta.

La propuesta sobre Gisvesa, que está en causa de disolución, salió adelante con el rechazo del PSOE y el apoyo de Podemos y Ciudadanos. Para el resto de la ley, el Grupo Socialista se apoyó en la formación morada, de la que se aprobaron prácticamente todas sus enmiendas, aunque muchas de ellas modificadas.

Entre otras, la que planteaba crear un impuesto a viviendas vacías propiedad de empresas que implicaba cobrar de 10 a 30 euros por cada metro cuadrado desocupado. El PSOE aceptó este tributo, pero deja su elaboración para la próxima legislatura y lo limita a los grandes tenedores. Además, renunció a regular los arrendamientos urbanos para controlar el precio del alquiler.

También salieron adelante dos enmiendas de Ciudadanos para que el nuevo registro de agentes y agencias inmobiliarias sea de inscripción obligatoria. (hoy.es)