Ignacio Robles (Bilbao, 1975) es un bombero al que la Diputación de Bizkaia ha abierto un expediente sancionador por haberse negado durante una guardia a colaborar en la carga de cientos de toneladas de armas de fabricación española en un barco con destino Arabia Saudí.

Robles fue invitado por Amnistía Internacional al acto de presentación de la memoria anual de derechos humanos durante el cual la organización destacó que en España ha vuelto peligroso «alzar la voz» por los derechos humanos y que 2017 ha sido un «mal año para la libertad de expresión».

Cuenta enseguida que se hizo bombero para salvar vidas y está «orgulloso» de su profesión, pero en los últimos meses está atravesando «un infierno» porque el expediente podría suponer la pérdida del puesto de trabajo durante un tiempo entre 3 y 6 años.

¿Qué hizo usted exactamente el 17 de marzo de 2017 en el puerto de Bilbao?
Fui llamado a labores preventivas en la carga de toneladas de bombas con destino a Arabia Saudí. No quise ser cómplice y me planté. Eso originó unos minutos de retraso a la operación, pero no tuvo mayor trascendencia, ni mereció el reproche ese día de mis jefes.

Pero le expedientaron…
Un mes después me entero de que tengo abierto un expediente sancionador por una falta muy grave que podría conllevar la pérdida del puesto de trabajo de 3 a 6 años. Se me cayó el mundo encima. Menos mal que tuve de mi lado a mi familia, a organizaciones, sindicatos, algunos partidos políticos, periodistas, escritores. Y 170.000 personas firmaron en una web una petición para que no se me expedientara.

¿Le sorprendió que hubieran decidido sancionarle?
Sí, porque ha habido bomberos que se han negado con anterioridad a otras tareas y nunca había tenido consecuencias, tareas como retirar pancartas o apagar barricadas, ese tipo de cosas.

¿En qué situación se encuentra el proceso?
Mi abogado me dice que las cosas van por buen camino, no está resuelto aún, parece que se va a resolver con una sanción económica, que no irá más lejos. Que lo de quitarme el empleo es desproporcionado. Aunque, acabe como acabe el expediente, el daño ya está hecho. Me ha pasado factura físicamente (he perdido siete kilos por el estrés brutal y muchas noches sin dormir), he gastado un montón de dinero en abogados… Y eso sin contar el tiempo que perdido con mi familia.

¿Lo volvería a hacer?
Es curioso porque después de lo del puerto, como pensaba que no iba a tener ninguna consecuencia, participé en otra acción contra la exportación de armas, con Greenpeace. Eso fue antes de que me informaran del expediente. Después, mi vida dio una vuelta tan drástica que ahora mismo ni se me ocurriría participar en ninguna acción de momento hasta que se resuelvan un montón de frentes que tengo abiertos.

¿Considera que su expediente fue ‘un aviso a navegantes’ para frenar futuras protestas?
Sí, pero aunque por un lado hayan logrado que el personal alrededor del tema de las bombas (bomberos o estibadores y puede que policías) no se movilice, también han conseguido un gran rechazo social y eso creo que no lo tenían calculado.

¿Siguen saliendo barcos cargados de armas españolas desde Bilbao con destino a Arabia Saudí?
Siguen saliendo barcos exactamente igual. Ahora toman medidas que antes no tomaban. Los barcos de la naviera saudí que recogen las bombas navegan hasta Bilbao con el sistema de localización obligatorio desconectado, que es una infracción muy grave de tráfico marítimo y no tiene consecuencias para ellos, nadie les pone ninguna pega. Vienen con el localizador apagado para que, precisamente las organizaciones (pacifistas) no sepan que vienen.

La organización Greenpeace protagonizó una nueva acción contra otro carguero saudí en Bilbao…
El viernes pasado hubo una acción en el puerto. Sí, los activistas fueron identificados, y se ha publicado que para alguno de ellos se pide hasta cuatro años de cárcel.

¿Qué llevaba a bordo el barco con el que no quiso colaborar? ¿Se sabe?
Llevaba granadas de mortero, 26 contenedores en los que caben 28 toneladas en cada uno. Eran cientos de toneladas que iban destino a un país que la ONU considera culpable de la tragedia humana más grave del planeta, los ataques a Yemen, donde cada 10 minutos muere un menor de cinco años. Yo tengo dos hijos menores de cinco años y me dan ganas de llorar. Para que la gente lo entienda, 30 toneladas de bombas arrasaron Gernika y España ha exportado ya a Arabia Saudí 12.000 toneladas. Con nuestra complicidad.

Hay quien califica a los activistas por los derechos humanos como los nuevos héroes, ¿se considera usted un héroe?
De ninguna manera, lo que pasó aquel día fue un acto privado que yo hice para mí. El mérito de todo, curiosamente, lo tiene la Diputación de Bizkaia porque al abrirme expediente se ha dado a conocer el caso. Si no lo hubieran hecho, no se hubiera enterado nadie.

¿Ha sacado alguna enseñanza de lo que le está pasando?
Que una acción muy pequeña puede tener consecuencias importantes.

Bomberos que paran desahucios, bomberos que se juegan prisión por rescatar refugiados en Grecia y ahora usted, ¿son de otra pasta?
Creo que precisamente por ser funcionarios somos más conservadores, que estos son casos aislados. Pero desde luego que si preguntas a la mayoría de mis compañeros estoy convencido de que se sienten muy incómodos en la carga de armas, que tienen problemas de conciencia… pero tienes una familia, una hipoteca y ves amenazado eso, pones la balanza y dices me trago mis principios y doy de comer a mi familia.

¿Qué le diría a un ciudadano que se plantea la protesta cívica y pacífica por los derechos humanos?
Mi mensaje más que a los activistas va dirigido a la sociedad en general, para decirle que cada agresión a una persona que está intentado defender derechos no es una agresión individual, sino hacia todos y que la respuesta debe ser de todos. No podemos dejar a esas personas solas. Esas personas están haciendo algo por nosotros y nosotros tenemos que responder. (20minutos.es)

La calle bulle. Más allá de la gran movilización que el jueves sacó a decenas y decenas de miles de personas en toda España a reivindicar al Gobierno unas pensiones dignas. Una reivindicación que desbordó la seguridad del Congreso de los Diputados, tan protegido en otros momentos, pero que ya llegó el pasado mes de enero a la sede de la soberanía popular ante el estupor de muchos que habían teorizado que el tsunami del 15M estaba en reflujo definitivo, amansado por la institución y controlado para siempre por los diques del «¡a por ellos!». En Murcia, Andalucía, Castilla y León u Ourense, la marea vuelve a subir. Y puede rebosar al resto de España.

El larguísimo ciclo de movilizaciones sociales que trajo la crisis de 2008 y su gestión tuvo como punto álgido aquel mayo de 2011 en el que se llenaron las plazas de medio país. Y la Huelga General de 2012. El terreno lo habían preparado experiencias previas, y presuntamente inconexas, como las mareas por la sanidad, la educación o en defensa del agua; la PAH y su resistencia activa ante los desahucios; la denuncia de la estafa de las preferentes; y las luchas juveniles ante la pérdida de un horizonte de certezas.

El epílogo lo pusieron las Marchas de la Dignidad, una multitudinaria marea humana llegada a Madrid desde toda España. Centenares de miles de personas llenaron la Plaza de Colón y las vías aledañas el 22 de marzo de 2014. El violento final de la manifestación emborronó el rotundo éxito de una convocatoria que tuvo a IU y sindicatos en su gestación.

Después llegó Podemos y el teorizado «reflujo» en la movilización que unos achacan, precisamente, al estallido del partido que lidera Pablo Iglesias mientras otros apuntan a que los  morados recogieron el testigo electoral de un empuje que ya flaqueaba, ante el ninguneo de un Gobierno instalado en la mayoría absoluta cosechada por el PP en 2011.

Sea como fuere, casi cuatro años después de aquel punto de inflexión la calle vuelve a agitarse. Y otra vez en distintos puntos del Estado y por motivos inconexos, en apariencia. No es un resurgimiento puntual. La protesta por unas pensiones dignas son un punto más en una cadena de movilizaciones de distinta naturaleza que solo han asomado a la mayoría de los medios de comunicación de forma irregular. Y a la televisión, principal lugar de información para la ciudadanía, en momentos puntuales.

De Gamonal a Murcia: empoderamiento popular

En enero de 2014 un conflicto vecinal en Burgos adquirió relevancia nacional por los disturbios que se produjeron entre policías y manifestantes  del barrio de Gamonal de la ciudad castellanoleonesa. La chispa: unas obras que pretendía remozar uno de los bulevares del vecindario. Tras vario días de protestas, enfrentamientos, heridos y polémicas en televisión, el alcalde cedió y detuvo sus planes.

Aquel tipo de conflicto fue bautizado por el sociólogo Jaime Miquel como  gamonales. Autoorganización vecinal para (intentar) revocar una decisión política tomada, en principio, de forma legítima por los gobernantes.

El relevo de Gamonal lo toma ahora Murcia, cuyos vecinos dan la batalla desde hace meses para que la futura línea de AVE que comunicará Madrid con la capital de la Región no parta en dos uno de sus barrios más populosos. Otra vez los  enfrentamientos con la policía fueron el catalizador para que la protesta saltara a los medios estatales, pese a que el asunto colea desde 2015. (eldiario.es)

Para la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), esta nueva composición del Consejo supone el “desembarco masivo de los intereses de las empresas privadas en el organismo asesor del Ministerio de Sanidad”.

La vicepresidencia ha quedado en manos de Francisco de Paula Rodríguez, director de estrategia de MEDTRONIC IBERICA, una gran multinacional de tecnología sanitaria; y se ha nombrado de secretaria general a Ofelia de Lorenzo Aparicio, abogada del bufete De Lorenzo Abogados, especializado en derecho sanitario.

También están representantes de las empresas privadas de provisión sanitaria y de las empresas farmacéuticas, primando así, denuncia la FADSP, “la presencia de los intereses privados en el sector, además de los de las corporaciones (colegios profesionales)”, ya que sus presidentes forman parte como miembros natos en este órgano.

El Consejo Asesor de Sanidad, integrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es un órgano consultivo y de asistencia a la persona titular del Departamento en la formulación de la política sanitaria.

A juicio de la FADSP, el Consejo “carece de cualquier viso de pluralismo ideológico, de solvencia técnica sobre salud pública y de representación de los intereses generales, y solo recoge los de los grupos que presionan por la privatización del sistema sanitario. Una evidencia más de que la ministra carece de interés en nuestro sistema sanitario público y que lo mejor que podía hacer por el mismo es irse”, señalan.

Como vocales figuran: Juan Abarca Cidón; Víctor Pérez Díaz; José Luis Puerta López-Cózar; Pilar Garrido López; Diego Murillo Carrasco; Ángel Carracedo Álvarez; Julio Sánchez Fierro; Bartolomé Beltrán Pons; José Ramón González Juanatey; Juan José Afonso Rodríguez; María Sanjurjo Sáez; Vicenç Martínez Ibáñez; Juan Martínez León; María Rosario Fernández García; Mario Mingo Zapatero; Javier Cabo Salvador; Rafael Matesanz Acedos; Tomás Castillo Arenal; Eulalia Juvé Udina; Luciano Vidán Martínez. (nuevatribuna.es)

Las Torres Gemelas, edificios iguales entre sí y que se reflejan mutuamente, un sistema cerrado en sí mismo, imponiendo lo igual y excluyendo lo distinto y que fueron objetivo de un atentado que abrió una brecha en el sistema global de lo igual. O la gente practicando binge watching (atracones de series), visualizando continuamente solo aquello que le gusta: de nuevo, proliferando lo igual, nunca lo distinto o el otro… Son dos de las potentes imágenes que utiliza el filósofo Byung-Chul Han (Seúl, 1959), uno de los más reconocidos diseccionadores de los males que aquejan a la sociedad hiperconsumista y neoliberal tras la caída del muro de Berlín. Libros como La sociedad del cansancio, Psicopolítica o La expulsión de lo distinto (en España, publicados por Herder) compendian su tupido discurso intelectual, que desarrolla siempre en red: todo lo conecta, como hace con sus manos muy abiertas, de dedos largos que se juntan mientras cimbrea una corta coleta en la cabeza.

“En la orwelliana 1984 esa sociedad era consciente de que estaba siendo dominada; hoy no tenemos ni esa consciencia de dominación”, alertó ayer en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), donde el profesor formado y afincado en Alemania disertó sobre la expulsión de la diferencia. Y dio pie a conocer su particular cosmovisión, construida a partir de su tesis de que los individuos hoy se autoexplotan y sienten pavor hacia el otro, el diferente. Viviendo, así, en “el desierto, o el infierno, de lo igual”.

Autenticidad. Para Han, la gente se vende como auténtica porque “todos quieren ser distintos de los demás”, lo que fuerza a “producirse a uno mismo”. Y es imposible serlo hoy auténticamente porque “en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual”. Resultado: el sistema solo permite que se den “diferencias comercializables”.

Autoexplotación. Se ha pasado, en opinión del filósofo, “del deber de hacer” una cosa al “poder hacerla”. “Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede”, y si no se triunfa, es culpa suya. “Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado”. Y la consecuencia, peor: “Ya no hay contra quien dirigir la revolución, no hay otros de donde provenga la represión”. Es “la alienación de uno mismo”, que en lo físico se traduce en anorexias o en sobreingestas de comida o de productos de consumo u ocio.

‘Big data’.“Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento porque si todo es numerable, todo es igual… Estamos en pleno dataísmo: el hombre ya no es soberano de sí mismo sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba; lo vemos en China con la concesión de visados según los datos que maneja el Estado o en la técnica del reconocimiento facial”. ¿La revuelta pasaría por dejar de compartir datos o de estar en las redes sociales? “No podemos negarnos a facilitarlos: una sierra también puede cortar cabezas… Hay que ajustar el sistema: el ebook está hecho para que yo lea, no para que me lea a mí a través de algoritmos… ¿O es que el algoritmo hará ahora al hombre? En EE UU hemos visto la influencia de Facebook en las elecciones… Necesitamos una carta digital que recupere la dignidad humana y pensar en una renta básica para las profesiones que devorarán las nuevas tecnologías”.

Comunicación. “Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual; la comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!”.

Jardín. “Yo soy diferente; estoy envuelto de aparatos analógicos: tuve dos pianos de 400 kilos y durante tres años he cultivado un jardín secreto que me ha dado contacto con la realidad: colores, olores, sensaciones… Me ha permitido percatarme de la alteridad de la tierra: la tierra tenía peso, todo lo hacía con las manos; lo digital no pesa, no huele, no opone resistencia, pasas un dedo y ya está… Es la abolición de la realidad; mi próximo libro será ese: Elogio de la tierra. El jardín secreto. La tierra es más que dígitos y números.

Narcisismo. Sostiene Han que “ser observado hoy es un aspecto central de ser en el mundo”. El problema reside en que “el narcisista es ciego a la hora de ver al otro” y sin ese otro “uno no puede producir por sí mismo el sentimiento de autoestima”. El narcisismo habría llegado también a la que debería ser una panacea, el arte: “Ha degenerado en narcisismo, está al servicio del consumo, se pagan injustificadas burradas por él, es ya víctima del sistema; si fuera ajeno al mismo, sería una narrativa nueva, pero no lo es”.

Otros. Es la clave de sus reflexiones más recientes. “Cuanto más iguales son las personas, más aumenta la producción; esa es la lógica actual; el capital necesita que todos seamos iguales, incluso los turistas; el neoliberalismo no funcionaría si las personas fuéramos distintas”. Por ello propone “regresar al animal original, que no consume ni comunica desaforadamente; no tengo soluciones concretas, pero puede que al final el sistema implosione por sí mismo… En cualquier caso, vivimos en una época de conformismo radical: la universidad tiene clientes y solo crea trabajadores, no forma espiritualmente; el mundo está al límite de su capacidad; quizá así llegue un cortocircuito y recuperemos ese animal original”.

Refugiados. Han es muy claro: con el actual sistema neoliberal “no se siente temor, miedo o asco por los refugiados sino que son vistos como carga, con resentimiento o envidia”; la prueba es que luego el mundo occidental va a veranear a sus países.

Tiempo.Es necesaria una revolución en el uso del tiempo, sostiene el filósofo, profesor en Berlín. “La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer: necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja; requerimos de un tiempo de fiesta, que significa estar parados, sin nada productivo que hacer, pero que no debe confundirse con un tiempo de recuperación para seguir trabajando; el tiempo trabajado es tiempo perdido, no es tiempo para nosotros”. (elpais.es)

Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En territorio de la Unión Europea, donde al agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas. Cosas de la doctrina neoliberal, que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles.

Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos quince años la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas.

Se estima que, entre marzo de 2010 y marzo 2015, se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. “La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que puedan indicar las cifras”, dice a  eldiario.es Emanuele Lobina, profesor de la Universidad Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica.

“La remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en definitiva, de los grandes poderes”, abunda Lobina.

Buena parte de las más de 200 remunicipalizaciones que han tenido lugar en el último lustro se han registrado en Francia. Hasta 94 ha contado allí Lobina. “Es normal, los franceses inventaron la privatización del agua”, apunta este investigador. En España, entre 2010 y 2015, tuvieron lugar una treintena de remunicipalizaciones – como las de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia o la veintena de localidades andaluzas cuyas aguas están ahora en manos del consorcio Aguas del Huesna. Posteriormente vendría la de Valladolid, cuyo consistorio, en manos del socialista Óscar Puente, es el primer gran ayuntamiento de España en decidir remunicipalizar el agua.

Turín (norte italiano) probablemente sea el último y más visible ejemplo de esta tendencia en Europa. El pasado otoño, el Consejo Municipal de esa ciudad italiana, dirigido por Chiara Appendino, integrante del Movimiento 5 Estrellas, aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. Tras veinte años en manos privadas, Turín daba así un primer paso decisivo en recuperar la gestión de su agua.

En otras grandes ciudades europeas, como París o Berlín, la batalla por devolver al control público un recurso tan importante como el agua hace tiempo que trajo sus frutos. La capital francesa, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su “soberanía hídrica”. El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Más reciente que el caso parisino es el de Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014. De esa experiencia habla a  eldiario.es Sigurn Franzen, de la plataforma Berliner Wasser Tisch, o “Mesa del Agua de Berlín”.

Ella y un puñado de militantes salidos de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en Alemania están detrás de esa reconquista hídrica. “La privatización en Berlín se llevó a cabo en 1999 y había gente de ATTAC aquí que no estaba de acuerdo y que quería movilizarse”, cuenta Franzen, ahora jubilada tras una larga carrera trabajando como secretaria en altas instancias empresariales. Desde sus vivencias, esta veterana de las movilizaciones sociales aporta no pocos consejos para aquellos que quieran desafiar el erosionado status quo neoliberal.

Movilización social

Para lograr una remunicipalización, es preciso contar con un grupo de personas organizadas. No debe ser numeroso. “La mayoría de los casos de remunicipalización de agua son consecuencia de la movilización social, como en Berlín”, apunta Lobina. Franzen y sus compañeros de militancia por la remunicipalización del agua en Berlín se conocían gracias a la ATTAC de sus primeros días. “En las reuniones cada dos semanas que manteníamos en los días de mayor movilización había cuarenta o cincuenta personas”, recuerda Franzen.

Ella habla de las intensas jornadas de 2010 en las que la Mesa del Agua de Berlín llegó a recoger hasta más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum sobre la necesidad de hacer públicos los contratos secretos que las empresas Vivendi – la actual Veolia – y RWE firmaron con las autoridades de la ciudad-estado de Berlín para entrar en el capital de la Empresa de Aguas de Berlín (BWB, por sus siglas germanas). Gracias a la privatización, ambas pasaron a sumar un 49% del capital de BWB. Berlín, una ciudad pobre comparada con el resto de grandes urbes alemanas, se embolsó 3.300 millones de marcos alemanes (unos 1.600 millones de euros) por la venta de la gestión de sus aguas.

Las razones de la privatización vinieron inspiradas por la CDU”, recuerda Franzen, aludiendo al partido de la canciller Angela Merkel, la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU). Se supone que era una salida para acabar con las deudas de la ciudad, que en la última década del siglo pasado alcanzaban los 35.000 millones de euros. También los había que confiaban en la privatización como un estímulo para el empleo.

Dejemos a las empresas hacer un trabajo más emprendedor, así los trabajadores gozarán de un trabajo más seguro, más innovador y mejor pagado, y también quienes buscan empleo en Berlín”, decía, por ejemplo, el democristiano Elmar Pieroth, responsable de asuntos económicos de la capital teutona entre 1996 y 1998. Ese periodo fue clave para que calara el mensaje favorable a la privatización. Ésta, en concreto, se forjó en los días en que el conservador Eberhard Diepgen era alcalde de Berlín.

Los partidos políticos no (siempre) son necesarios

En sus actividades, la Mesa del Agua de Berlín no contó con los favores de ningún partido político. Si acaso, Franzen reconoce algo de apoyo de las bases del ahora insignificante Partido Pirata, una formación que en 2011 llegó a sumar el casi 9% de los votos en las elecciones regionales de Berlín. Una legislatura después, apenas sumaron en los comicios de 2016 un 1,7% de los votos. Políticamente, el barco del Partido Pirata está hundido.

El día en que se aprobó la privatización, hubo algunos votos en contra del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), mientras que el partido que ahora es  Die Linke  se opuso”, rememora Franzen. Ella y el resto de compañeros de la Mesa del Agua de Berlín no recibieron el apoyo político de ningún partido, pese a que Die Linke inicialmente se opuso a la privatización. En 2001, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) – precursor de la actual Die Linke – entró en Berlín en una coalición gubernamental con el SPD liderada por el socialdemócrata Klaus Wowereit.

En un primer momento hablamos con el grupo parlamentario de Die Linke (PDS, por aquel entonces), pero todos los partidos estaban implicados en la privatización, después se supo que Harald Wolf, uno de sus responsables, había contribuido el mantenimiento de unos contratos secretos, firmados para 30 años y en los que se garantizaban los beneficios a las compañías”, lamenta Franzen.

Pese a las promesas que acompañaron a la privatización, la Mesa del Agua de Berlín pudo constatar “un notable encarecimiento del servicio y una caída drástica de las inversiones”, asegura Franzen. El Gobierno de la ciudad-estado reconocía en 2010 que, entre las diez grandes ciudades alemanas, Berlín era la que tenía el agua más cara. Ésto lo tuvieron que asumir los ciudadanos de una ciudad “pobre, pero sexy”, según los términos de Wowereit.

En poco tiempo, la entrada de actores privados en BWB encareció el agua. Por ejemplo, “entre 2003 y 2006 el precio creció un 20%”, según Lobina, el responsable de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres. Además, entre 1999 y 2010, el número de trabajadores en BWB se redujo sensiblemente, pasando de unas 6.280 personas poco más de 5.200.

Pruebas en mano, Franzen y sus compañeros de militancia decidieron salir a la calle para hacer llegar la idea de que, en manos privadas, el agua se había convertido en un problema. “Se privatizó, según se dijo, porque Berlín tenían muchas deudas. Pero Berlín ha seguido teniendo deudas, la privatización no ayudó a combatirlas [actualmente la deuda acumulada de la ciudad llega a los 59.000 millones de euros, ndlr.]. Pero, por el camino, Veolia y RWE han estado ganando dinero”, apunta Franzen. “Por eso salimos a la calle. Hicimos flayers, puestos informativos, movilizaciones. Hicimos que el tema se diera a conocer”, agrega. La Mesa del Agua de Berlín pronto se dio cuenta del importante apoyo popular con el que contaba su causa. De ahí que pudieran recoger las más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum.

Referéndum en Berlín

Esas firman eran más que suficiente para convertir la iniciativa ciudadana en una votación. En Berlín existen mecanismos para que este tipo de iniciativas se traduzcan en un referéndum. Para que éste se celebrara, también fue necesario superar las resistencias del Gobierno berlinés, que apelaba al secreto profesional y a la mismísima Ley Fundamental alemana en su lógica contra la remunicipalización.

La cita con las urnas terminó por tener lugar el domingo 13 de febrero de 2011. Ese día, el Gobierno berlinés, contrario a las intenciones de la Mesa del Agua de Berlín, recibió una “ducha fría”, según los términos del diario de la capital Der Tagesspiegel. El Ejecutivo berlinés estaba aparentemente satisfecho con los contratos de Veolia y RWE. “El 98,8% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de nuestra propuesta”, rememora Franzen.

En la votación participaron algo más de 660.000 berlineses, un 27% de la población. Que prácticamente todos ellos quisieran que el Gobierno abandonara su política favorable a Veolia y REW puso bajo una enorme presión a autoridades y empresas.

La votación empujó a decidir a las empresas a vender sus participaciones en la BWB. Urnas mediante, los berlineses pasaron la página de la privatización. La remunicipalización acababa de empezar. Oficialmente el agua regresó a manos públicas en 2014, previo pago de 1.200 millones de euros.

Esa cantidad puede parecer astronómica. Pero también lo son las cantidades que se ahorraron los berlineses después de que el Bundeskartellamt, la institución germana que regula la competencia, obligara a la BWB privada a reducir los precios del agua entre 2012 y 2018. “La reducción se corresponde con unos 440 millones de euros, más de un tercio de lo que Berlín tuvo que pagar en la remunicipalización”, concluye Lobina. (eldiario.es)

El incremento de los empleos vulnerables se consolida. Según las proyecciones para 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos trabajos aumentan en número y en porcentaje a nivel mundial hasta afectar al 42,6% de trabajadores en el mundo, tras varios años en los que ya se observaba la desaceleración en su caída. Estos empleos (de trabajadores autónomos y trabajadores familiares no remunerados) suelen estar sujetos a «altos niveles de precariedad» y es menos probable que sus protagonistas accedan a «ingresos regulares» y a una «protección social», recuerda la organización.

La OIT ha publicado este lunes su informe ‘Perspectivas sociales y del empleo en el mundo’, con las tendencias observadas para este año. Entre los datos que destaca el estudio, figura el aumento de denominado «empleo vulnerable». A nivel mundial, su tasa se situó en el 42,5% en 2017 (unos 1.400 millones de personas) y ascenderá al 42,6% en 2018 y al 42,7% en 2019, según las proyecciones de la organización internacional. «A nivel mundial, el avance significativo logrado en el pasado en la reducción de este tipo de empleo está prácticamente estancado desde 2012», advierte.

Se prevé que este tipo de empleo permanezca especialmente elevado en los países en desarrollo y emergentes, donde superaría el 76% y el 46%, respectivamente. En los países considerados «desarrollados»,  la tasa está en el 10%.

Creación de empleo precario

El informe recoge también que el crecimiento económico mundial alcanzó el 3,6% en 2017, «tras tocar en 2016 su nivel mínimo en seis años, el 3,2%». Este crecimiento se mantendrá este año, según sus cálculos, por debajo del 4%, «pues en la mayoría de las principales economías la actividad económica se normaliza sin estímulos significativos y la inversión fija permanece en un nivel relativamente moderado».

La economía crece y la tasa de desempleo se reducirá en los próximos dos ejercicios, tras tres años de subidas. La tasa a nivel mundial bajará en un punto porcentual respecto al pasado año, hasta el 5,5% en 2018; en términos absolutos, 192,3 millones de personas se hallarán en esta situación. Para 2019, la estimación es que se mantenga la tasa con el mismo porcentaje, aunque el número aumentará hasta los 192,7 millones de parados.

En los países en desarrollo, la OIT señala que el desempleo aumentará en medio millón de personas anuales tanto en 2018 como en 2019, y la tasa se mantendrá en un 5,3%. Para España, la previsión del organismo es que la tasa de desempleo se sitúe en el 15,4%, muy próxima a la estimación del Gobierno (15,5%). En la actualidad, la cifra se sitúa en el 16,38%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2017.

En los países desarrollados el organismo identifica varias fórmulas de precariedad laboral. Aunque la tasa de desempleo disminuye, «muchos países siguen notificando una tasa elevada de subempleo [aquel en el que se trabaja menos horas de las que se desea], un amplio porcentaje de trabajadores desanimados y una creciente incidencia del empleo a tiempo parcial involuntario».

Empuje (y peligros) del sector servicios

Entre las causas que explican la tendencia a la precariedad en el empleo, figura un giro estructural con un mayor peso del sector servicios. A nivel mundial, el empleo informal y vulnerable «no se reduciría en la medida que cabría esperar» –teme la OIT– ya que buena parte de los trabajadores que abandonan la agricultura (con importante presencia de empleo precario) encontraría empleo en el sector servicios, donde la incidencia de las malas condiciones de trabajo es más elevada que en la industria. Para los países desarrollados, el mayor empleo en el sector de los servicios «podría aumentar la incidencia del empleo a tiempo parcial y el subempleo por insuficiencia de horas».

En cuanto al trabajo parcial, el informe destaca el aumento en los países de la Zona Euro. Este tipo de jornada laboral pasó a representar el 21,6% del total del empleo en 2016, respecto al 18,7% que suponía en 2008. Estos contratos, recuerda la OIT, suponen en general sueldos más bajos y menores perspectivas de promocionar en la carrera laboral de los afectados. Además, este tipo de contratos suelen ser un reflejo del subempleo: más del 30% de los trabajadores a tiempo parcial en la Zona Euro preferiría estar empleado a jornada completa. El estudio destaca en este punto el caso de España, Italia y Grecia, donde el porcentaje se eleva por encima del 60%.

El sector servicios también está vinculado a «nuevas formas de empleo», entre las que figura el « empleo por cuenta propia económicamente dependiente«, muy común en las plataformas digitales, como podrían ser los repartidores de Deliveroo, por ejemplo. En este sentido, la OIT advierte de que «estas formas emergentes de empleo, a la vez que ofrecen una mayor flexibilidad y autonomía, también puede estar relacionado con el empeoramiento de las condiciones generales de trabajo». Entre sus posibles riesgos señala una mayor intensidad de trabajo, horas de trabajo excesivas y un acceso limitado o nulo a la protección social«-

Ante esta situación, la OIT considera necesaria la intervención con políticas que impulsen la calidad del empleo y la productividad en el sector servicios. La organización también alerta, entre otros muchos asuntos, de que «las disparidades de género son especialmente preocupantes», un asunto que tratará más en detalle en un informe específico en marzo. (eldiario.es)

Los miembros de las delegaciones de desarme de Austria, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica han obtenido el premio de Personalidad del Año del Control de Armas 2017 por su «liderazgo en el avance de soluciones efectivas en el control de armamentos y no proliferación», según lo anunció el pasado 9 de enero la Asociación de Control de Armas.

Los diplomáticos que dirigen las respectivas delegaciones de desarme desempeñaron, junto con la embajadora de Costa Rica, Elayne Whyte Gómez, un papel central en las negociaciones multilaterales sobre el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la ONU, señaló la organización.

De acuerdo con su página oficial, más de 2.500 personas de más de 90 países votaron en el concurso en línea, el mayor número de votos de la más amplia gama de países en los 10 años de historia del concurso.

«En un año marcado por crecientes tensiones entre los Estados con armas nucleares del mundo, la negociación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se destaca como un logro histórico», señaló Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas. (rt.com)

La inversión española hacia paraísos fiscales en el último año se ha multiplicado por cuatro, con lo que la contribución de las empresas multinacionales al total de recaudación es cada vez menor y la financiación del Estado recae cada vez más en las familias, según Oxfam Interfom.

Esta es una de las conclusiones del informe «El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad» realizado por esta ong, que insiste en pedir la aprobación de forma urgente de una ley que ponga fin a «la evasión fiscal de grandes empresas y fortunas» en España.

Según el informe, antes de la crisis las familias aportaban el 74 % del total de impuestos recaudados para pasar a aportar el 83 % en 2016, mientras que las empresas aportaron el 22 % en 2007 y el 12 % en 2016. «Se trata -apunta la ong- de un rediseño del sistema fiscal que no sólo no contribuye a reducir la desigualdad, sino que la acentúa».

Una de las principales causas de esta situación, según se desprende del documento, es «el descalabro» que han sufrido los ingresos procedentes del impuesto de sociedades.

El impuesto que pagaron las empresas en 2016 recaudó un 52 % menos que lo que ingresaba antes de la crisis económica, mientras que la recaudación del resto de impuestos ha recuperado los niveles pre-crisis.

Esta diferencia entre lo que el impuesto de sociedades ingresaba en 2007 y actualmente lo cuantifica la ong en 23.145 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, duplica la necesaria para pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos en España.

Y en esta «carrera a la baja» en la tributación empresarial, los paraísos fiscales «juegan un papel determinante», según la organización, ya que -dice- «actúan como catalizadores de esta competencia fiscal».

Los paraísos fiscales, según la ong, son los grandes agujeros negros de la fiscalidad internacional ya que, al ser territorios con un nivel de impuestos bajo o directamente nulo y resultar prácticamente opacos, permiten a grandes empresas y fortunas desviar beneficios y capitales que deberían tributar en sus países de origen.

Y la utilización de estos territorios se incrementa. La inversión mundial hacia ellos se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, pero en España lo ha hecho solo en uno, entre 2015 y 2016, según la ong, es decir uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal.

La inversión española que se dirige hacia paraísos fiscales es un 27 % superior a la que se destina a Latinoamérica y más de la mitad de la inversión extranjera que entra en España proviene de un paraíso fiscal.

Por eso, Oxfam considera necesario una ley que permita adoptar una definición sobre paraísos fiscales vinculante y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, además de reducir la evasión a la mitad en el plazo de cinco años.

También pide que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las pymes y promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales. (eldiario.es)