Una niña de Noruega tiene la posibilidad de vivir 82 años y de estar escolarizada durante 18. La misma chica, pero en Níger, podrá llegar hasta los 60 e irá a la escuela un lustro. Esta diferencia se da porque en los países desarrollados se vive una media de 19 años más y la escolarización se alarga hasta siete cursos adicionales, según concluye el último informe sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es este un indicador de referencia mundial que mide cada año, desde 1990, el bienestar de las personas en 189 países del mundo en función de tres dimensiones básicas: salud, educación e ingresos. Todas ellas implican oportunidades reales de mejora de vida de las personas. Noruega encabeza la primera posición, mientras que Níger, que había salido del último puesto el año pasado, vuelve a ocuparlo. Y le siguen en esta cola otros 11 países, todos de África subsahariana.

El mundo continúa presentando grandes desigualdades, pero en conjunto progresa, aunque sea lentamente, y esto se refleja en el nuevo IDH. De hecho, de los 189 países incluidos en el listado, 59 ya se ubican en el grupo de desarrollo muy alto, y 38 pertenecen al más bajo, cuando en 2010 estas cifras eran de 46 y 49 respectivamente. Destaca el avance logrado por los 46 Estados que conforman la región subsahariana, donde la esperanza de vida ha aumentado 11 años desde 1990 pese a las dificultades, y ya es la que más rápido ha crecido en su valor IDH entre el 2000 y 2010: un 34,9% anual, solo por detrás de Asia del Sur —con un 45,3%— y Asia oriental y el Pacífico, con un 41,8%.

No hay que perder de vista los retos presentes: hoy las personas viven siete años más que en 1990, los menores permanecen en la escuela 3,4 años más y las familias cuentan con mayores ingresos, pero son millones las que ni se han acercado a estos avances en estos 28 años de estadísticas. “Aunque hay motivos para ser optimistas, la considerable desigualdad en el bienestar sigue siendo inadmisible. Esta, en todas sus formas y dimensiones, limita las opciones y oportunidades de los individuos y frena el progreso”, afirma Selim Jahan, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD sobre este estudio, que estima que debe ser útil para que los responsables políticos adopten medidas óptimas, siempre en la línea de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Además de las innumerables injusticias históricas y presentes que lastran los derechos de los africanos, el PNUD pone el foco en la reducción de conflictos y de la epidemia de VIH y SIDA de las décadas anteriores que asolaron el continente como algunas de las causas que hacen que la región subsahariana se recupere paso a paso. Se aprecia ahora un ascenso reflejado en países como Botsuana, Gabón, Mauricio y Seychelles, que se ubican en el grupo de desarrollo humano alto, y otros 12 países de la región que están en el grupo medio.

Pero todavía hay trabajo que hacer. Los demás pertenecen al grupo con el nivel más bajo, con una media mundial de un 47,5% de adultos analfabetos y solo un 17,1% de la población con acceso a Internet. Que en la región haya un promedio de 39 alumnos de primaria por docente, que apenas cuente con dos médicos por cada 10.000 personas, que la tasa de natalidad entre adolescentes sea de 101 de cada 1.000 nacidos vivos o que el índice de mortalidad materna sea de 549 por cada 100.000 nacidos vivos son todavía retos por superar.

Jahan advierte también sobre la importancia de monitorear de forma permanente a cada país, porque las situaciones de conflictos, de desastres climáticos o cambios de gobiernos inciden de forma directa en los resultados. De este último estudio se desprende que en el periodo 2012-2017 Siria ha sufrido el mayor descenso en la clasificación con la bajada de 27 puestos, seguida por Libia, con 26 y Yemen con 20. Venezuela destaca también por un descenso de 16 puestos, aunque es probable que el impacto de la crisis aún no se haya reflejado totalmente en su IDH. Irlanda, al contrario, ha ascendido 13 hasta situarse en la posición cuarta (en el top), y Turquía, la República Dominicana y Botsuana han subido ocho puestos.

Pero el PNUD fija la mirada también en la calidad de lo que representan los números de la lista. "Cada vez resulta más evidente que no basta con contar cuántos niños están escolarizados, sino que es necesario saber si de verdad aprenden. El enfoque en la calidad es crucial para fomentar un avance del desarrollo humano sostenido y sostenible”, declara Jahan. En la línea de estudiar la calidad de los indicadores dentro de cada país, con sus desigualdades internas y territoriales, ha surgido el proyecto del Índice del Desarrollo Humano Subnacional, dirigido por Iñaki Permanyer, investigador del Instituto Ramón y Cajal y del Centro de Estudios Demográficos. "Los países son heterogéneos y dentro de ellos puede haber índices que oscilen del 1 al 10. Por eso, al incorporar la dimensión territorial se descubren nuevas capas de desigualdad", indica el experto, que concluye que en los países más ricos hay más cohesión territorial. "Pero en lugares como China o India las disparidades son brutales, hay zonas muy avanzadas y otras rurales con menor desarrollo", añade.

Brecha de género

"La situación de la mujer es crítica, fundamental y crucial. El 80% de la actividad agrícola está desarrollada por mujeres y tienen que poder tomar decisiones", declara Jahan. El IDH promedio para las mujeres es un 6% inferior al de los hombres por las limitaciones de acceso a la educación y los ingresos inferiores. El empoderamiento de las mujeres y un mayor avance para la escolarización de las menores se presentan como retos en los que seguir trabajando, junto al avance en la participación en el mercado laboral, que se sitúa en un 49% frente a un 75% de los hombres respectivamente.

El informe revela que la violencia machista afecta a todas las sociedades y que el matrimonio infantil y la tasa de natalidad entre adolescentes limitan las oportunidades de las chicas. "En los países con índices bajos de desarrollo, el 39% de las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años se casaron antes de cumplir los 18", se lee en el resumen del informe. Este también indica que, aunque de media las mujeres vivan más tiempo, la proporción de hombres que reciben una pensión es un 2,9% mayor.

Los gobiernos de las comunidades autónomas españolas gastan cada año cerca de 5.700 millones de euros en sufragar convenios y conciertos asistenciales con los hospitales privados a los que derivan pacientes por no poder atenderlos. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cifra, sirva como muestra el hecho de que esa cantidad supera con creces el presupuesto total que destinan conjuntamente a la sanidad las comunidades de Navarra y el País Vasco, las autonomías con mejores índices de calidad en atención sanitaria y las que presentan el mayor gasto per cápita en salud.

Así se desprende del informe Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que alerta de la alarmante caída en el presupuesto público sanitario desde hace diez años, así como de la consiguiente pérdida de calidad que han experimentado los servicios públicos a causa de los recortes emprendidos durante los años de crisis económica.

El estudio de FADSP evalúa la situación de cada comunidad autónoma analizando y puntuando uno por uno una treintena de parámetros agrupados en cinco categorías. En primer lugar, la financiación y los recursos disponibles, donde incluye el gasto sanitario y, entre otros elementos, los índices de profesionales, camas hospitalarias, quirófanos, intervenciones quirúrgicas, material y equipos médicos por cada mil habitantes.

En segundo lugar, la política farmacéutica, donde mide la evolución del gasto público en medicamentos adquiridos con receta y en los dispensados en los centros hospitalarios, así como el empleo de fármacos genéricos. En tercer lugar, la valoración ciudadana del sistema, y, en cuarto, la situación de las listas de espera en consultas de especialista o para intervenciones quirúrgicas. Finalmente, la privatización sanitaria.

En este último apartado, la Federación analiza el porcentaje del presupuesto público de cada comunidad destinado a contrataciones y convenios con centros privados, así como la privatización encubierta mediante fórmulas de gestión privada, como las fundaciones, las empresas públicas y los consorcios de colaboración, y las concesiones administrativas y las iniciativas de financiación privada de la sanidad. También, la existencia o no de dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios al sistema público de salud.

Según la FADSP, los porcentajes del presupuesto sanitario destinado a derivar pacientes a los centros privados varían desde el 3,7% de Cantabria y el 4% de Castilla y León, al 10% de Canarias y Baleares, el 12,4% de Madrid y el 25,1% de Catalunya. Entremedias, La Rioja (8,4%), Navarra (7,7%), País Vasco (6,8%), Murcia (6,4%), Asturias (6%), Castilla La Mancha y Galicia (5,5%), Aragón (5,4%), Valencia y Extremadura (4,5%) y Andalucía (4,3%). Si se extraen las cantidades brutas según el porcentaje de referencia en cada comunidad, la suma de todas ellas asciende a más de 5.669 millones de euros.

El estudio de las plataformas que defienden la sanidad pública añade a ese gasto público el llamado “gasto de bolsillo” que cada ciudadano dedica a su salud, bien sea mediante el repago de fármacos, bien por lo que paga por un seguros privado de salud, si lo tiene, o bien por lo que le cuesta abonar una prestación sanitaria en consultas médicas u hospitales ajenos al sistema público. Esos costes rondan los 400 euros anuales por habitante en toda España, con mínimos en Castilla La Mancha (332 euros por persona y año) y máximos en Aragón y el País Vasco, con 491 y 513 euros anuales, respectivamente, por habitante.

El índice de privatización de la sanidad pública es una de las cinco categorías analizadas por la FADSP para establecer su ránking por comunidades. Las que obtienen las mejores puntuaciones son el País Vasco (94 puntos), Navarra (83), Aragón y Castilla y León (80 puntos cada una). Hay cinco autonomías con servicios sanitarios que la FADSP califica de “regulares”: Asturias (78 puntos), Castilla La Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Tienen servicios sanitarios “deficientes” Baleares (72), Galicia (71 puntos), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). A la cola, Catalunya (65 puntos), València (63) y Canarias (53).

Deterioro generalizado

Pese a que el listado podría dar a entender que la sanidad ha mejorado en algunas comunidades, los autores del informe advierten de que el deterioro es generalizado, y alertan de que los recortes en los presupuestos públicos han sumado en los últmios diez años entre 15.000 y 20.000 millones de euros, dependiendo de las fuentes consultadas.

De hecho, el estudio muestra que esos recortes siguen lastrando drásticamente el gasto sanitario, porque no hay ninguna comunidad autónoma donde el presupuesto del 2018 haya podido situarse ni siquiera al nivel que tenía en el año 2009. Sólo en el País Vasco, donde el gasto previsto para este ejercicio es un 1,3% inferior al de hace diez años, se puede hablar de cierta recuperación.

En el resto de autonomías, el bajón supera el 8%, y en 12 de ellas –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- los recortes con respecto al 2009 superan el 10%.

“Estos recortes se han evidenciado sobre todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios), que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo”, subraya la FADSO. Asegura que en los últimos tres años “se han producido incrementos presupuestarios”, pero subraya que “ni de lejos han servido para recuperar la situación previa”.

"Esos incrementos han ido dirigidos básicamente a atender un incremento del gasto farmacéutico, en parte consecuencia del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria –la patronal de la industria farmacéutica- por el que le garantizaba a esta última un aumento paralelo al crecimiento del PIB”.

"Buena prueba [del deterioro sanitario] es que en el último informe de The Lancet sobre el Índice de calidad y acceso a los sistemas de salud, España retrocede once puestos en la clasificación internacional de 195 países de todo el mundo”, añaden.

Los recortes en sanidad han provocado que la percepción ciudadana sobre la calidad del sistema público de salud haya variado sustancialmente. Según FADSP, el porcentaje de personas que afirman que el sistema funciona bien o bastante bien ha pasado del 74% en el año 2010 al 67,6% en el 2017. Las personas que piensan que las listas de espera han empeorado en el último representaban en el 2009 el 13% de la población, pero en el 2017 ya eran casi el 30%.

La crisis diplomática entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Arabia Saudí a cuenta de  la paralización de una venta de 400 bombas de precisión a la monarquía absolutista ha reabierto el debate sobre la venta de armamento a este país.

La recurrente polémica que provoca la venta de armas desde países occidentales como España, Estados Unidos o Reino Unido a Arabia Saudí tiene su origen en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de los Saud tanto en el interior del país como en conflictos como el de Yemen, y que han sido denunciadas por numerosas ONG.

El 9 de agosto, un bombardeo de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen dirigido contra un autobús escolar mató a 50 personas, 29 de ellas niños de menos de 15 años. El ataque tuvo lugar cuando el conductor del autobús, lleno de niños que volvían de excursión, paró en una calle muy concurrida para comprar agua.

El Gobierno saudí, a través de un comunicado difundido por la agencia oficial del país, lo calificó de “acción militar legítima” al estar dirigido contra los supuestos responsables de un ataque con misiles contra la ciudad saudí de Jizan el día anterior.

Posteriormente, la coalición de países que ataca Yemen admitió que se había tratado de un ataque "injustificado" y en esa operación se habían cometido "errores", según informó Al Jazeera.

Ataque a una boda

El 23 de abril la aviación saudí bombardeó la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, controlada por los rebeldes hutíes, la milicia yemení que controla el noroeste del país.  33 personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque, cuyo objetivo fueron las dos tiendas de invitados, la de mujeres y la de hombres.

Una de las imágenes más difundidas tras el bombardeo fue la de un niño yemení que se aferraba al cadáver de su padre, fallecido momentos antes durante la celebración de la boda.

Tras la agresión saudí, la llegada de ambulancias se vio dificultada por la presencia continuada de aviones en la zona. Es frecuente que los saudíes esperen a la llegada de los equipos de emergencia para realizar un segundo o tercer ataque.

El régimen saudí ha justificado ataques a bodas con la excusa de que en ellas se encontraban dirigentes hutíes.

Una imagen difundida por medios locales permitió identificar el  origen de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la empresa norteamericana Raytheon.

En 2015, la Administración de Obama vendió a Arabia Saudí 4.000 bombas GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000 bombas guiadas a los saudíes.

Este tipo de armamento es muy similar al que España iba a suministrar al mismo país y cuya venta paralizó, para después dar marcha atrás y dejar abierta la posibilidad de llevarla a cabo.

En el año 2015, con Pedro Morenés a cargo de la cartera de Defensa, se autorizó la venta de 400 bombas guiadas por láser al régimen saudí, pero el ministerio de Defensa de Margarita Robles decidió en un primer momento paralizar su exportación por miedo a que dichas armas se usen contra la población yemení. Sin embargo, las presiones del reino saudí, que ha amenazado con cancelar el contrato multimillonario de compra de cinco corbetas, han hecho que el Gobierno recule y busque otra solución.

Objetivo: un funeral

Pero en el elenco de objetivos militares de la coalición liderada por Arabia Saudí no están solo las bodas y las excursiones. En octubre del año 2016 la aviación saudí  bombardeó un funeral en la capital yemení, Sanaa, también bajo control de los hutíes. Un total de 140 personas murieron en este ataque. 

El fallecido por el que se celebraba el acto era el padre de Galal al-Rawishan, ministro de Interior en el Gobierno apoyado por las milicias rebeldes y el expresidente Saleh. También había formado parte del Gobierno del anterior presidente, ahora apoyado por los saudíes, por lo que era una persona muy conocida en la capital.

Posibles crímenes de guerra

A finales del mes de agosto de este año,  un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en el que acusó a todas las partes involucradas en la guerra de Yemen de haber cometido potenciales crímenes de guerra.

En él, explican que los ataques aéreos de la coalición árabe han causado la mayoría de las muertes civiles contabilizadas en tres años de guerra como consecuencia directa de los bombardeos "contra áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, prisiones, barcos civiles e incluso centros médicos".

Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado más de 36 bombardeos que "podrían constituir" violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional.

Desde el inicio del conflicto, según datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, aunque "la cifra real es probablemente significativamente más alta", apuntan los expertos. Las fuerzas saudíes también han cometido "tratos crueles y tortura, actos denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15 años o haberlos utilizado como parte activa en las hostilidades", según la ONU. Un total de 2,3 millones se han desplazado internamente a causa de la violencia.

El papel de España

España vendió el pasado año  material de defensa por más de 361 millones de euros a los países que forman parte de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.

Así consta en el informe ‘Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso’ del año 2017, que anualmente remite la Secretaría de Estado de Comercio a las Cortes Generales.

En total, España exportó 4.346,7 millones de euros el pasado año en material de defensa y doble uso, un 7,3% más que en 2016 y la cifra más elevada de los últimos años.

Entre ellos, Arabia Saudí es el principal cliente de la industria de defensa española fuera de la OTAN y la Unión Europea. En concreto, España exportó al país 270,2 millones de euros entre los que se encuentran un avión de transporte, repuestos para aeronaves, drones, plataformas portamorteros, granadas de mortero, munición de artillería, equipos de detección y cámaras de infrarrojos.

El abril de este año, el Gobierno de Rajoy reconoció que no existe, "ni nunca ha existido en España", un protocolo que detalle los procesos a seguir para la vigilancia de las armas que vende la industria de armamento una vez que estas llegan a su destino.

Cuando las armas españolas atraviesan las fronteras es imposible su fiscalización: no hay ningún organismo encargado de controlar cuál es su verdadero destino final, ni mecanismos de alarma sobre el posible uso ilegal del material ni, por tanto, una manera reglada y efectiva de comprobar si el Gobierno ha cumplido la ley al autorizar su exportación.

Qué dice la ley española

En España, el organismo encargado de aprobar o denegar cada exportación de armas es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), dependiente del Gobierno. Pese a que las actas de sus reuniones son secretas, los resultados de sus dictámenes pueden comprobarse en los resúmenes de material de defensa exportado que el Gobierno debe trasladar al Congreso cada año. Ninguna exportación de armas puede realizarse sin el consentimiento previo del Ejecutivo.

El porcentaje de denegaciones de la JIMDDU no suele superar el 1%. Sin embargo,  la  Ley española de comercio de armas establece la prohibición de autorizar las exportaciones "cuando existan indicios racionales" de que las armas puedan "ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos".

Además, la ley explica que el objetivo es "impedir la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles a favor de Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz". (eldiario.es)

Cuando desenfunda su katana, Ramón Nogueras no deja títere con cabeza. Este psicólogo conductista, al que ustedes tal vez conozcan por su famosa charla ‘¿Por qué fracasan las parejas?’, ha emprendido una lucha contra las pseudoterapias que pueblan su campo de trabajo: el psicoanálisis, la gestalt, el coaching, las constelaciones familiares… no necesariamente por este orden.

En nuestra sociedad obsesionada con la felicidad, la psicología -o más bien, esa amalgama que se encierra bajo el paraguas del bienestar- se ha convertido en un coladero para vendedores de dicha. Según me cuenta Nogueras mientras desayunamos en el tórrido verano madrileño, “uno de los principios en los que se basan estas pseudoterapias es que todo el mundo está mal”. Entre las pseudoterapias está, por supuesto, el psicoanálisis, una disciplina que, aunque declinante, sigue teniendo cierto prestigio en algunos lugares. Ahora bien, es más fácil salir de las drogas duras que del psicoanálisis: “No existe una sola prueba diagnóstica, un test o similar en el psicoanálisis que diga “este señor está bien, no le pasa nada. Todo significa algo malo”, apunta Nogueras.

Ramón Nogueras participará el próximo 8 de septiembre en TEDxMadrid: Metamorfosis.

“El psicoanálisis no es un procedimiento contrastado. No lo ha sido en más de un siglo, y probablemente nunca lo sea. Sabemos a ciencia cierta que está basado en falsedades, en inventos de un tipo que quería mantener su medio de vida y su adicción a meterse cocaína. No hay ninguna razón válida para practicar psicoanálisis, como no la hay para la terapia gestalt, la bioneuroemoción, las constelaciones familiares o cualquier otra chorrada que pretenda meterse bajo el paraguas de la psicología”, escribe Nogueras en su blog, Sesgo de Confirmación.

¿Pero acaso el psicoanálisis no está en declive, mientras legiones de terapeutas gestálticos toman su lugar?, pregunto. “En España puede que sea marginal, pero en Francia o en Argentina el psicoanálisis sigue siendo el rey”, responde Nogueras. Y no sólo en Francia o en Argentina. En Barcelona, donde reside desde hace una década este granadino, “hay más de trescientos de estos charlatanes practicando esta pseudoterapia sin control alguno”, denuncia Ramón Nogueras. Barcelona es, efectivamente, el epicentro del psicoanálisis de España, algo así como nuestra Buenos Aires.

¿Qué práctica consideras más perniciosa, el psicoanálisis, la gestalt o el coaching?

“Todas son facetas de la misma mierda. Son todos igual de peligrosos, todos pueden aconsejar mal hasta el punto de causar daño a las personas. Un ‘coach’  que te dice que si estás mal es porque tu actitud no es suficientemente positiva lo que está haciendo es mentir a la persona y además estás demorando el tiempo que tarda esta persona en resolver ese problema. La terapia cognitiva tiene de media entre tres y cinco meses, ¿qué demonios haces yendo cinco años a un psicólogo?”

Fundada por Fritz Perls en California en los años 40, la terapia gestalt es una hija bastarda del psicoanálisis y, al igual que este, carece de estudios serios que confirmen su eficacia, según denuncia la asociación contra las terapias pseudocientíficas AEPETP. La gestalt ha conseguido en los últimos tiempos una fuerte penetración en los círculos de la ‘nueva era’, gracias en parte al carisma del chileno Claudio Naranjo, discípulo de Perls y refundador del movimiento.

“Los gestálticos, los psicoanalistas y toda esta gente viven de encontrar traumas. La patologización es condición necesaria porque, si no fuera así, ¿de qué vas a ir tú a hacer constelaciones? No, tú vas porque te convences a ti mismo de que estás jodido. Todo esto tiene como corolario conductas como intentar curarte el cáncer con homeopatía. En conclusión, vivimos más que nunca y con mayor calidad de vida que nunca en muchos aspectos, pero nunca hemos estado tan jodidos”, según Ramón Nogueras.

Lo cierto es que las consultas de los psicólogos (y de los psicoanalistas) están a rebosar, y es que no somos felices, por más libros de autoayuda que leamos. “A veces me viene gente a la consulta y me dicen: “Tengo un trastorno de ansiedad.” Y le contesto: No, lo que tienes es un jefe que es un hijo de puta. Yo lo que tengo que tener es un horario razonable y un sueldo digno. Ya verás como cuando tengas un horario y un sueldo en condiciones se te pasa la ansiedad. Como argumentaba recientemente un entrevistado en La Vanguardia, estamos yendo al psicólogo cuando lo que en realidad necesitamos es afiliarnos a un sindicato”.

“Una de las características que distingue a las pseudociencias es que opera con certidumbres. Cuando el psicoanalista te dice que fumas porque tienes una experiencia represiva en tu infancia. Después de ese “diagnóstico”, si dejas de fumar es porque la terapia funciona y si no dejas de fumar es porque no te lo has currado lo bastante”. En definitiva, la “terapia” nunca falla y, en caso de que lo haga, desplaza la responsabilidad al paciente. “Freud fue quien inventó el término de “paciente resistente”. No señor, no hay paciente resistente. Hay terapias mal hechas”, concluye este discípulo de Skinner.

El psicoanálisis, una terapia sin escapatoria

“El psicoanálisis en su inicio eran dos o tres sesiones a la semana durante años. Tú tienes a tu paciente tumbado en un diván y no abres la boca salvo para decir “ajá”, y luego te llevas el dinero crudo. ¿Nadie se da cuenta de que algo falla ahí?”.

“Por supuesto que escuchar es una parte importantísima del trabajo del psicólogo, pero sólo es una parte porque después de escuchar toca hacer. El psicólogo analiza tu conducta, ve qué estás haciendo mal y te ayuda a ir cambiando. Una terapia tiene que acabar, y tiene que acabar en un punto previsible: esto va a acabar en diez sesiones, y luego podrán ser ocho sesiones o doce, pero ha de tener un final previsible”. Algo complicado en una terapia que no contempla la curación del paciente: “No existe una sola prueba en el psicoanálisis que diga “este señor está bien”.”

¿Cómo nos podemos orientar en el laberinto de terapias y prácticas psicológicas disponibles? Nogueras defiende que “sólo hay una psicología, que es la que usa el método científico. Si no usa el método científico, no es psicología, del mismo modo que si no sigue el método científico no es química, sino alquimia”.

La Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe o estudio con datos que avale su principal tesis para llevar a cabo la privatización sanitaria: una mayor eficiencia en el gasto público. La Cámara de Cuentas lo pone negro sobre blanco en el anteproyecto del informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la región entre 2011 y 2015,  al que ha tenido acceso eldiario.es   a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala .

El órgano fiscalizador constata en un documento profuso cuajado de datos que "se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener". Según el funcionamiento de la Cámara, los anteproyectos son remitidos a los organismos fiscalizados para que realicen alegaciones y de ahí se derive un proyecto que tiene que aprobar el Pleno de la Cámara para que se convierta en definitivo. La Consejería de Sanidad no ha respondido a eldiario.es sobre si el informe está ya en sus manos o han presentado alegaciones.

"No se han facilitado informes y/o estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía", apunta el órgano fiscalizador, que desmonta por ausencia de pruebas el argumentario utilizado por el Ejecutivo dirigido Ignacio González (PP) para justificar la privatización  tumbada por la justicia de seis hospitales de gestión sanitaria pública (Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste, del Tajo y de Vallecas). Las mismas razones que expuso su antecesora, Esperanza Aguirre, para abrazar el modelo semiprivatizado primero y privatizado al 100% después para su plan de infraestructuras sanitarias.

Seis hospitales con canon y cuatro privatizados

Actualmente hay cuatro hospitales en Madrid de gestión privada. La Comunidad   importó este sistema de la Comunitat Valenciana. De hecho, colocó como director general de Hospitales al impulsor del modelo en Valencia y directivo de la aseguradora Adeslas, Antonio Burgueño. Los cuatro centros están en régimen de concesión, es decir gestionados por empresas a las que paga la Consejería de Sanidad por prestar el servicio. Son el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles); todos impulsados cuando dirigía la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (PP). Además, otros seis se montaron con un sistema de semiprivatización en el que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la concesionaria que levanta el edificio a cambio de un canon anual. En diez años se ha pagado más de 1.550 millones a esas concesionarias en concepto de este canon, según datos recogidos por la Cámara de Cuentas.

Según el anteproyecto al que ha accedido eldiario.es, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre –que gobernaba en 2007 cuando se empezó a explotar esta fórmula– fundamentó la elección de este modelo en "los principios de  racionalización, eficacia, simplificación, libertad de elección y eficiencia" pero no ha aportado hasta la fecha "ningún análisis comparativo" de cuánto habría costado prestar el servicio "con los propios medios de la Comunidad" en lugar de ajenos.

La fórmula se estrenó en la Comunitat Valenciana, en el hospital de la Ribera: el modelo Alzira que acaba de ser recuperado para la gestión pública directa por la Generalitat. Esa forma de ofrecer la atención sanitaria todavía está viva en Vinalopó, Torrevieja y Dénia. El modelo, al menos semiprivatizado, también se exportó más tarde, por ejemplo, a Galicia (al hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro). El nuevo hospital de Burgos que ha seguido la senda de la concesión privada se ha revelado un agujero de dinero público.

Entre 2011 y 2015, la Comunidad de Madrid ha pagado cerca de 986 millones de euros a las empresas gestoras (ahora Quirón Salud y Sanitas), de acuerdo con los datos de la Cámara de Cuentas, que también entra a analizar la actividad y la facturación de estos hospitales. Con esta información concluye que, al final, los pacientes que requieren hospitalización son tratados "en mayor medida en hospitales del SERMAS", es decir, en los públicos.

Este hecho probado al menos entre los años 2013 y 2015 puede responder, según el informe, a la "libertad de elección" de centro que existe en la región, pero también a la derivación desde hospitales privatizados porque no tienen "la cartera de servicios precisa" para atender correctamente o pretenden "reducir costes en los tratamientos más complejos o largos".

"Incertidumbre" en los costes finales

La Cámara de Cuentas insiste en que, además de no haber pruebas de ahorro ni eficiencia de este modelo, la gestión por concesionarias y el canon comprometido con las sociedades que construyeron los seis hospitales que se pretendían privatizar genera unos gastos a la administración pública difíciles de calcular y, por tanto, existe "incertidumbre" sobre los costes finales. Al inicial se deben añadir los modificados, sumas obligadas por sentencia judicial o conceptos como las bonificaciones por ahorro energético (casi cuatro millones de euros). ¿El resultado final? Sobrecostes, descontrol del gasto y caos contable ya desvelado por la Cámara de Cuentas.

A las concesionarias de los cuatro hospitales privatizados se les paga con un sistema variable que incluye un fijo por cada tarjeta sanitaria (que crece con el IPC) y saldos intercentros. Este saldo suma o resta en función de los pacientes que no son de la zona y eligen el centro (suma), y de los que no acuden a su hospital de referencia y optan por otro (resta).

Los hospitales del SERMAS (de gestión pública directa) recibieron con este sistema 123 millones de euros más entre 2013 y 2015 porque el número de pacientes que atendieron pese a que les correspondía otro hospital fue mayor al volumen de personas que eligieron otro aunque les tocaba uno público de gestión directa. Mientras, los privatizados registran año a año (salvo excepciones) saldos negativos por la marcha –voluntaria o provocada por los gestores– de pacientes, según los datos aportados por la Cámara de Cuentas.

Como los centros forman parte de la red pública, la administración debe controlar su funcionamiento y el uso que hacen de los recursos dentro de su autonomía. Ese control está reservado a un Comisionado de la Administración en cada hospital que, según la Cámara de Cuentas, no existe actualmente aunque "ha existido en distintos momentos del periodo fiscalizado".

Para mejorar los controles, tres de los cuatro hospitales privatizados (Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba) deberían aportar un 0,5% del precio anual de su contrato para realizar "auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados" pero esa cantidad nunca se ha reclamado desde la administración, según la Cámara de Cuentas. "En ningún ejercicio, desde la puesta en funcionamiento de los hospitales, se ha requerido a las concesionarias la puesta a disposición de la Administración del 0,5% del importe anual del contrato. Los costes por las auditorías realizadas con medios propios no se repercutieron en las liquidaciones de 2012 ni de 2013, indicando el SERMAS que se repercutirán en la liquidación 2014", dice el informe.

Privatización (frustrada) en dos fases

Los Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, que le tomó el relevo, idearon un proceso de privatización sanitaria que solo ha podido aplicarse parcialmente. Aún el Partido Popular presume de todos los hospitales que construyó de golpe la expresidenta a base de abrir el sistema público al capital privado con sociedades concesionarias que adelantaron el dinero y construyeron los edificios por un canon anual de dinero público que se seguirá pagando durante 30 años.

Los planes del presidente Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty –cerebro de la privatización– pasaban por externalizar la prestación del servicio público cediendo la gestión a concesionarias por 10 años en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. En total 1.149 camas y 5.128 profesionales. Para ello, s e   modificó la ley , se redactaron contratos, se buscaron contratistas y hasta se modificaron las condiciones de adjudicación a última hora para hacer más atractivo el encargo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 un gasto plurianual de más de 4.000 millones de euros para estos contratos.

Pero en septiembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la licitación de estos contratos y puso fin, tras una amplia movilización social de los sanitarios en Madrid, al propósito de privatización. Hacer el camino de ida, parado por los tribunales, ha tenido un coste para las arcas públicas pese a que esos contratos nunca se firmaron. La administración, como recuerda el informe de la Cámara de Cuentas, tuvo que indemnizar a la empresa a la que adjudicó la gestión del Infanta Sofía, Infanta Cristina y del Tajo por "daños y perjuicios irrogados" con 240.355 euros.  Por entonces ya estaban funcionando paralelamente tres de los cuatro hospitales de gestión privada (el de Villalba se inauguró en 2014 con tres años de retraso) a los que acuden pacientes de la red pública.

En España, una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental en su vida. Durante la crisis el consumo de antidepresivos se ha triplicado y los suicidios se elevan cada año. El estrés y la precariedad laboral influyen.

Con 31 años, Adrián lleva dos meses de baja por ansiedad. Asegura que la precariedad que lleva años arrastrando ha sido el detonante. "Tuve un ataque de ansiedad en el trabajo por el estrés que he sufrido durante años por las condiciones laborales. El trabajo precario es lo que tiene".

En la última década el consumo de antidepresivos se ha triplicado en España. Un aumento agudizado en los años de la crisis. "En España el consumo ha aumentado niveles increíbles y peligrosos. Esto es una muleta y no una solución", cuenta Pedro Rodríguez, miembro de la Junta del Colegio de Psicológos de Madrid.

Los sindicatos recalcan que, mientras las bajas han descendido, el consumo de tranquilizantes y somníferos repunta, sobre todo en las mujeres. "Las mujeres mayores de 55 años consumen cuatro veces más que los varones por las cargas familiares y la irregularidad en el trabajo", afirma Pedro Linares, secretario general de Salud Laboral de Comisiones Obreras.

Además, concretan más factores de riesgo, como la rotación entre empleos, los trabajos muy precarios y, además, con jornadas parciales que la gente no desea. Otro de los indicadores preocupantes es la tasa de suicidios que, tras años de récord histórico, han crecido un 20% desde 2007. (lasexta.es)

En abril se anunciaba que las últimas cinco asociaciones de madres y padres (AMPA) que gestionaban comedores escolares en Andalucía iban a perderlos en beneficio de caterings privados. La movilización social de las comunidades educativas ha forzado una negociación con la Junta de Andalucía que puede salvarlos, pero, sobre todo, rescata una vez más el debate en torno al modelo educativo, sanitario y social que deben promover los comedores escolares.

En Andalucía actualmente hay 1.939 centros educativos públicos, de los cuales los comedores de más de 1.300 son gestionados a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APEA) mediante licitaciones públicas, y el resto son comedores de gestión directa de la Consejería, en cifras aportadas por la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, al comparecer en el Parlamento a raíz de la polémica.

En este curso, la inversión para dar de comer a 190.000 alumnos de la comunidad ha sido de 94 millones de euros, con una media de 4,38 euros por niño y día que se bonifica hasta en un 100% para familias con necesidades económicas.

Los colegios afectados por esta última licitación son el CEIP Gómez Moreno de Granada y los CEIP Europa, Francisco de Goya, Santa Isabel y La Chanca de Almería. En la negociación actual con la Consejería de Educación también se encuentran presentes las AMPA de los CEIP Arcoiris y Madre de la Luz, igualmente almerienses, que perdieron sus concesiones en 2016 y ahora optan a recuperarlas.

MODELO DE CERCANÍA O LÍNEA FRÍA

Estela Gil, presidenta la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CODAPA), explica a El Salto que defiende el modelo de gestión de las AMPA frente a los catering por tres razones: “En primer lugar, la ausencia de ánimo de lucro. Todo el dinero que entra a los comedores revierte en el propio servicio. En segundo, se trata de un modelo ecológico y de cercanía que beneficia al medio ambiente y al tejido social del centro. Y en tercero y último… ¿quién lo va a hacer mejor que los padres? Van a preocuparse más que una empresa privada por la educación, salud y hábitos alimenticios de los niños”.

Aunque, en el caso de los siete centros en negociaciones, la cocina está en el propio comedor —y las condiciones de licitación exigen que se mantenga así— no es igual en el caso de todos los colegios de Andalucía. Lo más habitual es el uso de la polémica línea fría, en la que se preparan los platos en las cocinas centrales de la empresa y se distribuyen a los diferentes centros. De las principales empresas que contratan comedores con Educación, cuatro tienen sus sedes en Andalucía: Luis Sosa, en Sevilla, y que solo trabaja en su provincia y en Cádiz; Perea Rojas y Col-Sevicol en Málaga, que trabajan en toda Andalucía y en el resto de España, e Ibagar, en Granada, que desarrolla su actividad en Andalucía Oriental. El resto son multinacionales con sedes en Madrid o Barcelona, como Aramark, Mediterránea de Catering, Serunión y Serenísima.

Gil sostiene que el modelo de gestión por parte de las asociaciones y con proveedores de cercanía ha demostrado ser el más salubre: “No digo que el modelo de los caterings no sea sano, pero este ha demostrado serlo más, y lo prueban premios como el del informe NAOS sobre obesidad infantil del Ministerio de Sanidad, que ha reconocido la labor del comedor CEIP Gómez Moreno”, precisamente uno de los centros afectados.

En el caso concreto del Gómez Moreno, de hecho, algunos de los proveedores son directamente padres del colegio, como Rafael López, de Oilé, empresa familiar de aceite ecológico, que nos comenta la “satisfacción” de poder alimentar a la propia comunidad. Jorge Mimbrero, presidente del AMPA del centro, recuerda la última licitación: “Nos decían que teníamos que apretar a los proveedores para bajar precios. Que somos muy cándidos. Eso es que no han entendido nada”.

Otros proveedores, como Valle y Vega, que trabajan con agricultores ecológicos de la Vega de Granada, explican que “las cocineras del Gómez Moreno son las más conscientes de la temporalidad con la que trabajamos. No te van a pedir para hacer crema de calabacín en invierno porque saben que no es temporada, están acostumbradas a trabajar con productores ecológicos”.

LICITACIÓN VS CONVENIO

Hasta 2014, las diferentes asociaciones renovaban la concesión mediante convenio con la administración. A partir de ese año, se empezó a licitar por el modelo de concurso público, en el que la oferta de las AMPA debe competir con la de firmas privadas. En un convenio, la asociación alcanza un acuerdo concreto con la Administración sobre costes y gestión. En un concurso público, alegan, deben competir en costes con empresas privadas que pueden permitirse pérdidas que una asociación no.

Aunque el número de comedores gestionados por los padres de forma directa nunca fue muy amplio —CODAPA carece de cifras exactas— esta circunstancia lo redujo, para el curso pasado, a apenas cinco: cuatro en Almería y uno en Granada. Los cinco han salido a concurso de manera individual al tratarse de centros con cocina integrada y que no precisarían llevar la comida desde otros lugares.

Muchos colegios en Andalucía son licitados mediante lotes de cuatro o cinco a la vez, algo en lo que CODAPA tercia aclarando que “no se puede estar en contra: si no se licitasen por lotes grandes los comedores sin cocina, a las empresas que tienen infraestructuras para atenderlos no les saldría rentable, y quedarían algunos centros sin atender”. La gestión por parte de las AMPA, recuerdan, es voluntaria y no todas pueden o quieren. “Para beneficiar a un grupo pequeño no se puede perjudicar a otro más grande”, puntualizan.

No puntúa surtirse de mercados de cercanía, y en cuanto al consumo de productos ecológicos, puntúa llegar a los cinco kilos por niño al mes, pero no superarlo, marca que consiguen algunos de estos centros. “No pensamos que haya habido mala fe, pero sabemos que las directivas europeas que deberían regir la contratación pública favorecen modelos como el nuestro. Ya que se anuncian leyes sobre empleo de calidad, medio ambiente u obesidad, que nos cuiden a nosotros que ya cumplimos con todo eso”, aclara Mimbrero, del Gómez Moreno.

En la misma línea se expresa Daniel, presidente del AMPA del CEIP Madre de la Luz. “La licitación nos mató. No nos han echado, pero nos han invitado a irnos”, nos explica. El comedor del Madre de la Luz estuvo gestionado hasta 2016 por el AMPA, cuando lo perdieron junto a las AMPA del vecino IES Caravaca y el CEIP Arcoiris, a favor de la filial española de la multinacional italiana Serenísima. Ahora las madres y padres de los dos colegios de Primaria negocian por recuperar dicha gestión junto a la de las cinco en peligro de perderla.

En 2017, tras un año de concesión, Serenísima quiso devolver la gestión a los padres, alegando “razones de logística”. Por eso, aclara Daniel, “no nos fiamos de concesionarias, no es lo mismo una empresa que una asociación sin ánimo de lucro”. En el caso del Madre de la Luz, el comedor era de gestión del AMPA desde 1981, y continúa aún trabajando un cocinero desde aquella época, ahora subrogado al catering. La empresa concesionaria despidió al administrador y el monitor responsable del resto decidió marcharse.

EL CANON

Todas las asociaciones de padres consultadas por El Salto Andalucía coinciden en quejarse de lo poco que se puntúa el mantenimiento de unas condiciones dignas para los trabajadores o el menú ecológico frente al ahorro de costes para la Administración. El canon de los contratos de comedores es una cantidad de lo cobrado por el menú que revierte en la propia Administración.

Daniel Lazo, jefe de administración del comedor del CEIP Europa, nos explica que es “imposible” competir con “ofertas temerarias” como las del catering Mediterránea, que con la puntuación actual arrebataría al AMPA la gestión del comedor de su centro. “Hemos intentado subir el canon, para nosotros supone dejar de cobrar 30.000 euros anuales de la Junta, pero para ellos 62.000. Eso es una barbaridad que solo puede devenir en un peor servicio de comedor”, considera. Ocurre lo mismo en el CEIP Madre de la Luz, donde la asociación de madres y padres solo puede llegar a un 5% frente al 18% de canon que ofrece la misma Mediterránea. “Es imposible competir, y al final es primar lo económico para la Administración frente al beneficio social o educativo”, lamentan.

Así se entiende la sorpresa de Mireia García, presidenta de la AMPA del CEIP Francisco de Goya, cuando leyó que se valoraba en 15 puntos el “compromiso de dar de alta a los trabajadores dos horas”. Esta madre se pregunta: “Pero, ¿no es una obligación? Hay empresas que cotizan a sus trabajadores por debajo de los diez minutos al día, nosotros los tenemos dados de alta incluso más tiempo. ¿No debería ser el mínimo y no un extra?”.

Dificultades parecidas lamentan en el CEIP La Chanca, del barrio del mismo nombre de Almería. Enriqueta Albacete, de la Asociación Cultural El Ancla, nos explica que en este caso no se trata de un AMPA, sino de una agrupación de madres, maestros y otros miembros de la comunidad educativa. “La cocina in situ la hicieron en 2003 alumnos de un curso de formación de albañilería por iniciativa de las asociaciones de vecinos, el pan se hace en un obrador del barrio a diario, el pescado fresco lo traen de la lonja, la carne se compra en la carnicería del barrio… La comida es casera manteniendo recetas típicas del barrio de pescadores”.

Todo eso no puntúa y “en nuestro barrio hay muchas necesidades y hay niños que la única comida equilibrada y completa que hacen es la que ingieren en el colegio”.

¿Y la gestión directa? La presidenta de CODAPA, tras defender las ventajas del modelo de gestión por parte de las AMPA, se moja al afirmar que “en realidad lo ideal sería por parte de Educación”, aunque se elija el modelo de gestión de los padres como el “menos malo” a la hora de externalizarlo. “El problema, claro, es la falta de personal de Educación en todos los ámbitos”. Actualmente, recordando los datos aportados por la consejera, en Andalucía quedan unos 600 comedores de gestión directa.

Pero en los mismos meses de abril y mayo en que saltaba la polémica por las pérdidas de concesión de las AMPA, los monitores de dichos comedores salían a la calle a protestar por sus derechos laborales. Desde CC OO se advierte de que los 427 monitores escolares a sueldo de la Junta “trabajan en condiciones precarias con contratos de 8, 12 o 20 horas, siempre son insuficientes mientras los colegios siguen reclamando personal; son en su mayoría mujeres a las que se precariza y cada verano se las envía al paro sin que la experiencia acumulada les contabilice de cara a la Administración”.

Mimbrero, el presidente del AMPA del Gómez Moreno, comenta que “asociaciones de otras provincias llevan años interesándose en cómo lo hacemos nosotros o los coles de Almería. Sabemos que en Granada hay tres comedores paralelos a los de los colegios, pero, aunque entendemos que existan, el modelo debería ser que estén en el propio cole y pueda tener acceso todo el mundo. No es una cuestión puntual tiene que ser un modelo general, ¿no?”.

UNA SOLUCIÓN MUNICIPAL

La representación legal de CODAPA explicó a El Salto Andalucía que la negociación para que las siete AMPA mantengan o recuperen la concesión pasa por un acuerdo a tres bandas que incluya a los ayuntamientos de Almería y Granada, los cuales ya se han mostrado a favor.

El giro que se busca es que Educación recupere la gestión directa, quitándole la cesión a APAE, que dejaría de tener que licitar los comedores. Luego la cedería a los ayuntamientos de Granada y Almería, y estos firmarían el convenio con las AMPA. Siempre según la representación de CODAPA, “se alegarían razones de utilidad pública”, pero “tienen que estudiarlo los técnicos de la Junta para que se ajuste a derecho”.

Así, no haría falta esperar a la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo pero no afecta a estos concursos porque comenzaron en febrero, ni a la de las directivas europeas que priman los convenios con este tipo de asociaciones. Es, claro, una solución pensada para estos siete centros en concreto.

La cuestión que quedaría pendiente, con las circunstancias que el caso pone sobre la mesa, es si permitirá un debate más amplio sobre el modelo de comedores en Andalucía, y por tanto el modelo educativo, de salud e incluso social, que puede quedar aplazado una vez más con un cierre en falso.

Jorge Mimbrero nos recuerda que por estos proyectos “hay gente que ha llorado. Y, como decía la canción de Barricada, cuando aprendes a llorar por algo, aprendes a defenderlo”.

Un centenar de personas se han concentrado este jueves a las puertas de la Bolsa de Madrid para denunciar la "violencia inmobiliaria" de fondos buitre como Blackstone. La protesta estaba convocada por colectivos de vivienda (la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas) y apoyada por la Federación de Estudiantes el mismo día que la cuarta socimi de Blackstone salía a bolsa.

Tras unos minutos en el exterior, cuatro de los activistas han entrado en el interior del parqué madrileño con dos grandes pancartas: "No son suicidios, son asesinatos" y "Santander y Blackstone, culpables". Según informan fuentes presentes, todos han sido desalojados de inmediato por el servicio de seguridad de la bolsa, que también ha avisado a la Policía. La concentración ha continuado tras este episodio en el exterior.

Los colectivos han recordado el caso del vecino de Cornellà que se lanzó por el balcón el día que Blackstone iba a desahuciarle hace apenas dos semanas. Los Mossos y la comitiva judicial estaban en la puerta de su vivienda de alquiler. "Responsabilizamos a estas socimis de cientos de desahucios. Les señalamos como culpables", denuncia Mercedes Revuelta, activista por el derecho a la vivienda. Fidere, la propietaria de las viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid vendió en 2013, es una de ellas. Depende del fondo buitre Blacktone y está dejando vacías las promociones de vivienda pública. Los inquilinos adjudicatarios por sorteo se están marchando, en su mayoría, porque no pueden asumir las subidas en los alquileres impuestas sin negociación por Fidere. (eldiario.es)

Yemen sufre la peor crisis humanitaria a la que asiste el mundo, según Naciones Unidas. Además de los 6.000 civiles asesinados (más de mil de ellos, niños), el bombardeo de la coalición que lidera Arabia Saudí sobre hospitales, mercados, escuelas e infraestructura civil ha provocado que unos 18 millones de personas necesiten ayuda humanitaria y una hambruna que afecta a otros siete millones. Esa situación no ha impedido que España firme un nuevo acuerdo de armas con la monarquía absolutista saudita. Pero sí frenó a Ignacio Robles.

Como miembro del cuerpo de bomberos de Bilbao, Robles (Bilbao, 1975) debe estar presentes durante el embarque de cargamentos peligrosos a través del puerto de la ciudad. Un buen día, en una de esos retenes de seguridad, Robles preguntó al responsable de carga del puerto por el contenido de los contenedores. Este, al contrario de lo que suelen hacer sus superiores, contestó: "Explosivos, proyectiles. Bombas". Destino: "Arabia Saudí". El bombero decidió que no participaría en ese tipo de envío. Avisó a sus superiores y cambió el puesto con un compañero. Asegura que no retrasó la labor del retén más de 15 minutos.

Robles también es activista y ha participado con Greenpeace en actos de denuncia sobre la exportación de armas a través del puerto de Bilbao. No obstante, no había ningún interés mediático en su acción. No ese 13 de marzo de 2017: "En ese momento decidí no participar, pero fue algo totalmente personal, no fue parte de mi activismo. Fue una reacción personal que no buscaba ningún tipo de repercusión mediática", explica.

"Es curioso porque toda mi vida de activista había intentado tener repercusión en los medios. Y justo el único día que hago algo que tenía ningún interés en tener repercusión, se consiguió que llegara a todos los medios de comunicación aunque fuera de rebote", revela. Los medios a veces tienen estas cosas. Un periodista se enteró antes que él de que se le había abierto un expediente por falta grave por "desobediencia", lo publicó en el diario de mayor tirada de Euskadi y al día siguiente varios telediarios contactaron con Robles para entrar en directo.

"¿Qué es lo que estaban intentando abriéndome expediente? Aplastar cualquier acción por parte de los bomberos que dificultara el tránsito de las bombas desde su fabricación hasta su llegada a Arabia Saudí. El problema es que calcularon mal las consecuencias. A los grandes medios estatales en España no les interesa en absoluto ni el tráfico de armas en Yemen ni nada parecido. Pero sí les pareció simpática la historia de un bombero que se había negado a hacer algo y que le habían abierto expediente", opina.

Esos medios se olvidaron rápidamente de él, pero el expediente quedó. A él, padre de familia y con dos hijos menores de cuatro años, la falta grave podía acarrearle de tres a seis años de suspensión de empleo y sueldo. "He estado un año peleando por esto. Ha sido duro pero hemos conseguido que se quede todo en una falta leve y por lo menos para mí no va a tener consecuencias. El hecho de que no supiera que no podía acogerme a la objeción de conciencia ha sido un eximente. Pero han dejado claro que si vuelve a pasar otra vez, a la persona que lo haga sí que va a tener unas consecuencias graves para él".

Robles ha participado en un acto en el Parlamento Europeo sobre la influencia de la industria de armamento en la UE. Contesta a las preguntas de eldiario.es para explicar ciertos puntos oscuros que rodearon la incoación de su expediente, como que el correo de denuncia se elevara dos semanas después de los hechos, o que la acusación fuera cambiando: "Al principio me acusaban de una desobediencia, y en cuanto se vio que no había tal desobediencia y que el tema se acababa, me acusaron de haber puesto en peligro a la gente, de causar una alteración en el orden del servicio… pero esas acusaciones llegaron después, no estaban en el documento de apertura del expediente", denuncia.

Para él, el intento de sanción obedece a un objetivo claro. "Lo que pasa es que esto estaba alrededor de la industria armamentística. El sector del armamento tiene un vínculo muy estrecho con la política, oponerse a la venta de armas tiene consecuencias", recuerda, citando al ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, que estuvo en la junta directiva de varias empresas de armas.

"Han conseguido meter el miedo en los bomberos para que a nadie se le ocurra hacer algo parecido. Es lo mismo que les ha pasado a los  tres bomberos andaluces a los que les pueden caer hasta diez años de prisión simplemente por rescatar a alguien que se estaba ahogando. También el caso de Proactiva Open Arms, que tiene su barco inmovilizado en Italia", enumera.

"Toda esta represión tiene un impacto muy fuerte en la gente que la recibe. En mi caso, yo he tenido momentos de ataques de ansiedad. En su momento llegué a parecer 10 kilos de peso por este problema. Mucho dinero mío personal, que me lo he tenido que gastar en contratar abogados. Es muy duro, pero también es verdad que si somos capaces de aguantar toda esta presión, en muchos casos nos da una repercusión mediática y un apoyo por parte de la sociedad que puede tener su utilidad", relata.

Instituciones como el Parlamento Europeo invitan a Ignacio a contar su caso, universidades, partidos, centros sociales le brindan un apoyo que, efectivamente, está dando sus frutos: "De momento, ya hemos conseguido ser muy incómodos. De hecho los últimos envíos ya no se están haciendo desde Bilbao, sino que desde puertos cercanos. También han empezado a utilizar otras navieras diferentes y no la naviera oficial de Arabia Saudí".

Ahora utilizan esos navíos utilizan puertos como el de Santander, pero  también allí reciben la repulsa social. Mientras el príncipe saudí que firma los próximos acuerdos de venta de armas es recibido con honores de Estado por el rey Felipe VI y Mariano Rajoy.

Ignacio se quita méritos. "En realidad nos estamos limitando a mandar un mensaje a gente, que desde nuestros puertos se están mandando decenas de miles de toneladas de bombas que se están usando para masacrar a la población civil. Nuestro mensaje es que eso a nosotros nos hace cómplices. Es un objetivo muy triste, porque resulta que esto ya está prohibido en la legislación internacional. No tendríamos que estar haciéndolo nosotros, pero cuando falla la política, a los movimientos sociales no nos queda otra cosa que reaccionar".