El Ayuntamiento de Barcelona ha retomado la expropiación temporal de cinco pisos vacíos —propiedad de bancos— después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantara, el pasado 28 de marzo, la suspensión de la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión. El gobierno de Mariano Rajoy recurrió en octubre la normativa aprobada por el Parlament. La ley incluía mecanismos como la posibilidad de expropiar pisos que llevaban más de dos años vacíos. El Constitucional dejó en suspenso la norma durante unos meses, pero acabó resolviendo que estas expropiaciones son legales. Tras la decisión, el gobierno de Ada Colau ha anunciado que revisará 2.021 pisos susceptibles de ser expropiados.

 

El gobierno de Mariano Rajoy recurrió, el pasado octubre ante el Tribunal Constitucional la ley catalana 4/2016. Tras la petición del gobierno, el Alto Tribunal suspendió de forma provisional gran parte de la norma que, entre otros asuntos, facilitaba la mediación entre bancos y familias endeudadas y que preveía mecanismos para reducir el número de pisos vacíos en las ciudades catalanas como la expropiación temporal de aquellos inmuebles —propiedad de bancos y grandes propietarios— que se acredite que llevan más de dos años sin estar habitados.

 

El pasado 28 de marzo el Constitucional levantó la suspensión de algunos preceptos de la ley, entre ellos, el artículo 15 que permite la expropiación del uso temporal de la vivienda por un periodo mínimo de cuatro años y máximo de diez siempre que los inmuebles estén situados en áreas con una demanda residencial “fuerte y acreditada”.

 

El concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, recordó ayer que tras el levantamiento de la suspensión de la norma, hace dos semanas, el Ayuntamiento de Barcelona recuperó 16 expedientes de expropiación que tenía abiertos el pasado octubre.

 

“Todos provenían del registro de viviendas vacías y ocupadas de la Generalitat de Cataluña. En el transcurso de estos meses en los que la ley ha quedado suspendida, once de aquellos pisos han sido cedido u ofrecidos por el derecho de tanteo y retracto al Consistorio, pero en cinco de ellos procederemos a la expropiación para destinar su uso al alquiler social”, explicó Montaner.

Estas cinco viviendas son propiedad de entidades financieras —dos de ellas son del banco malo (Sareb) y tres de BBVA— y están situadas en los distritos de Gràcia, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y dos en Sant Andreu.

 

El registro de la Generalitat que contabiliza el número de viviendas vacías y okupadas propiedad de entidades bancarias ha contabilizado 2.021 pisos en la capital catalana, la mayoría de ellos (987) son de BBVA, seguidos de la Sareb (320) y de sociedades financieras (218).

 

El Ayuntamiento trabaja ahora con ese registro y con el censo municipal de pisos vacíos —que todavía no se ha concluido—, comprobando cuántos de esos inmuebles siguen sin habitar para iniciar los trámites de expropiación. “Es complicado saber cuántos pisos podrán ser expropiados, ya que de los 2.021 hay muchos que están okupados y no se abriría este proceso”, aseguró ayer Montaner, que cree que con esta medida se llegará a expropiar un máximo de 600 pisos.

 

El Ayuntamiento de Barcelona es el primero en todo el Estado que ha tomado una decisión tan drástica para ampliar el parque de alquiler social. La técnica del área de Vivienda Fuensanta Alcalá puntualizó ayer que el proceso de expropiación es largo, puesto que las entidades bancarias presentan alegaciones. Sin embargo, una vez conseguido el piso el importe del alquiler social —“que no puede superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar”, matizó— se devuelven a la entidad propietaria del piso que nunca pierde la titularidad.